Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 9 de mayo de 2010

CHIAPAS

Perredistas no cumplen acuerdos signados, dicen

Indígenas de un grupo denominado Independiente de la comunidad San Isidro, municipio de Zinacantán, denunciaron que la actitud de un grupo de perredistas de negarse a cumplir los acuerdos internos ha causado un nuevo conflicto, por lo que piden la intervención de las autoridades estatales. Una comisión del grupo independiente explicó que a partir del año 2005 y 2006 se firmaron acuerdos entre las partes para una mejor convivencia entre los pobladores de San Isidro; sin embargo, desde hace tiempo el grupo de perredistas, de la misma localidad, no ha cumplido dichos acuerdos. Los miembros del grupo independiente dijeron que otra situación que ha generado este nuevo conflicto es que los perredistas quieren hacer sus propias celebraciones religiosas (católicas), cuando está estipulado en los acuerdos internos que ambos grupos deben participar en la organización de la misma. (Cuarto Poder)

ASUNTOS RELIGIOSOS

Son 9 católicos heridos por evangélicos en Chiapas

Las autoridades de la comunidad de San Gregorio, municipio de Huixtán, informaron que fueron nueve, tres más de los reportados inicialmente, los católicos heridos de bala por pobladores evangélicos a causa de diferencias, debido a que éstos últimos se niegan a cooperar para el mantenimiento del sistema de agua potable y para la celebración de fiestas religiosas. Cuatro esposas de evangélicos y cuatro menores que antes de la agresión habían viajado a la vecina comunidad de Puerto Rico fueron rescatados por personal de la Fiscalía Indígena cuando los católicos de San Gregorio pretendían hacerse justicia por su propia mano. (La Jornada, Reforma, Cuarto Poder, El Heraldo de Chiapas)

ASUNTOS INDÍGENAS

Critican diputados que Calderón visite a indígenas pobres, con zapatos de lujo

La asistencia del Presidente Felipe Calderón al pueblo de San Juan Chamula, donde se le observó junto a un candidato perredista de esa región chiapaneca, provocó enojo entre diputados federañes de PRD, PRI y PT, quienes identificaron el costoso calzado italiano (Salvatore Ferragamo) del mandatario en el acto celebrado en esa comunidad indígena. Sebastián Lerdo de Tejada, del PRI, presidente de la Comisión Especial de Gastos Fiscales de la Cámara de Diputados, manifestó: “grave es que se haya encomendado a Dios para que ilumine a los gobernantes. Respetando las creencias, más que estar buscando recomendaciones divinas, es mejor que se dedique a cumplir las promesas que ha hecho a sociedad y a dar respuestas concretas y ciertas, sobre todo en zonas de alta marginación, donde los contrastes no sólo se miran en los zapatos que calza (Calderón) y los huaraches del líder chamula, sino en el diseño de las políticas públicas, porque éstas profundizan la preocupante pobreza.” Porfirio Muñoz Ledo, del PT, señaló: “es una falsedad; el mundo de Calderón no tiene ninguna relación con el que vive la mayoría empobrecida de mexicanos. Es un hombre que no entiende a los ciudadanos. Para él sólo existen distancias máximas entre seres humanos. Mauricio Toledo, del PRD, sostuvo: “al comprar hoy el periódico me enervó lo que se presentó ante mis ojos. Ahí se manifestó el contraste de la realidad del país, ahí está la verdadera situación de nuestra atribulada patria: una clase enriquecida por el poder y, por otro lado, la gente que no tiene oportunidades, donde no existen políticas públicas para mitigar la pobreza. No hay compromiso social. ¡Se demuestra cómo vive el gobierno en la opulencia y cómo vive el país en la pobreza extrema!” (La Jornada)

Piden justicia para San Juan Copala ONG internacionales

Defensores internacionales de derechos humanos, participantes en el Foro Social Mundial, condenaron el asesinato de los activistas Beatriz Cariño Trujillo y Yvri Jaakkola, ocurrido durante una emboscada que un grupo paramilitar hizo contra una caravana de observación al municipio autónomo de San Juan Copala, y anunciaron que integrarán una misión civil para observar las elecciones del 4 de julio próximo y evitar más agresiones al pueblo. Juan Manuel Luke, miembro del Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social y la Democracia, de Andalucía, España, dijo que el Consejo Internacional del Foro Social Mundial presionará a los gobiernos estatal y federal para que asuman su responsabilidad con San Juan Copala y no queden impunes los asesinatos. (La Jornada)

A cuatro años de la agresión a atenquenses, siguen su lucha contra la impunidad

Las denuncias públicas nacionales e internacionales, movilizaciones sociales, e incluso resoluciones de organismos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han sido insuficientes para lograr el acceso a la justicia y castigo a los responsables de las violaciones a las garantías fundamentales de las mujeres agredidas de San Salvador Atenco. (La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

La cuestión indígena, irresuelta

En esta Editorial se menciona que “un día después de que en visita a San Juan Chamula el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, se proclamara amigo y hermano” de los tzotziles, y expresara ahí mismo su satisfacción por ‘estar trabajando por la gente más pobre’, el presidente de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, dio a conocer un dato conciso y exasperante: de los 14 millones de mexicanos indígenas, la mitad no comprende el español y, por ello, desconoce sus derechos, así como las condiciones para hacerlos efectivos. Un paso fundamental, si se quiere empezar a corregir esta situación, es la recuperación de los términos originales de la llamada Ley de Derechos y Cultura Indígenas redactada por la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión. (La Jornada. Se anexa)

Sobre tierras chiapanecas

En El Correo Electrónico, Gaspar Morquecho señala: “como la Rayuela me pregunto, ¿qué le dieron a Calderón en Chamula? Dan pena las plegarias del señor Calderón. Resulta que el dios que ilumina y protege a San Juan Chamula y al cual le pide que pueda iluminar a los gobernantes, es un dios que tiene una opción preferencial por los poderosos. Así, en Chamula, los caciques que mandan en ese pueblo son más ricos que los ricos de San Cristóbal de Las Casas; los usureros chamulas pueden cobrar, sólo de intereses, hasta 300 mil dólares al año, tienen bajo su control espacios simbólicos como el templo de San Juan, el comercio, el transporte. Ellos utilizan magistralmente las instituciones y… trafican con todo. El PRI ha gobernado históricamente. Ahí se nacía y moría priísta. De 1974 a 1996 los asesinatos y encarcelamientos injustos fueron frecuentes, se destruyeron viviendas y ermitas y se expulsó a unos 30 mil indios que poblaron buena parte del valle de San Cristóbal. El señor Calderón aparece junto al candidato perredista a la alcaldía. Como Sabines en el pasado, el candidato perredista hace unas semanas era priísta. Ejemplo de cómo la política que practican los partidos se parece más a una letrina. Los partidos le llaman alianzas. No queda de otra que invocar a otros dioses que nos protejan si el dios chamula ilumina a Calderón.” (La Jornada)

Diagnósticos

Luis Rubio menciona en su artículo que “Groucho Marx, el gran actor satírico, decía que ‘la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados’. La esencia de nuestra problemática gira en torno a un concepto: conflicto. El conflicto es inherente a cualquier sociedad. En cierta forma, ésa es la principal lección del levantamiento zapatista: el conflicto existe y va a aparecer de alguna forma; si no existen conductos institucionales para que se manifieste, aparecerá en otros menos deseables.” (Reforma)

TEXTOS

La cuestión indígena, irresuelta
Editorial/La Jornada

Un día después de que en visita a San Juan Chamula el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, se proclamara amigo y hermano” de los tzotziles, y expresara ahí mismo su satisfacción por “estar trabajando por la gente más pobre”, el presidente de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, dio a conocer un dato conciso y exasperante: de los 14 millones de mexicanos indígenas, la mitad no comprende el español y, por ello, desconoce sus derechos, así como las condiciones para hacerlos efectivos.

En materia de derechos indígenas, el contraste entre el discurso oficial y las lacerantes realidades sociales no requiere de mucha investigación para resaltar toda su crudeza: Teresa Alcántara Juan, Alberta González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, pertenecientes las tres a la etnia ñañu, fueron injustamente acusadas, en agosto de 2006, de secuestrar a varios policías de la extinta Agencia Federal de Investigación; Jacinta permaneció en prisión hasta septiembre de 2009, en tanto sus compañeras estuvieron recluidas hasta hace dos semanas.

Varios organismos humanitarios nacionales e internacionales documentaron no sólo el injustificable encarnizamiento de la Procuraduría General de la República contra las tres mujeres –el abogado de la nación pidió 40 años de cárcel para Alcántara Juan y González Cornelio–, sino también la aberrante actuación de los jueces Eduardo López y Rodolfo Pedraza Longhi, el primero por condenarlas a dos décadas de prisión, y el segundo por ratificar esa sentencia y convalidar las graves irregularidades del proceso. Entre las violaciones a los derechos de las indígenas encarceladas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enumeró la fabricación de testimonios, el uso de pruebas ilícitas para acusarlas y la imposibilidad, dada su condición de indígenas, de un proceso imparcial y una defensa adecuada.
Más aún, de acuerdo con los testimonios de las afectadas, el racismo de los policías desempeñó un papel fundamental para impulsar una acusación a todas luces inverosímil: el secuestro de seis agentes policiales por tres mujeres desarmadas.

El caso de las tres mujeres se volvió emblemático, dentro y fuera de México, de un universo de abusos y atropellos sistemáticos del poder público contra los indígenas, quienes, cuando deben relacionarse con instancias políticas formales, con frecuencia se ven imposibilitados de ejercer su plena ciudadanía.

Un paso fundamental, si se quiere empezar a corregir esta situación, es la recuperación de los términos originales de la llamada Ley de Derechos y Cultura Indígenas redactada por la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, un conjunto de reformas legales que resultó desvirtuado hace nueve años, cuando el Legislativo aprobó un remedo que dejó irresueltas algunas de las circunstancias legales que han hecho posible la marginación, la explotación y la discriminación de los pueblos indios por parte de la institucionalidad y de diversos sectores privados. El dato aportado ayer por el titular de la CNDH es un recordatorio de la pertinencia –por no decir la urgencia– de retomar el camino de las reformas constitucionales y legales que surgieron del diálogo en San Andrés Larráinzar entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Otra acción necesaria es el establecimiento de responsabilidades y de las sanciones correspondientes a los funcionarios públicos que atropellaron los derechos de Jacinta, Teresa y Alberta. En ausencia de medidas como las señaladas, las palabras oficiales de simpatía hacia los indígenas seguirán pareciendo, a ojos de la opinión pública, actos de simulación.

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