Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 3 de mayo de 2010

EZLN

Denuncian que habrá más desalojos en áreas zapatistas

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que La Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la esperanza, con sede en el caracol zapatista de La Realidad, denunció que el gobierno de Felipe Calderón “organiza nuevos desalojos en comunidades zapatistas, haciendo brecha que encierra la biosfera de Montes Azules”. Estos “son planes de las tres estancias del mal gobierno: municipal, estatal, federal”. (La Jornada, Cuarto Poder. Se anexa)

Anuncian indígenas zapatistas movilizaciones en el DF

Indígenas zapatistas anunciaron el inicio de movilizaciones para exigir la liberación de presos políticos, y en protesta por el ataque que sufrió una caravana de defensores de derechos humanos en Copala, Oaxaca. En conferencia de prensa realizada en la sede del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, dijeron que los días 3 y 4 de mayo realizarán una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, exigiendo la libertad de sus compañeras y compañeros. Anunciaron también que desde diversos estados también parten, este domingo, caravanas para establecer, durante dos días, un plantón en el zócalo capitalino, así también realizan acciones similares en plazas de diferentes lugares del país. Explicaron que han escogido estas fechas 'para no olvidar los crímenes, la tortura física, psicológica y sexual, que se cometieron en contra de nuestras compañeras y compañeros en Atenco en 2006 y que se cometen día con día a quienes siguen en las cárceles injustamente presos'. (Terra.com.mx)

Notifican nuevas órdenes de aprehensión a los atenquenses Del Valle, Álvarez y Galindo

Al cumplirse cuatro años de la represión y toma policial de San Salvador Atenco, estado de México, los tres dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, presos en el penal del Altiplano y sentenciados a 112 (el primero) y 67 años de prisión, respectivamente, fueron notificados de nuevas órdenes de aprehensión en su contra. Este domingo, en San Salvador Atenco, se iniciaron las actividades conmemorativas de la represión y la detención de los dirigentes, 12 de los cuales continúan presos: nueve se hallan en la cárcel de Molino de Flores y tres en el Altiplano. Por otra parte, la libertad de los presos de Atenco y otros recluidos por motivos políticos, son los motivos de la marcha que ayer por la tarde partió hacia la ciudad de México desde San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, integrada por 45 miembros de distintas organizaciones adherentes de la sexta Declaración de la Selva Lacandona. Los activistas instalarán un plantón de dos días en el Zócalo capitalino para exigir la liberación de 32 “presos políticos” recluidos en diversas cárceles. (La Jornada)

Logran en zonas indígenas administrar justicia con Juzgados de Paz

En zonas indígenas logran administrar justicia a través de los Juzgados de Paz, porque se recurre a la conciliación para solucionar problemas que podrían derivar en delito, afirma el Pasado Juez de Paz y Conciliación del municipio de Zinacantán, Manuel Pérez Sánchez. Así, recuerda que fue uno de los primeros jueces de paz y conciliación que existieron cuando la justicia tradicional se encontró con el derecho positivo. Expresa que como fruto de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados por el Gobierno Federal y el EZLN el 16 de febrero de 1996, surgieron los Juzgados de Paz y Conciliación, para atender el reclamo del reconocimiento de los usos y costumbres y de los valores culturales de los indígenas en materia de administración de justicia.(Milenio)

CHIAPAS

Nachig, a punto de un nuevo conflicto

Las autoridades municipales de Zinacantán estuvieron a punto de ocasionar un nuevo conflicto en la comunidad de Nachig al entregar a sus partidarios y no a las autoridades, juguetes destinados a los niños de ese paraje. Pobladores de Nachig explicaron que la decisión del Ayuntamiento provocó la retención por varias horas de un empleado municipal y de la camioneta que conducía, en la que había llevado los juguetes para los menores por celebrarse el Día del Niño. Agregaron que ello molestó a la mayoría de los habitantes porque la pretensión aparentemente era entregar los juguetes sólo a los niños del grupo partidario del Alcalde. (Cuarto Poder)

Chiapas: 4 mil indígenas dejan el PRD

Elio Henríquez escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que hasta 4 mil indígenas de San Juan Chamula desertaron del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en protesta por la “imposición” del alcalde priísta con licencia Domingo López González como candidato a diputado local por el distrito 22. Según líderes perredistas, el viernes, durante una junta en la comunidad de Bautista Chico, unos 300 representantes de 40 comunidades resolvieron en principio no presentar candidato a la presidencia municipal y después optaron por la renuncia colectiva. “No tenía caso participar porque López González y el dirigente estatal del PRD, Alejandro Gamboa López, impondrán a Ponciano Gómez Gómez como candidato a la alcaldía, luego de su derrota en el plebiscito del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del 11 de abril, que ganó su primo Dagoberto Hernández Gómez”, relató uno de los asistentes. Ante la imposición, Facundo Hernández, precandidato a la alcaldía y ex líder perredista local, decidió retirarse. “Que López González y Gamboa López elijan candidato. Nosotros nos haremos a un lado y luego decidiremos qué hacer, pero por ellos no vamos a votar”, dijo otro de los inconformes. (Cuarto Poder, La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Los derechos de las personas

José de Jesús Covarrubias Dueñas, Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señala que “en México, debemos resolver las asignaturas pendientes en la protección de los derechos de las personas, como lo es la protección de los derechos de las Comunidades Autóctonas o Preibéricas en México; para lo cual, el Senado de la República y la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), organizaron el foro sobre Los Acuerdos de San Andrés. Asignatura Pendiente. Respecto de nuestra participación, comentamos que dichos grupos ya tienen un nombre y que les da la identidad, como los Lacandones, que son los hijos del Sol; de aquí, que a partir de su cosmogonía y  con base en la metodología que nos proporciona la Nomología, es menester, estudiar sus valores, principios e intereses, así como sus costumbres, tradiciones y demás usos y prácticas, con el propósito de armonizar sus normas con las de nosotros para realizar un sincretismo jurídico en México y así poder lograr una eficacia jurídica en el país, lo cual no hemos logrado en 500 años. Por último, si los mexicanos somos discriminados en otros países y no nos gusta, no estamos de acuerdo porque se violan nuestros derechos como seres humanos de este planeta, entonces debemos empezar por respetar los derechos de los prójimos con los que cohabitamos, el buen juez, por su caso inicia.” (Informador-Jalisco)

Estado de cosas

Gustavo Esteva escribe en su artículo que “lo ocurrido en Oaxaca es insoportable. Refleja una nueva normalidad: la del estado de excepción no declarado en que vivimos. El territorio triqui ha estado en disputa desde hace muchos años. Esa resistencia, que ha ido tomando la forma de una lucha de liberación, condujo a la creación del municipio autónomo de San Juan Copala. Desde que nació, el empeño autonómico fue continuamente asediado y recibió permanentemente atención y cierta solidaridad. Ese sentido tenía la presencia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, que intentó celebrar en Copala la clausura de la campaña por la libertad de sus presos, el pasado 28 de noviembre. No consiguió hacerlo. La Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), que lo impidió entonces, que asaltó el palacio municipal el 10 de diciembre y tuvo que desalojarlo tres meses después, que sitió el municipio, mató a un niño y una anciana y acosó sin cesar a los autonomistas, es la misma organización cuyos grupos paramilitares asesinaron ahora a dos integrantes de la caravana de solidaridad que trataba de romper el cerco. El marco de referencia para entender este proceso es claro. A principios de 1994 salió de la zona triqui la primera carta en que un grupo indígena decía a los zapatistas que no estaban solos. El zapatismo se extendía. Unos meses después, para domesticar las luchas triquis, nació esta organización paramilitar, calificada por algunos como terrorista, cuyos vínculos con el Gobierno del Estado son ampliamente conocidos.” (La Jornada)

El derecho a la solidaridad

Hermann Bellinghausen señala en su artículo que “el ataque armado contra la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala el 27 de abril marca un hito preocupante, en particular en las tierras indígenas, a escala nacional. Entre el fragor de la guerra gubernamental contra el ‘crimen organizado’, los pueblos son ampliamente perseguidos. El asunto estaba ya en el aire. En días previos a la emboscada en Oaxaca, personas y organismos independientes que acompañan a las comunidades indígenas de Chiapas –entre ellos el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) y el Comité de Soutien aux Peuples du Chiapas en Lutte, de París– emitieron el pronunciamiento La solidaridad es nuestro derecho (11 de abril), suscrito por más de 400 personas de 24 países: ‘Denunciamos una campaña en México y en América Latina contra el derecho legítimo de cada persona a solidarizarse con los movimientos y procesos sociales que nos parecen pertinentes. Esta campaña busca estigmatizar, deslegitimar y finalmente criminalizar el hecho de ser solidarios con los movimientos sociales’. En respuesta a una serie de presuntas ‘revelaciones’ difundidas en ciertos medios en línea e impresos a finales de marzo, sobre personas y grupos solidarios con los pueblos zapatistas, el pronunciamiento internacional señala allí la ’distorsión total de relaciones solidarias de la sociedad civil con los pueblos’, ignorando que el movimiento zapatista, ‘por su causa justa, por saber escuchar a la sociedad civil, por su ética y por la dignidad de sus pueblos, desde 1994 despertó la simpatía y la solidaridad de cientos de miles de personas en México y el mundo’. La emboscada en Copala y la renovada hostilidad de los gobiernos de Oaxaca, Chiapas y Guerrero a la solidaridad civil, marcan un retroceso para nuestras garantías ciudadanas.” (La Jornada)

Indignación de migrantes por asesinato de activistas

En El Correo Ilustrado, Movimiento por la Justicia del Barrio, Nueva York informa que: “La gente sencilla y humilde del este de Harlem, Nueva York, estamos indignados por los ataques represivos que enfrentaron los compañeros atacados en Oaxaca. Nos llena profundamente de dolor y rabia saber que Beatriz Cariño Trujillo y Tyri Jaakkola fueron asesinados, y compañer@s de la Caravana de Apoyo y Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Copala fueron gravemente heridos. Como migrantes en el otro lado, estamos al tanto de lo que pasó y repudiamos la represión que enfrentaron. Sabemos de la represión que están enfrentando nuestros hermanos del Municipio Autonomo de San Juan Copala, y les queremos dejar saber que no están solos. Acá en Nueva York también somos adherentes a la otra campaña y admiramos su digna lucha. Desde El Barrio denunciamos y repudiamos los hechos del 27 de abril y lo que ha enfrentado el municipio autónomo. Hacemos responsables directos al grupo paramilitar Ubisort, al gobierno de México y en especial al corrupto gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que utiliza a grupos paramilitares para atacar a nuestro querido pueblo en lucha. Como parte de La otra campaña, sabemos que este último ataque es parte de la represión que enfrentan nuestros paisanos que luchan por la liberación de nuestro querido México. El sistema capitalista y la clase política con sus tres partidos políticos lo hacen con el objetivo de aplastar nuestra digna lucha. Sabemos muy bien que esta represión está ocurriendo en diferentes partes de México incluyendo hacia nuestros hermanos zapatistas en Chiapas y a nuestros compañeros de San Salvador Atenco. Compartimso estas palabras para dejarles saber que desde aquí en el este de Harlem los vamos a apoyar y haremos todo lo que sea necesario para que el día de mañana todos juntos podamos lograr nuestra liberación.” (La Jornada)

TEXTOS

Denuncian que habrá más desalojos en áreas zapatistas
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la esperanza, con sede en el caracol zapatista de La Realidad, denunció que el gobierno de Felipe Calderón “organiza nuevos desalojos en comunidades zapatistas, haciendo brecha que encierra la biosfera de Montes Azules”. Estos “son planes de las tres estancias del mal gobierno: municipal, estatal, federal”.

La JBG de la selva fronteriza señala “las agresiones del mal gobierno, y están siendo víctimas nuestras comunidades zapatistas”. Añade: “Nuestros compañeros y compañeras se encuentran viviendo tranquilamente en el lugar y espacio que les pertenece, cuando de repente el mal gobierno de Calderón empieza hacer una brecha encerrando la biosfera de Montes Azules, donde quedan comunidades nuestras dentro de la brecha”.

La autoridad autónoma apunta que estos “son planes para hacer desalojos en nuestras comunidades”. Explica: “Para nosotros la tierra es de quien la trabaja, por eso les ponemos a su conocimiento que, como EZLN, no permitiremos un desalojo más, no vamos a tolerar estas acciones y mucho menos nos vamos a dejar; vamos a defender nuestras tierras pase lo que pase, porque para nosotros la tierra no se renta, no se alquila y mucho menos la ponemos como un objeto de venta”.

Apenas el pasado 28 de abril, el delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Ricardo Alonso Frías, había anunciado que una “comisión interinstitucional” negociaba con “siete asentamientos, para lograr su reubicación mediante el diálogo, y dejen la superficie en la Comunidad Zona Lacandona y Reserva de la Biosfera Montes Azules”. Especificó para la agencia Notimex que estos poblados “suman menos de 3 mil hectáreas y son: Salvador Allende, Ranchería Corozal, San Gregorio, Nuevo Limar, Agua Dulce, Ojo de Agua La Pimienta y Nuevo Villaflores”.

Mencionó “entre las ofertas o propuestas” una “contraprestación, es decir, el otorgamiento de una ayuda económica para su salida del sitio”. Precisó que “la oferta ha cambiado a lo largo de los años, a partir de 2003, cuando salieron los primeros grupos; ahora está por arriba de los 200 mil pesos por familia”.

El 22 de enero pasado, bases de apoyo zapatistas fueron desalojadas por la fuerza, y la comunidad Laguna de San Pedro, también en Montes Azules, fue destruida. La JBG de La Garrucha denunció la participación “de policías estatales y federales, tropas del Ejército federal, funcionarios del gobierno (entre ellos el delegado de Profepa), camarógrafos y periodistas” (La Jornada, 31/1/10). Los funcionarios “platicaron” con los hombres y mujeres “mientras los policías quemaban las casas”.

Cómo es posible que “el mal gobierno habla de diálogo mientras sus policías y Ejército queman las pertenencias de los compañeros”, cuestionó la JBG. “Cómo es posible que el mal gobierno desaloja a los indígenas chiapanecos y mexicanos mientras la tierra la ocupa para la construcción de ecoturismo para otras naciones.” No obstante, Alonso Farías sostuvo el pasado miércoles que “la oferta es una salida digna y apegada a derecho”, y que “obviamente” se respetan las garantías “de cada familia y de cada poblado”.

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