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México, D.F, 31 de enero de 2010

EZLN

Zapatistas denuncian desalojo y destrucción de comunidad indígena

La Junta de Buen Gobierno (JBG) El camino del futuro, con sede en el caracol de La Garrucha, denunció este viernes el desalojo y destrucción de la comunidad indígena Laguna San Pedro, en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, el pasado 22 de enero. La intención gubernamental explícita es reforestar el área y establecer centros ecoturísticos privados en Montes Azules, dentro de la considerada reserva de la biosfera. (La Jornada. Se anexa)

CHIAPAS

Realizan bloqueo en ruta turística

Unos 500 indígenas católicos de la comunidad de Los Llanos, municipio de San Cristóbal de las Casas, bloquearon de las 09:00 a las 18:00 horas la carretera que comunica a esta ciudad con Palenque por donde está la principal ruta turística en Chiapas, para exigir la liberación del ex agente municipal Juan Gómez Díaz, detenido el jueves pasado acusado de haber ocasionado daños a propiedades de pobladores evangélicos. Armados con grandes palos, hombres, mujeres y niños cerraron el paso en la carretera a la altura del kilómetro 18, justo donde comienza la comunidad. En el bloqueo, los católicos afirmaron que Alfonso Díaz Jiménez, representante de los protestantes de esa localidad, "además de no cumplir con sus obligaciones como ejidatario se ha dedicado a saquear la madera del ejido, y a pesar de que se han presentado las pruebas a las autoridades estatales y federales, nada han hecho para detenerlo". Insistieron en que el conflicto entre católicos tradicionalistas y evangélicos de Los Llanos "no es religioso, sino agrario, pues ellos se niegan a pagar las cooperaciones y a hacer el trabajo comunitario, como limpiar caminos y pozos y hacer cercas". (Cuarto Poder)

Piden buscar solución al conflicto Los Llanos

El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNACh, exhortó a las partes en conflicto de la comunidad de Los Llanos, municipio de San Cristóbal de Las Casas, así como a las distintas iglesias, autoridades locales, municipales y estatales, ha encontrar una solución pronta de este problema. En su exhortación pública, el Centro señala que el conflicto iniciado varios meses atrás se ha intensificado hasta generar la destrucción de viviendas de cinco familias y su consecuente desarraigo de la comunidad. Por tanto, planteó que tanto el obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, como el pastor evangélico Esdras Alonso González, "deben incorporarse activamente en este proceso de búsqueda de soluciones en su aspecto religioso, que permita el ejercicio de las diferentes expresiones religiosas sin alterar la convivencia comunitaria". (Cuarto Poder)

De nuevo se suscitan los conflictos religiosos

Siete familias evangélicas de la comunidad de Shulvó, municipio de Zinacantán, que desde hace casi un año no cuentan con agua, luz y teléfono a causa de un conflicto religioso, se reunieron este sábado con autoridades del lugar y próximamente podrían llegar a un acuerdo para la reanudación de los servicios. Mariano Pérez Pérez, representante de los afectados, recordó que el ocho de febrero del año pasado, los católicos tradicionalistas suspendieron a los evangélicos los servicios de agua y energía eléctrica y dos líneas telefónicas, con el argumento de que los protestantes se niegan a desempeñar cargos comunitarios. Comentó que luego de la intervención de las autoridades estatales, se logró que una pipa les llevara agua desde la comunidad de Nachig, ubicada también en Zinacantán, misma que era pagada por el gobierno. Sin embargo, el pasado 11 de diciembre, los tradicionalistas amenazaron con quemar la pipa si continuaba dando el servicio a los evangélicos, por lo que suspendió la entrega del líquido, hasta la fecha. Mariano Pérez comentó que el acuerdo de que los evangélicos quedan exentos de pagar cooperaciones para fiestas religiosas ha sido aceptado con anterioridad por los tradicionalistas, y que lo que mantiene trabado el problema es lo relativo a los cargos comunitarios. "Lo que falta es acordar el rol de los trabajos comunitarios para que no se tome como una sanción, un castigo en contra de los evangélicos, sino que vaya el rol como debe de ser. Eso es lo que se está destrabando ahora", manifestó. (Cuarto Poder)

Suscribe Chiapas acuerdo con ONU para prevenir delito desde aulas

El Gobierno de Chiapas suscribió un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) a fin de recibir asesoría en materia de seguridad y programas preventivos para niños y jóvenes, incluyendo el tema de drogadicción, en los planes de estudio. A través de este acuerdo, la nueva agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aportará su asesoría para ofrecer mejores condiciones de desarrollo humano a las familias chiapanecas, a la vez de fortalecer las políticas públicas en el rubro. Luego de signar el convenio con el gobernador Juan Sabines Guerrero, Luigi Mazzitelli consideró, de acuerdo con un comunicado, que Chiapas tiene una clara visión sobre lo que significa ofrecer desarrollo a sus ciudadanos. "Chiapas es seguramente en América Latina el estado que más ha hecho para asegurar adentro de su propia Constitución, todo lo que son los derechos relacionados con el desarrollo y la inclusión de los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", señaló. (El Financiero)

ASUNTOS INDÍGENAS

El sistema de justicia discrimina a indígenas

En México hay una tendencia creciente a criminalizar a los indígenas y a usar el derecho penal para reprimirlos, alertan organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Los indígenas sometidos a un proceso penal enfrentan un sistema judicial que tiene “graves deficiencias”, pero que además los detiene, acusa y sentencia con un criterio discriminatorio y racista, coinciden la Organización de Estados Americanos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan, que señalan que los procesos que enfrentan están plagados de irregularidades: detención ilegal, fabricación de pruebas y falta de traductores. La Secretaría de Seguridad Pública federal reportó en noviembre pasado que en las cárceles mexicanas hay 8 mil 403 indígenas. De ellos 7 mil 530 son acusados de delitos del fuero común y 873 del federal, aunque la PGR dice que son más de mil. Mauricio Camacho, responsable de la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la PGR, explica que Coahuila es la única entidad que no tiene indígenas encarcelados por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Reconoce que los retos del sistema judicial son la asistencia de traductores en los procesos —hay 62 lenguas reconocidas y 364 variantes— y la observancia de usos y costumbres. (El Universal)

TEXTOS

Zapatistas denuncian desalojo y destrucción de comunidad indígena
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chis. 30 de enero. La junta de buen gobierno (JBG) El camino del futuro, con sede en el caracol de La Garrucha, denunció este viernes el desalojo y destrucción de la comunidad indígena Laguna San Pedro, en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, el pasado 22 de enero. La intención gubernamental explícita es reforestar el área y establecer centros ecoturísticos privados en Montes Azules, dentro de la considerada reserva de la biosfera.

Mientras ardían las casas de los indígenas, relata la JBG, los zapatistas fueron forzados a abordar helicópteros oficiales para ser trasladados a la ciudad de Palenque, donde pasaron hambre y frío en un albergue hasta que recibieron atención de organismos civiles independientes.

Como ha ocurrido anteriormente, el operativo fue precedido de una oportuna solicitud al respecto de las autoridades lacandonas asentadas en Lacanjá Chansayab, dueñas legales de 600 mil hectáreas de selva y habitual ariete para expulsar a los pobladores de Montes Azules.

Antes del desalojo fuerzas enviadas por “el mal gobierno federal, estatal perredista de Juan Sabines Guerrero y (el) presidente municipal (panista) de Ocosingo Carlos Leonel Solórzano realizaron un operativo (con) policías federales, acompañados por funcionarios de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa)”, quienes sobrevolaron con cuatro helicópteros el poblado Laguna San Pedro para causarle miedo a la población, relata la JBG.

Ésta señala que participaron en la acción policías estatales y federales, tropas del Ejército, funcionarios del gobierno, camarógrafos y periodistas. Una vez en tierra, los funcionarios platicaron con hombres y mujeres mientras los policías aprovechaban para quemar las casas de las bases de apoyo zapatistas.

Cómo es posible que el mal gobierno hable de diálogo mientras sus policías y Ejército queman las pertenecias de los compañeros, cuestiona la JBG desde el caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer. Cómo es posible que el mal gobierno desaloje a los indígenas chiapanecos y mexicanos mientras ocupa la tierra para la construcción de ecoturismo para otras naciones.

Cabe recordar que tras el desalojo el gobierno estatal anunció que en días próximos iba a desocupar seis poblados más, incluido el 6 de Octubre, también zapatista, además de Nuevo San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende, entre otras. Se sumarían a Suspiro, Buen Samaritano, Nuevo Salvador Allende y la mencionada Laguna San Pedro, que el gobierno llama San Pedro Guanil.

El ex gobernador panista de Yucatán Patricio Patrón Laviada, titular de la Profepa, visitó Chiapas en días pasados y acordó dichas acciones con el secretario de Gobierno de la entidad, Noé Castañón León, quien el martes 26 hizo público el acuerdo para reforestar y establecer un centro ecoturístico dentro de Montes Azules, se supone que a cargo de pobladores de Nueva Palestina, miembros secundarios de la denominada comunidad lacandona y responsables impunes de la masacre de Viejo Velasco Suárez en 2006, también en Montes Azules.

El desarrollo ecoturístico formaba parte de los proyectos de inversión del empresario Moisés Saba, fallecido semanas atrás en un accidente de helicóptero a las afueras de la ciudad de México. Otro proyecto suyo era la producción de biodisel en un millar de hectáreas de selva. Al parecer los proyectos siguen adelante, al menos por los gobiernos estatal y federal. Según Castañón León, se promoverá el uso sustentable de los recursos naturales con proyectos de desarrollo comunitario (para los lacandones y sus socios), educación ambiental y circuitos turísticos de la ruta maya.

La JBG acusa al gobierno de mentiroso y tramposo, que quema casas de los indígenas, mientras los periódicos hablan de la reubicación de los zapatistas de Laguna San Pedro, a quienes se les destruyeron sus viviendas, saquearon la tienda cooperativa y les ocasionaron pérdidas de árboles frutales, maíz, frijol, ropa y herramientas de trabajo. Los daños materiales ascienden a 585 mil pesos, además de las tierras, que como acostumbran decir los zapatistas no tienen precio.

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