Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 29 de abril de 2010

EZLN

"No podemos dejar un solo espacio de espaldas al pensamiento crítico"

Gabriel Caparó entrevistó al ensayista y político mexicano Gilberto López y Rivas, sobre su libro Antropología, etnomarxismo y compromiso social de los antropólogos (Ocean Sur, 2010). “Es una de las voces más autorizadas de México para tratar la problemática étnica, cuya solución, según advierte, ‘requiere de la acción política de los indígenas como sujetos históricos, como protagonistas políticos y constructores de su propio futuro’. Como ejemplo de ello, y a manera de parteaguas, destaca que ‘el EZLN, con su proyecto de autonomías, cerró el ciclo de la dependencia y el paternalismo, y con ello canceló toda relación de clientelismo y corporativismo que practicó el Estado mexicano’. (Rebelión. org. Se anexa)

SAN JUAN COPALA

Recrudece ataque el conflicto triqui

La disputa que enfrentan el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), por el control de San Juan Copala, se recrudeció con la emboscada  que se registró este martes contra activistas de la APPO, maestros e integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos extranjeras. Mientras que la dirigencia de la Sección 22 del SNTE responsabilizó ayer del ataque al UBISORT, los líderes de esa agrupación trique afirmaron que se trató de una “autoemboscada”. (Reforma)

La agresión es responsabilidad del Estado mexicano: Centro Las Casas

Hermann Bellinghausen escribe que al condenar la emboscada que sufrieron este martes los integrantes de la Caravana de Apoyo y Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, en la cual perdieron la vida dos adherentes de la otra campaña del EZLN, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) declaró en Chiapas que el ataque “es responsabilidad del Estado mexicano. (La Jornada, Cuarto Poder, Reforma. Se anexa)

Desaparecidos, varios de los emboscados en Copala

La Agencia Estatal de Investigaciones en Oaxaca (AEI) recogió los cadáveres del finlandés Tyri Antero Jaakkola y de la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo, miembros de la caravana civil internacional que se dirigía a San Juan Copala y que fue atacada a balazos por un grupo de paramilitares pertenecientes a la organización priísta Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort). Sin embargo, la policía sigue sin poder localizar a varias personas que están desaparecidas, entre ellas varios europeos –se cree que corrieron al monte tratando de protegerse de los disparos–, porque el grupo paramilitar que controla la zona sólo le permitió el acceso por algunas horas. Los policías dijeron a Miguel Badillo, director de la revista Contralínea –quien se encuentra en las inmediaciones de San Juan Copala buscando a los dos reporteros de esa publicación que están desaparecidos–, que el grupo paramilitar amenazó con “atacarlos” si no se retiraban del lugar. Ofrecieron que este jueves, “con la luz de día”, volverán a incursionar en el monte, previo acuerdo de tregua con el grupo armado. (La Jornada)

CHIAPAS

Negocian desalojo de siete poblados en la Lacandona

Los Gobiernos Federal y del Estado de Chiapas iniciaron negociaciones con siete asentamientos humanos ubicados en la zona de la Lacandona y de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, con la finalidad de lograr una reubicación por la vía de la negociación. El delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Ricardo Alonso Frías López, afirmó que existe voluntad y compromiso de las autoridades de llegar a acuerdos con la intención de proteger los recursos de la región. Las comunidades "Salvador Allende", Ranchería Corozal, San Gregorio, Nuevo Limar, Agua Dulce, Ojo de Agua La Pimienta y Nuevo Villaflores, ocupan por lo menos tres mil hectáreas en forma ilegal, ante lo cual se busca llegar a acuerdos permanentes, duraderos y en beneficio de todos, no imponer soluciones. Aclaró que estos son asentamientos que ya llevan años y no se permitirán nuevas invasiones en esa zona, aunque "lamentablemente siempre ha existido la idea de que si se meten el gobierno les dará dinero para que se salgan". En esos casos, aclaró, no habrá negociación y se procederá legalmente para proceder a la desocupación de las áreas que sean invadidas, estableciendo que "ha habido intentos de posesionarse de diversas áreas pero han sido desalentadas mediante el diálogo". (Cuarto Poder)

Funcionarios son recibidos a balazos

Talamontes no identificados impidieron a balazos que funcionarios estatales y federales, que eran acompañados por agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), aseguraran una importante cantidad de madera talada ilegalmente en la comunidad denominada Soledad de los Ceresos, municipio de San Cristóbal de las Casas, informaron fuentes gubernamentales. Dijeron que los hechos ocurrieron este miércoles, luego de que fiscales del Ministerio Público dieron fe en el sitio donde en los días recientes han sido talados decenas de árboles. "Más de 60 rollos contaron los funcionarios que acudieron al lugar", aseguró la fuente, al tiempo de indicar que una vez que se dio fe ministerial de la madera encontrada, se pidió el envío de seis camiones de tres toneladas cada uno para transportarla. Sin embargo, cuando iban ingresando las unidades con el personal que participaba en el "operativo" fue recibido a balazos, presuntamente de grueso calibre. (Cuarto Poder)

Posponen la solución al problema de evangélicos

Debido a que los católicos de la comunidad Shulvó, Municipio de Zinacantán, están ocupados en la preparación de las fiestas con motivo del Día de la Santa Cruz, las autoridades estatales acordaron posponer la reunión en la que se esperaba se encontrara una solución al problema de ocho familias evangélicas que desde hace tres meses y medio están en plantón frente al Palacio de Justicia de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. (Cuarto Poder)

Organizaciones forman alianza para solucionar un conflicto

Un problema latente entre transportistas que lleva varios meses sin resolver en Comitán, podría terminar en un enfrentamiento como el que ocurrió en Frontera Comalapa y Las Margaritas, advirtió la alianza de cinco organizaciones. El transporte organizado que se encuentra adherido a las organizaciones: FECOES, OCEZ-CNPA-Coaech, OCC, AMOTAC y CIOAC-Democrática, amenazaron llegar hasta las últimas consecuencias, luego de que autoridades como Daniel Sánchez, coordinador de Transporte Municipal y líder de la TURCOM, continúa hostigando a los trabajadores del volante. (Cuarto Poder)

ELECCIONES CHIAPAS

En elección interna están sólo autoridades y comités

Pese a la oposición de importantes sectores priístas del municipio indígena de Oxchuc, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió realizar una elección interna del candidato a la Alcaldía, sólo con la participación de autoridades comunitarias y comités de educación. Edgar Rosales Acuña, representante del PRI en la Región Altos, informó que por los hechos ocurridos el pasado 13 de abril en que muriera un indígena priísta, la Comisión de Procesos Internos determinó que en el plebiscito, que se realizará el 29 de abril en la cabecera municipal, participen sólo autoridades comunitarias y comités de educación del municipio de Oxchuc. "No se le va a cerrar el paso a ninguno de los siete precandidatos y el PRI va a ser respetuoso de la decisión de los priístas; a pesar de la tragedia vivida hace unos días, vamos a salir con un candidato fuerte", señaló. (Cuarto Poder)

Más problemas en Tenejapa

Pero no sólo en Oxchuc, San Juan Chamula o Chanal hay conflictos electorales, en Tenejapa el Comité Ejecutivo Municipal del PRD exigió al dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Gamboa López, reconozca al candidato perredista a la Alcaldía, Diego Jiménez Méndez, ya que fue electo por representantes de bases, por militantes y seguidores del PRD. (Cuarto Poder)

PRI buscará nuevo gallo para comicios

Como reguero de pólvora corrieron entre los priístas coletos de San Cristóbal de las Casas, las versiones de que los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) andan buscando a un precandidato a la Alcaldía, porque al parecer Víctor Ramos Herrera "ya no iría". Según fuentes del tricolor, del domingo pasado para acá "las cosas han cambiado" y tanto la dirigencia nacional como la estatal analizarían la posibilidad de sustituir a Ramos Herrera, a quien ya se daba como seguro abanderado a la Presidencia Municipal. (Cuarto Poder)

ASUNTOS INDÍGENAS

Libres, las otomíes acusadas de haber secuestrado a 6 afis

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inocentes a las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio de los cargos que les imputó la Procuraduría General de la República (PGR), y ordenó su inmediata liberación. Los cinco ministros de la primera sala coincidieron en que hubo una “desafortunada injusticia” y “diversas violaciones procesales” en el juicio contra las indígenas. Alberta y Teresa fueron excarceladas a las 18 horas del penal femenil de San José El Alto, Querétaro, luego que cuatro horas antes la Corte revocó la condena de 21 años de prisión impuesta en febrero pasado por el juez cuarto de distrito en esa entidad, Rodolfo Pedraza Longi. Por unanimidad de cinco votos, la SCJN determinó que no se acreditó siquiera que hubo secuestro, pues los seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) que acusaron a las dos indígenas de ese delito incurrieron en infinidad de contradicciones, además de que la PGR no aportó evidencia adicional que demostrara la participación de las acusadas en el supuesto plagio. (La Jornada, Reforma Excélsior, El Universal, El Heraldo de Chiapas)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Regular la intervención militar

Leo Zuckermann escribe en su columna Juegos de Poder que “toda democracia implica algún control al Mandatario en el delicadísimo tema de la movilización de las Fuerzas Armadas. Se trata de un asunto que apenas se está discutiendo en México. En el pasado autoritario, nadie dudaba de la facultad del Presidente para movilizar a los militares a fin de resolver algún problema que el mandatario consideraba que ponía en peligro al Estado. Díaz Ordaz lo usó para reprimir al movimiento estudiantil en 1968. Echeverría y López Portillo para combatir las guerrillas de los años setenta. Salinas para sofocar la rebelión zapatista en Chiapas. Tengo dudas, sin embargo, de la prohibición de utilizar a los militares ‘para socavar movimientos sociales o conflictos con un origen político’. Imaginemos, por ejemplo, ¿qué hubiera hecho el presidente Salinas de haber existido esta restricción cuando los zapatistas se levantaron en armas en enero de 1994? ¿Acaso Marcos y compañía hubieran podido marchar hasta la Ciudad de México sin que nadie les ofreciera resistencia?” (Excélsior)

Un error políticamente correcto

Jorge Fernández Menéndez menciona en su columna Razones que “creo que el Senado ha ganado un tema en la opinión pública, al impulsar una iniciativa que, en la percepción de la clase política y de los medios, se percibe como un acierto cuando en realidad es un grave error. Me refiero a la Ley de Seguridad Nacional aprobada en la Cámara alta el martes y que habrá que ver si hoy puede salir en la Cámara de Diputados. Es verdad: con las nuevas disposiciones, se le quita al Presidente de la República la posibilidad de implantar el estado de excepción o suspender garantías individuales; se colocan candados de todo tipo para acotar la presencia militar; incluso se establece que el Ejército no puede ser utilizado para reprimir movimientos sociales. Es una ley políticamente correcta, pero será un desastre en términos operativos, porque no está basada en nuestra realidad. Primero, con esta ley, en los hechos se quita al Ejército de las labores de seguridad pública. Perfecto. ¿Por quién será reemplazado? Porque el Ejército no está ahí por el capricho de algún político: en los hechos cumple esas funciones por lo menos desde 1994, así que la presencia militar en seguridad pública no es algo que haya comenzado con la administración de Calderón. Otro punto, si se respeta la letra de la ley, el Ejército no hubiera podido intervenir en Chiapas en 1994 o en Oaxaca en 1996 ni tampoco enfrentar hoy a grupos armados si éstos son entendidos como movimientos sociales. ¿Realmente pensaron los legisladores las consecuencias de haber establecido esos candados?” (Excelsior)

Oaxaca, alternancia o insurgencia

Alberto Aguirre M. señala en su artículo que “al canto de unos pájaros sigue un ensamble de voces y percusiones. Pero no es la Selva Lacandona, sino un bosque de la Sierra Madre del Sur de Oaxaca, donde una ‘comisión de seguridad’ de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo muestra su disciplina castrense y su poderío de fuego con música de fondo. El video muestra, sin mayor camuflaje que los paliacates con los que cubren sus rostros, a cinco milicianos –dos de ellos llevan fusiles AR-15, nuevecitos, y el resto, pistolas escuadra– que dan cobertura al mayor Salvador, quien recibió al periodista Octavio Vélez Ascencio en su territorio, para transmitirle un mensaje: la guerrilla no boicoteará los comicios. Las FARP decidieron mostrar otro rostro, sin desmontar los rifles; observar el desarrollo del proceso político, antes de establecer una ruta de acción en este año crítico, por la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. ‘Una insurrección se puede dar, sí, pero no por las conmemoraciones’, explicó el vocero de la guerrilla oaxaqueña, ‘sino por el incremento de la marginación y pobreza en México, así como la represión al pueblo y a los movimientos sociales’. Antes de este acto propagandístico, las FARP y el Ejército Popular Revolucionario, tuvieron acciones mediáticas. Hay un denominador común en estas apariciones públicas: la exigencia al gobierno calderonista de frenar la militarización del país y la criminalización de la disidencia. No obstante el mensaje amigable de las FARP, Oaxaca está al borde del estallido. Antier, en un incidente por demás perturbador, una “caravana por la paz” fue emboscada en el paraje Los Pinos de la comunidad de La Sabana, perteneciente San Juan Copala, en la sierra mixteca. Hoy, la nota debía ser el registro de Eviel Pérez como candidato, ante las autoridades electorales de Oaxaca. En cambio, con el incidente de San Juan Copala da inicio al proceso electoral con una tácita declaración de armisticio de la guerrilla eperrista.” (El Economista)

TEXTOS

La agresión es responsabilidad del Estado mexicano: Centro Las Casas
Hermann Bellinghausen/La Jornada

Al condenar la emboscada que sufrieron este martes los integrantes de la Caravana de Apoyo y Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, en la cual perdieron la vida dos adherentes de la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) declaró en Chiapas que el ataque “es responsabilidad del Estado mexicano, por no cumplir con sus obligaciones de prevenir y proteger el derecho a la vida al no brindar la protección adecuada y al no generar las condiciones para erradicar las agresiones por parte de agentes estatales o de particulares en contra de los defensores de derechos humanos”.

El Centro Las Casas exige “una investigación exhaustiva, eficaz e imparcial, castigando a las autoridades responsables por acción u omisión en estos actos”, así como a los autores materiales del atentado, identificados como miembros del grupo priísta “de corte paramilitar” Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort).

Antes de la emboscada, que es el ataque paramilitar más grave desde la masacre de Acteal en 1997, el dirigente de Ubisort, Rufino Juárez, había anunciado en conferencia de prensa y declaraciones a una radiodifusora comercial, que sus huestes impedirían el tránsito de la caravana. Ninguna autoridad evitó el ataque. Este miércoles, sin embargo, Ubisort negó su responsabilidad, demandó la presencia del Ejército federal y aseguró que habría sido un “autoatentado” del propio municipio autónomo, cuyos miembros “buscaron la manera de ser mártires para llamar la atención de la sociedad”. Similar argumento usaron las autoridades oaxaqueñas hace tres años para desvirtuar el asesinato del periodista estadunidense Brad Will.

El CDHFBC señala que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías de que gocen los defensores para desplegar libremente sus actividades”, y que es conveniente “prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen” su trabajo.

A su vez, Enlace Zapatista, el portal electrónico que difunde las informaciones del movimiento del EZLN de Chiapas y de la otra campaña, reivindicó a los dos activistas fallecidos como adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona. Se trata de Beatriz Alberta Cariño Trujillo, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Tyri Antero Jaakkola, originario de Finlandia, adherente de la Zezta Internacional y colaborador desde hace tres meses del colectivo, también de la otra campaña nacional, Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL).

El CDHFBC destaca que “la caravana se dirigía a San Juan Copala para dar cobertura a maestros que regresaban a impartir clases, llevar alimentos a la población, cercada por el grupo paramilitar Ubisort, y documentar violaciones a los derechos humanos que sufren las comunidades”.

Exige al gobierno de México “garantizar medidas precautorias para proteger la vida, la integridad y seguridad” de los integrantes de la caravana; demanda “acciones urgentes para dar con el paradero de las personas heridas o desaparecidas”, y poner fin “al cerco armado que vive el municipio”.

"No podemos dejar un solo espacio de espaldas al pensamiento crítico"
Gabriel Caparó/www.oceansur.com/Rebelión.org

Hace pocas semanas alcancé a ver la película Avatar. No pudo ser en mejor momento, pues justamente leía el más reciente libro del antropólogo, ensayista y político mexicano Gilberto López y Rivas, editado por Ocean Sur. Las coincidencias me resultaron tan estremecedoras que no esperé a que terminara el filme: busqué el libro y en efecto, las prácticas de antropología mercenaria que se naturalizaban en la pantalla, estaban perfectamente diseccionadas en aquellas páginas, no solo como un impactante complemento, sino —sobre todo— como una atronadora denuncia.

A propósito de la presentación de este volumen, titulado Antropología, etnomarxismo y compromiso social de los antropólogos (Ocean Sur, 2010), su autor accedió a conversar sobre varios de los temas que aborda en el texto, desde su experiencia como uno de los más acuciosos investigadores y antropólogos de América Latina.

Casi como un redundante comentario, mientras recuerdo a Jake —protagonista de Avatar— sumergiéndose en la comunidad nativa próxima a ser arrasada, Gilberto López y Rivas recuerda que: «[…] cada una de las brigadas de combate en Irak y Afganistán cuenta con antropólogos que hacen labores relacionadas con la inteligencia a partir del estudio de la cultura de los pueblos invadidos y ocupados». Asimismo, advierte que también «en América Latina se ha practicado una ciencia social al servicio de los mecanismos de dominación».

Es autor de libros como Nicaragua: autonomía y revolución (1986) —Gilberto participó en la Cruzada Nacional de Alfabetización en 1980 y asesoró al Gobierno de Nicaragua en Cuestión Indígena y Autonomía de 1980 a 1990—, El debate de la nación: cuestión nacional, racismo y autonomía (1992), Autonomías indígenas en América Latina: nuevas formas de convivencia política (México: Plaza y Valdés, 2005) y La guerra del 47 y la resistencia popular a la ocupación: México 1847 (Ocean Sur, 2009), entre muchos otros.

El politólogo cubano Roberto Regalado, coordinador de la colección Contexto Latinoamericano —a la que pertenece el libro Antropología, etnomarxismo y compromiso social de los antropólogos—, declaró a propósito de esta entrevista que en López y Rivas «se sintetizan el antropólogo y el marxista» y en sus textos «se abrazan la intransigencia y la rebeldía para dar paso a un discurso liberador».

Gilberto López y Rivas ha desarrollado una activa vida política, en la cual se destacan su participación en el movimiento estudiantil de 1968 y su elección como jefe del Gobierno del Distrito Federal en la Delegación Tlalpan, en el período 2000-2003. Se ha desempeñado como diputado federal de la LIV y LVII Legislaturas del Congreso de la Unión. En 1987 se le otorgó la Medalla Roque Dalton.

El también destacado profesor de generaciones de antropólogos mexicanos integró la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), creada a raíz del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del cual fue asesor durante las Mesas de Derechos y Cultura Indígenas que llevaron a la firma de los Acuerdos de San Andrés.

Es una de las voces más autorizadas de México para tratar la problemática étnica, cuya solución, según advierte, «requiere de la acción política de los indígenas como sujetos históricos, como protagonistas políticos y constructores de su propio futuro». Como ejemplo de ello, y a manera de parteaguas, destaca que «el EZLN, con su proyecto de autonomías, cerró el ciclo de la dependencia y el paternalismo, y con ello canceló toda relación de clientelismo y corporativismo que practicó el Estado mexicano».

Con respecto al proceso de construcción autonómica que desarrollan las comunidades zapatistas, considera que «ha sido una experiencia notable, una verdadera universidad en la que miles de personas aprenden a gobernar desde la práctica de una democracia directa y participativa».

En aras de adelantar a los lectores un término esencial en su libro, ¿qué es el etnomarxismo?

—El etnomarxismo es una corriente que surge en los años sesenta en la antropología mexicana, como un esfuerzo crítico de entender la problemática de las etnias, grupos étnicos o pueblos que se presenta en nuestra realidad latinoamericana de naciones integradas desde la diversidad cultural y lingüística, pero hegemonizadas por clases dominantes que niegan esa diversidad e imponen sus patrones culturales, asimilando y diferenciando, según sus necesidades económicas y políticas. El etnomarxismo pretende colorear la matriz clasista, articulándola a los factores étnico-culturales y nacionales, y distinguiendo la especificidad de las etnias o pueblos indígenas, a la par que se critica los reduccionismos economicistas, por un lado, y los reduccionismos etnicistas o esencialistas, por el otro. Reconocemos los aportes tempranos de Mariátegui en esta dirección.

¿Cuáles son las urgencias contemporáneas que pueden encontrar respuesta en el etnomarxismo?

—Los movimientos contemporáneos de los pueblos indígenas en México, Guatemala, Bolivia, Ecuador —por mencionar algunos países donde mantienen una actividad notable— tienen una importancia fundamental en los procesos de democratización y liberación de América Latina. La rebelión zapatista en particular obliga al Estado mexicano a sentarse en una mesa de negociaciones y firmar los Acuerdos de San Andrés, pero también plantea un reto para los científicos sociales marxistas que sostenían perspectivas eurocéntricas acerca de la comunidad indígena y en torno a los movimientos políticos de los pueblos indígenas.

»El etnomarxismo representa un esfuerzo por entender al otro, a partir de sus propios planteamientos que se expresan sobre todo en la comunalidad y en la práctica de la autonomía. Como todo concepto, la autonomía indígena contemporánea debe ser comprendida en su contexto histórico: la lucha de los pueblos originarios por conservar y fortalecer su integridad territorial y cultu ral a través de autogobiernos que practican la democracia participativa y enfrentan, con una estrategia antisistémica, la rapacidad y violencia del sistema capitalista en su actual fase de transnacionalización neoliberal.

»Insistimos en el carácter dinámico y transformador de las autonomías, que para ser tales, modifican a los mismos actores y en todas las dimensiones: las relaciones entre géneros, entre generaciones, promoviendo en este caso el protagonismo de mujeres y jóvenes; democratizado las sociedades indígenas, politizando sus estructuras socio-culturales, innovando en formas de comunicación».

«NECESARIAMENTE ANTICAPITALISTA»

Por su pertinencia como análisis y como denuncia, ante un panorama de militarización y paramilitarización que no parece abandonar el continente, ¿puede detallar las prácticas actuales de la contrainsurgencia?

—La contrainsurgencia hoy en día se enmarca en los aprendizajes que los estrategas militares estadounidenses hacen de su derrota en Vietnam y de las experiencias adquiridas en Irak y Afganistán durante estos años de guerra de ocupación y resistencia patriótica, así como de los años de guerra contrainsurgente en Guatemala y Colombia, principalmente. Se le da una importancia notable a las tareas de inteligencia, integración de grupos paramilitares entre la propia población indígena, uso del sicariato del narco para golpear a las organizaciones populares, activistas y población local sobre la base del terror de Estado. La criminalización de los movimientos populares juega también un papel importante.

»En México, el paramilitarismo no solo no ha desaparecido sino que ha incrementado y variado sus acciones contrainsurgentes en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, principalmente, ahora con la utilización de las estructuras del narco y siguiendo la pauta de la política de Álvaro Uribe en Colombia. Existe un elemento crucial a la estrategia contrainsurgente en el caso de Chiapas: la utilización de grupos paramilitares propios de la comunidades indígenas que son utilizados para llevar a cabo tareas de guerra sucia que el ejército prefiere no realizar directamente.

»Esta fue una táctica también utilizada en Guatemala, aunque en este caso el ejército directamente jugó el papel fundamental en el genocidio contra la población indígena. En este conflicto guatemalteco, agudizado en los años sesenta, encontramos lo que podría ser el taller de la paramilitarización y militarización en Centroamérica. Grupos de ultraderecha que se mostraban como autónomos pero adscritos a la sección de inteligencia del ejército guatemalteco, patrullas de autodefensa civil que en principio fueron reclutadas por el ejército en forma forzosa y desempeñaron un papel en las masacres y en el control militar de las comunidades, prácticas de tierra arrasada durante el gobierno de Efraín Ríos Mont, en la década de los ochenta —que eran no otra cosa que el bombardeo a las comunidades con la población adentro—, son muestras de una experiencia que, a lo largo de treinta y seis años, dejó 100 mil muertos, 40 mil desaparecidos, 50 mil refugiados en el extranjero, un millón de desplazados a otros puntos del país, 600 matanzas colectivas y una experiencia acumulada de represión, que hoy está trascendiendo las fronteras de Guatemala, la de los kaibiles, que adiestran a la fuerza armada mexicana.

»Podemos afirmar que el vínculo estatal otorga un elemento fundamental para una definición útil de los grupos paramilitares que son aquellos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que eso implique que reconozcan su existencia como parte del monopolio de la violencia estatal. Los grupos paramilitares son ilegales e impunes porque así conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste entonces en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultación del origen de esa violencia».[1]

En el libro, usted destaca la presencia del etnomarxismo “en procesos históricos” de las décadas de los 80 y los 90. ¿Dónde podemos localizar dicha presencia en la primera década del siglo XXI?

—Lo ocurrido en América Latina en los últimos diez años ha reforzado las posiciones etnomarxistas, particularmente por la importancia que han adquirido los procesos autonómicos de los pueblos indígenas en países como México, Nicaragua, Panamá, etcétera, procesos que siempre hemos apoyado y acompañado; pero también, por las dimensiones que adquieren las movilizaciones indígenas en Bolivia y Ecuador, por ejemplo, que son capaces de cambiar el rumbo político de esos países, e incluso, llevar a un indígena a la presidencia de la república durante dos períodos.

Su libro enfatiza en la nación “como espacio de las luchas de resistencia y liberación social”, pero América Latina es testigo de escenarios de autonomías donde ya la cuestión es plurinacional. ¿Complica esto el estudio de lo étnico?

—La cuestión nacional comprende tres procesos íntimamente interrelacionados: la composición étnica de la nación, su plurietnicidad que se expresa en múltiples formas lingüísticas y culturales; la composición de las clases y las relaciones y acumulaciones de fuerzas sociales en la lucha por la hegemonía; y las relaciones y articulaciones de la nación con las formas de dominación imperialistas. En este marco, las autonomías expresan luchas de resistencia antisistémicas que pueden coadyuvar a la lucha general de todos los explotados y oprimidos. La cuestión étnica deviene en parte constitutiva de la cuestión nacional y, en consecuencia, las etnias o pueblos indígenas resisten un proyecto nacional hegemónico que sólo puede ser confrontado exitosamente con un proyecto nacional contrahegemónico alternativo.

¿Cuál debería ser ese proyecto contrahegemónico alternativo?

—Como marxista, parto de la idea de que el proyecto contrahegemónico debe ser necesariamente anticapitalista. El capitalismo no tiene rostro humano ni puede ser reformado en beneficio de los oprimidos. Todos los cambios que ha sufrido han sido para lograr procesos de acumulación y formas de dominación útiles a la reproducción del capital. También, el proyecto alternativo debe desarrollar algún tipo de socialismo a partir de una perspectiva autocrítica de los que dejó la experiencia traumática del socialismo en la URSS y Europa del Este. Ahí es donde entran las enseñanzas de Rosa Luxemburgo sobre formas de gobierno consejistas que semejan a las Juntas de Buen Gobierno zapatistas y otras formas de democracia directa y participativa que debieran ser esencia del socialismo del futuro.

Es particularmente estremecedora su denuncia de las prácticas de «antropología mercenaria». Para diseccionarlas críticamente —aunque ya la película Avatar nos ha dado una buena pista—, ¿podría explicar en qué consisten tales prácticas?

—Las relaciones de la antropología con los afanes contrainsurgentes en la época contemporánea se inician desde la segunda guerra mundial, en la que algunos connotados antropólogos estadounidenses colaboraron en lo que fue el antecedente de la Agencia Central de Inteligencia. A partir de 1947, que se crea la CIA, la colaboración de los antropólogos fue una extensión “natural” de los esfuerzos de Estados Unidos por prevalecer como la potencia imperialista hegemónica.

»Actualmente, como se describe en el libro, cada una de las brigadas de combate en Irak y Afganistán cuenta con antropólogos que hacen labores relacionadas con la inteligencia a partir del estudio de la cultura de los pueblos invadidos y ocupados. También en América Latina se ha practicado una ciencia social al servicio de los mecanismos de dominación que en terreno de lo étnico se expresó en el indigenismo: esa política de Estado para con los indígenas que se presenta antitética a la autonomía y los autogobiernos».

¿Cree que el pensamiento contrahegemónico crece en la apropiación de espacios de resistencia mediática o, por el contrario, pierde terreno?

—La lucha por los espacios en la prensa escrita, medios masivos de comunicación de todo tipo, academia, etcétera, es permanente y decisiva; no podemos dejar uno solo de ellos de espaldas al pensamiento crítico. La batalla de ideas debe ser permanente y sin cuartel, pero la peor de las actitudes es considerar que el imperialismo y los grupos de poder son invencibles y todopoderosos; por ello, debemos dar esa batalla irrenunciable.

UN MUNDO DONDE CABEN MUCHOS MUNDOS

Una de las estrategias gubernamentales más comunes a la hora de enfrentar conflictos indígenas es reducirlos a problemas locales o regionales. Tal manipulación también ocurrió en Chiapas, sobre todo al inicio del alzamiento zapatista en el año 1994. Este intento de minimización fue enfrentado por las demandas que el EZLN ha exigido desde la Primera Declaración de la Selva Lacandona, demandas que rebasan lo indígena y atañen a todos los sectores populares del país. La extraordinaria presencia mediática del EZLN en sus primeros siete años de vida pública constituyó un elemento que también frenó una visión reducida y localista del conflicto.

Sin embargo, desde el año 2001 esa presencia ha ido moderándose paulatinamente, a medida que se fortalece el proceso de construcción autonómica y el desarrollo de las comunidades. Si asumimos esa capacidad mediática como un posicionamiento global, algunos podrían ver en el silencio del EZLN una nueva oportunidad gubernamental de presentar al zapatismo como un problema local o a lo sumo regional. No obstante, a juicio de Gilberto López y Rivas «el zapatismo nunca ha cejado de articular la lucha de los pueblos indígenas con el resto de los oprimidos y explotados de México y del mundo. La Sexta Declaración de la Selva Lacandona es clara al respecto».

El antropólogo añade que «la trascendencia de la construcción autonómica de los municipios rebeldes zapatistas y de las Juntas de Buen Gobierno va mas allá de lo local y regional, a pesar de que geográficamente estos procesos están constreñidos a la región de influencia zapatista. Respeto mucho los silencios del EZLN porque detrás de ellos hay una práctica cotidiana que dice más que la retórica y la demagogia de la izquierda institucionalizada, pues todo lo que afirma se contradice con sus acciones».

Y esa práctica zapatista cotidiana, en términos de poder, ¿qué aspira a construir?

—Los zapatistas están construyendo un nuevo tipo de poder popular desde abajo que se expresa en los gobiernos autónomos mencionados, los cuales no sufren de burocracias, ni políticos profesionales que terminan traicionando a sus propios principios y a los intereses de sus «representados». El EZLN retiró a todos sus cuadros de los gobiernos para ser congruente con su lema «para todos todo, para nosotros nada» y porque considera que el gobierno es de autoridades civiles que deben mandar obedeciendo.

¿Cuál ha sido la reacción gubernamental a las autonomías zapatistas? ¿Cómo evalúa estos procesos de construcción de autonomía después de seis años de estar públicamente formalizadas?

—El Estado mexicano traicionó su palabra empeñada en la firma de los Acuerdos de San Andrés y continua su estrategia de contrainsurgencia o «guerra de desgaste». A partir de ello, la construcción de autonomías ha sido una experiencia notable, una verdadera universidad en la que miles de personas aprenden a gobernar desde la práctica de una democracia directa y participativa. De sus procesos autonómicos se han vislumbrado nuevas formas de gobierno participativo, renovadas convivencias políticas y propuestas para darle un nuevo contenido a la desgastada democracia institucionalizada. Las organizaciones políticas de los pueblos indígenas han mostrado su continuidad, perseverancia, flexibilidad e imaginación frente a la burocratización y deterioro de esfuerzos organizativos en los ámbitos partidistas, sociales y gremiales.

¿Esa experiencia no está exenta de riesgos?

—No es menor desarrollar procesos autonómicos en pleno cerco de penetración contrainsurgente. Es permanente el hostigamiento del gobierno federal y estatal hacia las comunidades zapatistas. Siempre existe el riesgo de una represión a gran escala destinada a destruir al EZLN.

¿Encuentra usted alguna intención de «mandar obedeciendo» en las fuerzas tradicionales que dominan el panorama político mexicano? ¿Qué espera para los próximos años?

—México vive la peor crisis económica, social y política que se recuerde en la historia contemporánea. Felipe Calderón ha roto toda expectativa en cuanto a que no podía ser peor que cualquier otro de los gobernantes que han sufrido los mexicanos. Existe una gran indignación en amplios sectores sociales sobre lo que está pasando y todo señala a una confrontación para resistir a la guerra social emprendida por el gobierno de la derecha mexicana contra el pueblo.

Nota: 1. Gilberto López y Rivas. “Paramilitarismo e insurgencia en México” en Memoria, número 133, México, junio de 1999, pág. 2.

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