Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 31 de octubre de 2009

EZLN

Sindicato Mexicano de Electricistas: memoria viva

1914, el 14 de diciembre nace el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en medio de la revolución mexicana. 1936, el SME funda la Central de Trabajadores de México (CTM), que después abandonaría por diferencias con la dirección de esta organización. Ese mismo año, de una férrea huelga encabezada por Francisco Breña Alvirez, nace el Contrato Colectivo de Trabajo del SME; con excepción de los servicios básicos, la Ciudad de México se queda sin luz. Los trabajadores electricistas luchan por mejores condiciones laborales y salariales para todos los obreros del país, y ganan el derecho a pensión y jubilación. 1994, brigadas del SME viajan a Chiapas para solidarizarse con la lucha zapatista. Se tejen lazos de fraternidad con los indígenas alzados en armas contra el gobierno. Algunas zonas de difícil acceso son electrificadas por trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. 2001, el Sindicato de Luz y Fuerza del Centro apoya de muchas formas, desde propaganda, hasta brigadas, guardias y contingentes a las movilizaciones de la lucha de los campesinos de San Salvador Atenco. 2009, frente a un Sindicato de 94 años de historia, de luchas y de valentía, el gobierno arremete con toda su fuerza. Cientos de miles, en menos de una semana salen a las calles en una multitudinaria marcha, que pasará a la historia como una de las más nutridas y combativas de todos nuestros tiempos. “¡SME, no estás solo!” gritan los contingentes… y a pesar de todos estos gloriosos 94 años de lucha, la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, apenas comienza. (Rebelión.org)

CHIAPAS

Gobierno modifica reforma

El Gobierno del Estado de Chiapas reculó la iniciativa planteada de prorrogar las elecciones locales hasta 2012. Ahora propondrá al pleno de la LXIII Legislatura que haya comicios para diputados en 2010, aunque mantiene firme su postura de que se instalen Concejos Municipales. El secretario General de Gobierno, Noé Castañón León, reveló que la próxima semana el Gobernador presentará al Congreso del Estado una serie de reformas. Comentó que se enviarán modificaciones a la Constitución Política del Estado para que el año próximo se realice un proceso electoral corto para elegir diputados al Congreso del Estado. Señaló que la iniciativa propone precampañas de no más de diez días y campañas políticas de veinte días. Castañón León explicó que será la Legislatura electa, la cual dentro de un plazo de los treinta días siguientes al inicio de sus funciones, elija a los Concejos Municipales. Declaró que en la integración de los Concejos Municipales, el Congreso del Estado respetará la representación política que actualmente guardan los ayuntamientos.  "Por única vez la elección será el primer domingo de octubre de 2010, para que a partir del año 2012 los comicios sean el primer domingo de julio del año de la elección", anotó. "La iniciativa garantizará la equidad de género en los órganos de elección popular para alcanzar los Objetivos del Milenio de la ONU, que a propuesta del gobernador Sabines tienen hoy rango constitucional en el estado", dijo. (Cuarto Poder, El Heraldo de Chiapas, Diario de Chiapas, Expreso Chiapas, Excelsior, Crónica)

Juicio político

En este contexto, Walter León Montoya, dirigente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canacar), adelantó que integró ante Oficialía de Partes del Congreso de la Unión la solicitud de Juicio Político contra el Ejecutivo del Estado y los 40 legisladores que aprobaron la reforma electoral. Por separado, indicó que en la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió la expulsión de los 14 diputados priístas del Congreso del Estado que fueron comparsas de la reforma. (Cuarto Poder)

Acusan a priista de saquear recursos naturales en Chiapas

El dirigente de transportistas de extracción priista Walter León Montoya fue acusado de saquear los recursos naturales de la entidad, en complicidad con transnacionales, por lo que debe ser sancionado con todo el peso de la ley, afirmó el dirigente de la Federación de Trabajadores y Campesinos de Chiapas “Sindicalismo Nuevo”, Apolinar Díaz Pérez. Tras sumarse a la ola de protestas contra el delegado de la Cámara Nacional del Transporte de Carga (Canacar), León Montoya, la cual emprendieron al menos 14 agrupaciones filiales de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), por el delito de “saqueo” de recursos naturales del estado, Díaz Pérez dijo que lo que “Sindicalismo Nuevo” exige es poner un tope definitivo a estos falsos transportistas que nacieron al amparo de pasados gobiernos. (Milenio)

Organizan consulta de pueblos indios

Con el objetivo conocer cuál es el estado que guardan los derechos de las comunidades indígenas para que a través del reconocimiento de sus principales problemáticas, desigualdades de género, así como de sus fortalezas y sus propuestas, comenzará la "Consulta sobre derechos de los pueblos indígenas de Chiapas". De acuerdo con la convocatoria respectiva, la finalidad es que la Secretaría de Pueblos Indios (Sepi) incida en la formulación y ejecución de políticas públicas, reformas constitucionales e implementación de programas con perspectiva de género que garantícenle ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres de los pueblos indígenas. La consulta se realizará de este 31 de octubre al 10 de diciembre y es resultado del convenio que a principios del mes pasado firmaron la Sepi y el Programa Universitario México Nación Multicultural, dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (Cuarto Poder)

Toman indígenas oficinas de la ONU en Chiapas

Indígenas tzotziles del municipio de Venustiano Carranza, pertenecientes a la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), tomaroncomo refugio de las oficinas que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene en San Cristóbal de las Casas, para exigir la liberación de sus dirigentes José Manuel Hernández Martínez, Roselio de la Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández. Ante esta situación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) emitió un comunicado en el que señala que el representante residente adjunto de ese organismo en México, Arnaud Peral, que funge como portavoz en esta “ocupación pacífica”, solicitó a los integrantes de la OCEZ que acepten una mesa de diálogo con mediación de la ONU y depongan la ocupación de su sede. “La ONU ha puesto como única condición al inicio de este diálogo, que sería acompañado por el director de su oficina en Chiapas, Óscar Torrens, que los ocupantes depongan su actitud y abandonen pacíficamente las dependencias de la organización”, se puntualiza en el comunicado del PNUD. Por su parte, en un comunicado, la OCEZ expuso que la ocupación “es una medida desesperada para llamar la atención y lograr la liberación de nuestros compañeros”, detenidos en días pasados acusados de delitos de daños y asociación delictuosa, entre otros, relacionados con la ‘recuperación’ de tierras. “Queremos manifestar que es un acto pacífico y apegado al derecho internacional en materia de desplazamientos internos forzados”, subrayaron. (La Jornada, Ansa, Cuarto Poder, El Heraldo de Chiapas, Expreso Chiapas)

Indígenas que ocuparon sede de PNUD en Chiapas, presentarán sus peticiones

Los indígenas tzotziles que se apostaron en las oficinas del PNUD en el sureño estado mexicano de Chiapas entregarán una lista de peticiones al Gobierno mexicano a través del organismo internacional, informó un portavoz de la ONU. El responsable del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chiapas, Oscar Torrens, dijo que la organización no solicitará al Gobierno del Estado de Chiapas que "recupere las instalaciones mediante el uso de la fuerza". Los campesinos exigen el retiro del Ejército federal de sus comunidades y la libertad de tres de sus líderes. El funcionario explicó que solo permanecerán dentro de las instalaciones del PNUD 18 de 150 campesinos que llegaron y añadió que la OCEZ les proporcionará los alimentos. El funcionario explicó que solicitaron a los indígenas desalojar la oficina "porque obstaculizan el trabajo y no es el lugar adecuado para presentar demandas". Además reiteró que no pueden garantizar la seguridad debido a que no es una embajada, ni se puede ofrecer asilo a nadie, y aunque "es un espacio internacional no es un lugar adecuado". (EFE)

Campesinos chiapanecos niegan haber tomado oficinas de ONU

Integrantes de la mesa directiva de la Organización Campesina Emiliano Zapata Región Carranza (OCEZ-RC) negaron haber tomado las oficinas de las Naciones Unidas en San Cristóbal de las Casas y denunciaron a Uverclain Aguilar de ser el responsable de esta acción y de "usurpar nuestro Nombre" cuando "esta persona" pertenece a la FNLS.  "Los miembros de la OCEZ-CR vemos con tristeza y enojo a oportunistas usurpando nuestro nombre, nuestra lucha, nuestra historia", dijeron Segundo Cancino y Luis Hernández, miembros de la mesa directiva, quienes estuvieron acompañados de Luis Hernández, hijo del líder histórico de esta organización campesina. En el pronunciamiento aseguran que luchan por la libertad de sus compañeros "pero no queremos caer en la mentira a que nos han llamado otras organizaciones como el Frente Nacional por el Socialismo (FNLS)", además aseguraron que sus abogados trabajan para demostrar la inocencia de los ahora detenidos, mediante la presentación de pruebas que demostrarán que los predios fueron adquiridos legalmente. (El Universal, Cuarto Poder)

Formal prisión a líderes de OCEZ

José Manuel de la Torre Hernández y Roselio de la Cruz González, líderes de la OCEZ-RVC, detenidos el pasado 24 de octubre señalados como miembros de la delincuencia organizada, recibieron el auto de formal prisión por el Juez II del Ramo Penal en el "El Amate", informó la defensa de los indígenas. Porfirio Gutiérrez Fiallo, abogado defensor de De la Torre y De la Cruz, dijo tener pruebas de la inocencia de los acusados por los delitos de tráfico de armas, drogas y personas. Agregó que el único proceso que enfrentan es por despojo, del que también cuenta con los documentos probatorios de que el predio pertenece a la OCEZ-RVC, mismo que fue pagado luego de ser invadido por los campesinos; sin embargo, no se presentó el desistimiento de la demanda en su momento.
Luego de la detención de sus integrantes, la OCEZ-RVC permitió que sus casas fueran cateadas, acompañados de representantes de esa organización campesinas, líderes sociales y visitadores de Derechos Humanos. (Cuarto Poder)

ACTEAL

Se presenta el Coro de Acteal en Festival Cultural de Tlayacapan

Cantos con mensajes de paz, pero también cantos de denuncia contra las injusticias que se viven en Chiapas y en el país, resonaron el jueves por la tarde en la explanada de La Cerería, en Tlayacapan, Morelos. Ahí, ataviados con la vestimenta tradicional tzotzil, el Coro de Acteal entregó al público sus cantos llenos de poesía, reflexión y denuncia en torno a la problemática de derechos humanos que se vive en Chenalhó, Acteal y otras comunidades zapatistas. Surgido en el año de 1996, un año antes de la masacre en Acteal, el Coro nació como parte de un pueblo creyente y un acuerdo entre católicos y presbiterianos de Chenalhó, para conmemorar la presentación de una Biblia traducida al tzotzil. Ya en 1998, luego de los trágicos acontecimientos y ante la situación que privaba en Chiapas, el Coro de Acteal decide no sólo cantar en la iglesia, sino promover cantos con mensajes de paz pero también de denuncia contra las injusticias que se vivían en aquella región. Integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas leyeron un comunicado con el único fin de buscar la justicia y la verdad sobre el Caso Acteal. “Vamos a difundirlo donde quiera que llegue, por todas partes del mundo para evitar que se repitan más asesinatos. Queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilos, eso es lo que estamos exigiendo. Por eso decimos en el comunicado, que haya justicia y que seamos respetados como mexicanos”. (La Jornada Morelos)

GRUPOS ARMADOS

“Conquistamos nuestra libertad con la lucha jurídica”, dice Jacobo Silva Nogales

Gloria Arenas y Jacobo Silva nunca negaron su pertenencia a un grupo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), obtuvieron su libertad precisamente porque esgrimieron un artículo del Código Penal –el 137– que reconoce la figura de rebelión, al estipular que hechos de sangre ocurridos en el contexto de un combate no son actos delictivos. Después de permanecer una década en penales de máxima seguridad, Silva Nogales afirma: “Considerando que tuve toda la razón para alzarme en armas: nadie tiene nada que reprocharme. Ni siquiera si ahora decidiera reincorporarme a la guerrilla”. Él y su esposa Gloria aclararon, sin embargo, que la circunstancia de haber pasado un largo periodo en la cárcel los ubica “automáticamente” en el movimiento social que lucha por vías pacíficas. Ambos militan en la otra campaña, red de movimientos que se identifican con el zapatismo. “Antes teníamos armas de fuego, hoy tenemos las armas de la razón”, expresaron. (La Jornada)

ASUNTOS INDÍGENAS

En la carretera Durango-Tepic, invierten el Gobierno del Estado, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la SCT; esta última ha erogado cerca de 500 millones de pesos desde que se inició el proyecto, pues son 215 kilómetros y a Durango le corresponden 200 kilómetros. El Gobernador del Estado dijo que la inversión total durante 2009 es de 500 millones de pesos, pues se firmó un convenio por 350 millones de pesos con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que se suman a los 150 millones de pesos que ya habían sido asignados por los diputados federales. Al quedar concluida la rúa, Durango se conectará con Tepic y con un importante centro como Puerto Vallarta. (Siglo de Durango)

Urge generar políticas sólidas para indígenas

Con la propuesta de la posible construcción de la Casa de Salud en el municipio de Zitácuaro, la generación de políticas indígenas sólidas y la entrega de un pliego petitorio, el Delegado Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Pedro Barrera Pérez y representantes de pueblos originarios se reunieron con la Presidenta Sonia Rivas Espitia y los regidores de la Comisión de Asuntos Indígenas, Natividad Correa Merlos; Andrés Hernández Lindoro, para abordar las necesidades de las comunidades. Barrera Pérez adelantó que se están realizando las gestiones necesarias para poder construir dos Casas de Salud en el Estado, priorizando la región oriente debido a que alberga dos etnias importantes: mazahua y otomí; sin embargo, por lo pronto ya comenzó a edificarse la Casa de la Mujer Mazot en Zitácuaro, no hace mucho se otorgó el recurso para este proyecto y serán cuatro en Michoacán, una para cada etnia. Por su parte, autoridades comunales dijeron que debe existir coordinación entre ayuntamiento y comunidades para generar políticas indígenas a favor del desarrollo y, sobre todo, que se inyecten más recursos a cada localidad. Las instancias de Gobierno tienen la obligación de hacer del conocimiento de la población los programas que manejan para así poder tener acercamientos, pero, con un proyecto ya bien estructurado. (Quadratin de Michoacán)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Liberación retrasada

Gloria Muñoz Ramírez escribe en su columna Los de Abajo que “desde el pasado 13 de marzo, los ahora ex presos políticos Gloria Arenas y Jacobo Silva debieron haber recobrado una libertad. No conformes con mantenerlos en prisión por delitos que jamás se les comprobaron, las instancias correspondientes ignoraron el amparo directo obtenido el 12 de marzo por el segundo tribunal colegiado y los mantuvieron como rehenes otros siete meses. Esta semana salieron liberados y en las primeras declaraciones dijeron estar listos para incorporarse a los trabajos de la otra campaña, iniciativa política civil y pacífica convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Gloria y Jacobo son de los hombres y mujeres que lo abandonan todo por una causa revolucionaria. Se dice fácil, pero no cualquiera lo hace. Sumergidos durante décadas en la clandestinidad –primero dentro del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y luego como fundadores del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), pasado guerrillero que nunca han negado–, se incorporaron a la lucha civil desde sus respectivas prisiones. En 2005 atendieron a la convocatoria zapatista y participaron desde las reuniones preparatorias. En febrero de 2008, amparados en ese artículo, lograron la anulación de la condena por homicidio calificado y tentativa de homicidio y lograron una sentencia sólo por rebelión, que en esos momentos ya estaba cumplida; sin embargo, nuevas argucias jurídicas impidieron su excarcelación.” (La Jornada)

Se agudiza el encono social y crecen los posibles estallidos

Manuel Mejido destaca en su columna Alto Poder que “la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y el debate legislativo para recaudar más ingresos sin perjudicar a los hombres del dinero y empobreciendo aún más al pueblo, fueron los escándalos mediáticos que impidieron escuchar las advertencias del encrespamiento social.” (El Sol de México. Se anexa)

Michoacán, Acteal, Iztapalapa… las torceduras de la justicia

Carlos Puig menciona en su columna Historias del más acá que “En México, 92 por ciento de las acusaciones penales carecen de evidencia física (National Center for State Courts y Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal). Ése es nuestro sistema de justicia. Diseñado para tener en la cárcel inocentes y en la calle culpables. Cambian los procuradores, cambian los jueces y cambian los policías, y ése sigue siendo nuestro sistema de justicia. Pero en el país no hay un caso tan sucio y absurdo como el de Acteal. Lo sucedido a partir de aquel diciembre de 1997 es muestra suficiente de la inutilidad de nuestro sistema de justicia. Aún imaginando buena fe, está claro que es imposible la justicia. Ante la prácticamente inexistencia del aparato estatal, se dio la intervención de la procuraduría federal. Si uno se atiene al dictamen de la Suprema Corte de Justicia, los federales inventaron testimonios, corrompieron testimonios, inutilizaron, escondieron o inventaron evidencias a su gusto. La prisa política les hizo poner a más de cuarenta personas en la cárcel. Ahora las cuarenta van de salida. La procuraduría se niega a castigar a los malos servidores públicos, o al menos a revisar la investigación. Los familiares de las víctimas siguen sin justicia, los encarcelados injustamente no tienen reparación del daño, la verdad histórica y la verdad legal no aparecen. 45 muertos. Niños y mujeres entre ellos. A machetazos algunos. Y El Estado no existe. México en el siglo XXI. Todos somos culpables.” (Milenio)

TEXTOS

Se agudiza el encono social y crecen los posibles estallidos
Manuel Mejido/ Alto Poder/El Sol de México

La extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y el debate legislativo para recaudar más ingresos sin perjudicar a los hombres del dinero y empobreciendo aún más al pueblo, fueron los escándalos mediáticos que impidieron escuchar las advertencias del encrespamiento social.

Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el pasado miércoles 21 advirtió que en la región hay grupos que insisten en un levantamiento armado, como el ocurrido en 1994 encabezado por el EZLN, pero con paramilitares mejor preparados y muy bien armados.

El jerarca católico se mostró preocupado porque el pasado 11 de octubre (horas antes de anunciarse la desaparición de LyFC), la Procuraduría estatal detuvo, entre los municipios de Frontera Comalapa y Comitán, a tres personas que, durante el interrogatorio, afirmaron haber sido adiestrados en Guatemala en técnicas de arme y desarme similares a las utilizadas por los kaibiles (soldados del ejército guatemalteco).

Los presuntos guerrilleros revelaron la ubicación de un rancho donde fueron decomisadas 306 granadas personales, 28 pistolas calibre .40 milímetros, 22 granadas de fusil antipersonal, cuatro cargas de alto explosivo, ocho cuerpos útiles con carga propulsora, una ametralladora calibre 7.62 x 51 (Barret), 18 fusiles de asalto tipo AK-47, 21 fusiles tipo AR-15, uno calibre .9 milímetros, cinco pistolas calibres .38 Super, .45 y .9 milímetros.

Además del armamento, la Procuraduría estatal encontró 17 mil 212 cartuchos útiles de diferentes tamaños, radios portátiles, fornituras y chalecos antibalas, nueve vehículos, entre ellos uno blindado y acondicionado como tanqueta, un remolque y dos caballos.

Una semana antes, en la comunidad Yabteclum, en el municipio de Chenalhó, los agentes chiapanecos catearon la casa del indígena tzotzil Mariano Jiménez Pérez, donde encontraron un lanzagranadas calibre .38 milímetros, 17 rifles calibre .22 milímetros, tres fusiles AK-47, cuatro escopetas, 17 escuadras de diversos calibres, siete armas tipo revólver, cuatro armas largas de aire, 3 mil 347 cartuchos útiles, 44 cargadores para diversos artefactos y 15 mil pesos en efectivo.

Previo al inicio del movimiento armado de 1994, San Cristóbal de las Casas y Chenalhó fueron las principales regiones donde el subcomandante Marcos reclutó a decenas de indígenas inconformes con la injusticia y el olvido gubernamental.

La precariedad en que viven miles de familias en Chiapas (y en todo el país), aunados a la desesperación en las comunidades por abandonar la miseria y el hambre, los convierte en presas fáciles lo mismo de supuestos líderes guerrilleros (que terminan por vender los idearios de la supuesta revolución) que de narcotraficantes.

* EL PRESIDENTE PROVOCA EL ENCONO

Antes que Felipe Arizmendi advirtiera de posibles movimientos insurrectos en Chiapas, José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se decía preocupado por el enojo de varios sectores en la sociedad.

El 15 de octubre, Narro Robles señaló: "Tenemos en el país un asunto pendiente muy grave, que pasa por los temas de justicia social. Soy de los que creen que estamos muy cerca de una crisis social, a mí no me gustaría verla, pero hay muchos elementos que así lo confirman."

Para el rector de la máxima casa de estudios, varios de los conflictos sociales son provocados por el Gobierno de la República al imponer y decretar acciones que ponen en riesgo la débil paz social, como fue la extinción (de la noche a la mañana) de Luz y Fuerza del Centro, porque desempleó a 44 mil 700 electricistas, lo que provocó el enojo de miles de familias que resultaron afectadas.

La decisión presidencial "es un elemento más que se suma al complejo y delicado panorama de inestabilidad", porque lo mismo ocurrirá cuando llegue el momento de despedir a los empleados de las secretarías de la Reforma Agraria, Turismo y de la Función Pública.

No hay pueblo que resista el hambre, el desempleo, la inseguridad, injusticias, las enfermedades o falta de oportunidades educativas. Ni tampoco que soporte a un gobierno incapaz de implementar programas sociales sustentables y transexenales, donde sus gobernantes y legisladores sólo pretenden más ingresos cobrando impuestos a los más pobres y protegiendo a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores y a los sectores empresarial y clerical, que no pagan gravámenes.

De acuerdo con los sociólogos, las revoluciones las pelea el pueblo en las calles pero se fraguan en las universidades. Narro Robles advirtió que entre los estudiantes de la UNAM prevalece el enojo por la falta de oportunidades laborales a los universitarios y aumenta el descontento contra el gobierno inversamente proporcional a la falta de fuentes de trabajo.

Durante una reunión con diputados priístas el pasado 10 de octubre, José Narro entregó unas cifras a los legisladores que resultan alarmantes. De 33 millones 774 mil jóvenes, al menos siete millones y medio no acuden a la escuela o están en el paro, y reconoció que en México "ni crecemos ni vivimos mejor."

El tráfico ilegal de armas, la inseguridad, la corrupción, el encono social, el desempleo y el hambre son factores que definirán el futuro de México a corto plazo. Los factores negativos se incrementan y las soluciones aún no aparecen.

Con las modificaciones al régimen fiscal que proponen los partidos políticos en el Congreso, el próximo año se acrecentará la brecha socioeconómica de los mexicanos, porque un trabajador formal con un salario mensual de 10 mil pesos aportará a la hacienda pública mil 37 pesos, sólo por concepto del 30 por ciento del Impuesto Sobre la Renta.

Además del aumento del ISR, los mexicanos deberán pagar el 16 por ciento, y no el 15 como ocurre actualmente, de IVA al consumo. Sin duda, la única opción será comprar en el comercio informal, robado, de contrabando o apócrifo y que no tributa ante Hacienda.

Pero también los vendedores informales y pequeños comerciantes serán castigados por el Gobierno de la República, porque el Impuesto a Depósitos bancarios en Efectivo (implementado supuestamente para combatir el lavado de dinero) aplicable desde este año, en 2010 aumentará del dos al tres por ciento. Actualmente se aplica sobre montos superiores a 25 mil pesos y a partir del 2010 será desde 15 mil.

El próximo año, cada uno de los 107 millones de mexicanos deberá aportar 12 mil 149 pesos para cubrir salarios y gastos de cuatro millones de burócratas (incluidos legisladores, magistrados, secretarios de Estado, gobernadores, etcétera).

* POLÍTICOS MEXICANOS SON LOS MEJOR PAGADOS

El impacto de mayores impuestos no afectará a los funcionarios públicos porque están exentos y, además, perciben suculentos salarios, pagados por el pueblo. Un diputado gana mensualmente 77 mil 745 pesos más 45 mil 786 por "asistencia legislativa" y 28 mil 772 para "la atención ciudadana", que en total suman 152 mil 303.

Un senador devenga 126 mil pesos al mes, además de otras partidas si pertenecen a alguna comisión. El presidente Calderón tiene un sueldo de 40 mil 766 pesos y una "compensación garantizada" de 167 mil 804 que suman 208 mil 647.

Cada secretario de Estado tiene un salario mensual de 144 mil pesos; un consejero del IFE, 179 mil 51 pesos; y un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, entre prestaciones y sueldo, se echa a la cartera 347 mil 400 pesos.

El mexicano es el pueblo que mejor paga a sus gobernantes. Pero también es en donde los funcionarios más incumplen sus obligaciones.

Como ejemplo está el caso del secretario de Salud, José Córdova Villalobos, que el pasado martes calculó en 350 el número de muertes a causa de la influenza AH1N1, debido "al rezago que hay en la confirmación de fallecimientos en los últimos tres meses", por lo que las cifras que se manejan son poco confiables.

De igual manera, a los políticos les resulta difícil rendir cuentas del dinero público. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los gobernadores y legisladores disponen de 12 meses después de haber terminado el año fiscal para presentar auditada su información.

Esa tardanza burocrática, además de permitir evasión, fugas de recursos y gastos injustificables, ocasiona que el presupuesto anual carezca "de una visión a largo plazo", de acuerdo con el organismo internacional, porque no se sabe si lo erogado cumplió su objetivo o no.

En los parlamentos y congresos de las naciones del primer mundo la hacienda fiscal, los gravámenes y toda la carga impositiva se discutió casi desde su fundación. Sólo sufren pequeñas modificaciones que las adecuan a su tiempo.

En México, cada año se discute de dónde obtener más recursos para seguir explotando al pueblo, porque durante décadas se dependió del petróleo, las remesas y el turismo. Ahora, ninguna de las tres es suficiente.

El hilo de la cuerda que sostiene la paz cada vez es más delgado y los gobernantes se empecinan en sobrecargarlo más. Nadie sabe cuándo pueda romperse.

* DE MALAS Y PEORES

Roque González, alcalde suplente panista de Cuernavaca, Morelos, que fungió como tal de abril pasado y que hoy concluye su mandato, es un pillo de siete suelas, porque sin autorización de nadie, ni ley orgánica que lo permita, se dio un bono de partida por un millón 800 mil pesos. Otros 10 funcionarios de esa administración panista se entregaron 300 mil pesos. En total erogaron cuatro millones 800 mil pesos. Un atraco contra las arcas del pueblo cuernavaquense, cuya ciudad está echa una ruina, sus barrancos convertidos en basureros y las calles llenas de baches. La alcaldía dejó deudas aún incuantificables. Mañana que rinde protesta como nuevo presidente municipal Manuel Martínez Garrigos, el priísta que arrasó en las elecciones el pasado 5 de julio, tendrá la obligación ciudadana de fincar responsabilidades penales a esa pandilla de saqueadores que encabezó el panista Roque González. *** El 9 de septiembre, al acudir a San Lázaro a entregar el Presupuesto de Ingresos y la Ley de Egresos, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens propuso gravar con el dos por ciento el consumo generalizado (incluidos medicamentos y alimentos), al que llamó "Contribución al Combate a la Pobreza", el cual, según el funcionario, sería "un impuesto que está inspirado por el deseo del señor Presidente para contar con recursos confiables que no estén sujetos a las variaciones tan drásticas que hemos observado en el precio del petróleo para darle continuidad al combate a la pobreza..." El miércoles pasado, Felipe Calderón cambió de opinión al declarar que "todos los mexicanos, excepto los más pobres, deben colaborar con la hacienda pública." Lo que el país requiere es que el cien por ciento de los ciudadanos cumpla con sus obligaciones hacendarias. Falta congruencia en todos los niveles de gobierno.

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