Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 29 de junio de 2009

EZLN

Acusan a las autoridades de fabricar delitos para encarcelar a líderes

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que existen en Chiapas presos considerados “políticos” aunque su encarcelamiento se justifique con presuntos delitos comunes, que en determinados casos no se han demostrado o se han fabricado investigaciones para sustentar sentencias erróneas. Ocho de ellos son adherentes de La otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). (La Jornada. Se anexa)

CHIAPAS

Acribillan a una familia en Chiapas

Cuatro integrantes de una familia fueron acribillados en Chiapa de Corzo, Chiapas. En la vivienda donde ocurrió el multihomicidio fueron hallados casquillos de diferentes calibres. Un grupo de desconocidos aprovechó la oscuridad de la noche para ejecutar a Alberto y Saraín Molina Ordoñez, de entre 20 y 30 años de edad; al padre de ambos, Saraín Molina, de 60, y a Flor Ordoñez Díaz, de 50 años. Según la SSP estatal, los responsables son asaltantes en esa zona, quienes concretaron esta acción por venganza. En tanto, la ola violenta ligada al crimen organizado dejó ayer un saldo de cuatro ejecutados en tres entidades. En la carretera León-San Francisco, en Guanajuato, fue hallado el cuerpo de un presunto sicario con el siguiente mensaje: “Esto me pasó por estar con La Familia”, mientras otros hechos violentos ocurrieron en Baja California (dos), Sonora (uno) y Sinaloa (uno). (Milenio, Cuarto Poder, Diario de Chiapas)

Exhorta obispo Felipe Arizmendi a chiapanecos a votar el próximo domingo

El obispo Felipe Arizmendi Esquivel reiteró su llamado a la ciudadanía a votar el próximo domingo y confió en que la próxima jornada electoral transcurra en paz. En entrevista, reconoció que la gente tiene menos interés cuando son elecciones para elegir diputados; 'sin embargo, la misión de los legisladores es muy importante porque de ellos depende los rumbos del país'. En relación al momento de sufragar, el obispo dijo que cada quien es libre de hacerlo por quien quiera, 'pero tenemos que ser críticos para analizar la propaganda que en forma tan efusiva y en mi concepto exagerada, se esta dando en los medios'. (El Informador)

GRUPOS ARMADOS

Cobijan al narcoparamilitarismo las más altas esferas del Estado: ERPI

Al cumplirse 14 años de la masacre de 17 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), ocurrida el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande de Guerrero, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) “llama al pueblo insurgente a estar atento ante la alerta roja en que nos encontramos conmemorando, no sólo a los mártires (de la matanza), sino también a tantos otros que sumados se convierten no sólo en un recuerdo, sino en una gran fuente de sana energía para seguir luchando y combatiendo hasta el último aliento”. Señaló que “la impunidad continúa, y en consecuencia la autodefensa es más necesaria”. El grupo insurgente destacó además que “dos jóvenes ecologistas han sido asesinados, ellos vivían defendiendo la vida y los bosques en el poblado pobre del Espíritu, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso (vaya ironía), Leonel Castro Santana y Ezequiel Castro Pérez se suman ahora a la ya larga lista de las víctimas de la impunidad, que junto con los 600 desaparecidos sólo en el estado de Guerrero desde el año 2005 a la fecha, tienen documentadas las ONG”. (La Jornada)

ASUNTOS INDÍGENAS

Determinan diputados federales llevar a consulta designación del delegado de CDI

Integrantes de la Coordinadora de Pueblos Indígenas (CPI) y la Convención Estatal Indígena (CEI) discutieron en público sus diferencias que serviría para dar a conocer los logros alcanzados tras una semana de bloqueo en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), donde trasladaron su movimiento para exigir respeto a su derecho a la consulta, luego de la destitución del delegado estatal Guillermo Alvarez Nicanor. De acuerdo con lo informado, la CDI se allanó al punto de acuerdo aprobado en el Congreso de la Unión el pasado miércoles 24 sobre convocar a una consulta a los pueblos indígenas, donde será elegido el próximo delegado. Encabezados por Martha Sánchez y Arturo Román, los integrantes de la CEI, manifestaron su inconformidad por la intervención del diputado federal Marcos Matías y la senadora Yeikol Poleski, ambos del PRD. La inconformidad de los integrantes de la CEI era de que no intervinieron para la liberación del dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades de Comunitarias (CRAC), Bruno Plácido Valerio, detenido el jueves en la ciudad de México durante el bloqueo a las oficinas nacionales. Mientras, en un restaurante cercano, los integrantes de la CPI esperaban a los de la CEI, pues un día antes habían acordado que se reunirían con anticipación ya que juntos ofrecerían la conferencia de prensa. Los integrantes de la CPI se enteraron que los de la CEI se les habían adelantado y llegaron de improviso descalificando las aseveraciones de Sánchez y Román. Marcelino Díaz de Jesús, Roque Nava Calvario y Margarito González entre otros alegaron que era ingratitud corresponder así a la solidaridad de los legisladores cuestionados, pues fue con su participación cómo se logró que el Congreso de la Unión aprobara el punto de acuerdo para convocar a la consulta. Díaz de Jesús aseguró que los legisladores sí intervinieron en la liberación de Plácido Valerio, que gestionaron en la Secretaría de Gobernación, tan fue así que la dependencia pagó la multa. Informó que luego de una semana de tomar a diario las instalaciones de la CDI, lograron que el Director de la Unidad de Planeación y Consulta de la CDI, Jorge Aguilar Gachuzo, en representación del titular Luis H Álvarez, firmara un documento el pasado jueves 24, en el que establece que hace suyo el exhorto del Congreso de la Unión para que en una consulta sea elegido el delegado. Destacó que los resultados fueron no sólo para la población indígena de Guerrero, pues el acuerdo del Congreso federal exhorta a la CDI a que se dé prioridad entre los candidatos a delegados a los indígenas originarios del estado en cuestión. Añadió que los de la CPI se reunirán el 6 de julio para tomar acuerdos en relación al cumplimiento del documento. (La Jornada de Guerrero)

TEXTOS

Acusan a las autoridades de fabricar delitos para encarcelar a líderes
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Existen en Chiapas presos considerados “políticos” aunque su encarcelamiento se justifique con presuntos delitos comunes, que en determinados casos no se han demostrado o se han fabricado investigaciones para sustentar sentencias erróneas. Ocho de ellos son adherentes de la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Siete son los ejidatarios de San Sebastián Bachajón encarcelados desde abril por defender sus derechos territoriales en las márgenes del río Agua Azul, amenazadas por planes turísticos de gran envergadura y sin autorización de los campesinos tzeltales que las habitan. Hoy permanecen en el penal El Amate, y esperan esta semana una respuesta del juez al recurso de apelación que presentaron el 22 de junio.

El octavo preso de La otra campaña, Alberto Patishtán Gómez, es el único miembro de la Voz del Amate que permanece tras las rejas. Ahora prosigue su larga condena en la cárcel de Los Llanos, en San Cristóbal de las Casas. Respetado maestro tzotzil en el municipio El Bosque, de manera inverosímil hace nueve años fue culpado de participar en una emboscada a policías, acusación que permitió al entonces gobierno de Roberto Albores Guillén dar carpetazo al asunto, que era grave.

Estos ocho indígenas siguen presos, mientras el gobierno de Juan Sabines Guerrero otorgó 55 liberaciones el pasado sábado 13, mediante recursos de sentencia suspendida o beneficios de preliberación por motivos de edad y salud. El gobierno está tan satisfecho con los resultados de la mesa de reconciliación donde se revisaron los expedientes, que ya envió al Congreso del estado un decreto por el esa instancia queda como un órgano permanente.

Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, mediante su defensa, presentaron un recurso de apelación, demandando la nulidad de las declaraciones ministeriales, que además de haber sido obtenidas bajo coerción o tortura, contravienen al artículo 2 constitucional. No tuvieron traductor ni abogado “que conozca su cultura y su idioma”.

La apelación deberá ser resuelta antes del próximo viernes por el Supremo Tribunal de Justicia del estado, presidido por Juan Gabriel Coutiño Gómez, antes asesor del gobernador Juan Sabines Guerrero, quien lo propuso para presidir el tribunal, y fue ratificado por la legislatura local.

En un nuevo clamor por su libertad, el profesor Patishtán Gómez expone: “Con la gran violencia de persecuciones, atro- pellos, muertes, entre otros que se dieron en El Bosque, conocido internacionalmente como zona de conflicto a consecuencia de lo que sufrieron las comunidades Chavajeval y Unión Progreso (1998) por parte de los gobiernos que tratan y trataron de eliminar a las comunidades organizadas”.

Posteriormente, continúa, “en estos mismos años, un 19 de junio de 2000, fui detenido injustamente y hasta hoy en día soy un rehén político del gobierno, que me acusa de varios delitos. Verdaderamente la causa de mi delito fue y es defender el derecho de los habitantes de la zona, (quienes) habían sido objetos de maltrato por el alcalde Manuel Gómez Ruiz, y en vísperas de ser removido de su cargo me prefabricaron el delito (por) la emboscada ocurrida en el tramo El Bosque-Simojovel el 12 de junio.

“Siete días después me señalan como una pieza en la participación, como estrategia para calmar los problemas de la región y con ello quieren justificar la justicia y la paz en Chiapas, cosa que es absurda ante el pueblo y de los que luchan por la verdad. Doy a conocer y saber que jamás me callaré por exigir mi libertad y la de todos los presos políticos del país”, concluye.

Como a Patishtán se le acusa de delitos federales, el gobierno chiapaneco argumenta que no puede liberarlo, pues necesita que la Federación transfiera el caso a Chiapas. Algo equivalente hizo el gobierno de Tabasco al transferir al de Chiapas a dos presos zapatistas que permanecieron más de una década en un penal tabasqueño y que al llegar a este estado en 2008, salieron de prisión.

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