Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 1 de mayo de 2008

CHIAPAS

Trabajadores opuestos a dos nombramientos

Unos 150 trabajadores indigenistas de 15 unidades operativas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Chiapas, mantuvieron un paro laboral para protestar por la eventual designación de María de Lourdes Poo Ramírez como directora del ese organismo en Santo Domingo, al tiempo que también manifestaron su rechazo a que Avelino Flores Molina continúe al frente de la CDI en Palenque. Desde las 09:00 horas los trabajadores de la Sección 105 del Sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas "clausuraron" las oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en esta ciudad e instalaron pancartas de rechazo al nombramiento de la funcionaria que ocuparía la Dirección del Centro Coordinador Indígena Tzeltal-Chol-Lacandón para presionar a la CDI a desechar lo que calificaron como una "imposición de directivos que han incurrido con anterioridad en maltrato a los compañeros de base". (Cuarto Poder, Diario de Chiapas)

Revelan hostigamiento de CFE

El Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS-FNLS) denunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en contubernio con diferentes autoridades e instituciones gubernamentales federales y del municipio de Tila, han reiniciado los hostigamientos con el propósito de presionar ilegalmente para que paguen el "servicio" de luz quienes se encuentran en Resistencia al Pago de las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica. El Movimiento de Resistencia Popular señaló que la postura de la paraestatal ha causado divisiones y conflictos comunitarios muchas veces violentos, ya que quienes sí tienen posibilidades de pagar los altos cobros de luz, reclaman a quienes están en resistencia de ser los culpables de no contar con luz. (Cuarto Poder)

Temen cierre definitivo en Normal Mactumactzá

Se busca cerrar de manera definitiva la actual Escuela Normal Rural Mactumactzá y crear un nuevo concepto denominado "Ciudad Escolar". En el nuevo proyecto sólo se contempla a los alumnos de nuevo ingreso y tendrá un internado exclusivo para varones. Aún no definen el lugar donde se desarrollará el proyecto. (Cuarto Poder)

GRUPOS ARMADOS

PAN: el gobierno no ha dado sí a diálogo con EPR

El presidente nacional del PAN, Germán Martínez, respaldó la postura del Gobierno Federal en torno al diálogo con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), y advirtió que las condiciones fijadas “implican la rendición” de ese grupo. Martínez Cázares ratificó la postura del blanquiazul de que se debe dialogar con todos los que tienen un punto de vista diferente “pero no con quien tiene una pistola en la mano y la pone en la mesa”, y consideró que entre esa posición y los condicionamientos gubernamentales “no hay ninguna contradicción”. El gobierno, prosiguió, está condicionando al cese definitivo de la violencia, tiene que dialogar con quien no se arma, con quien no tiene como método la violencia; “es exactamente lo mismo”, aseveró. En tanto, el escritor Carlos Montemayor, propuesto por la agrupación armada como uno de los mediadores, dijo que el Gobierno Federal está confundiendo una disposición al diálogo del EPR con una rendición. Y adelantó que hoy se reúne con el obispo emérito Samuel Ruiz, el antropólogo Gilberto López y Rivas, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, y la senadora Rosario Ibarra, quienes completan la comisión de mediación planteada por el EPR. (El Universal, Milenio, Diario Monitor)

Diálogo sin armas: PAN

Santiago Creel Miranda (PAN), líder del Senado de la República, respaldó la decisión del Gobierno Federal de negociar con el EPR, pero insistió ñeque el diálogo sea directo y sin la mediación de instancias legislativas como la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), creada para las conversaciones con el EZLN. “Es correcto que el Ejecutivo sea el interlocutor por parte del Estado, que lo haga de manera directa y bajo estas condiciones me parece que es el único camino posible para que pueda prosperar, porque ya vimos que la instancia legislativa por más buena voluntad que ha habido en todos estos años, pues infortunadamente no tuvo el éxito esperado”. (Diario Monitor, El Sol de México)

EU apoyó a reducir amenazas

México ha recibido apoyo de Washington para disminuir “la amenaza terrorista” que implica el EPR, reveló un informe del Departamento de Estado. En su informe anual sobre terrorismo mundial 2007, asegura que, a pesar de que los ataques del EPR contra instalaciones y ductos de PEMEX dispararon el espectro del terrorismo doméstico en México, el gobierno de Felipe Calderón dejó en claro que se trataba de una “amenaza terrorista pasajera” que, subraya el reporte, “ha concentrado nuestros esfuerzos bilaterales para disminuirla”. (El Universal)

Buscarán a eperristas en narcofosa de zetas

La PGR intenta obtener pruebas de ADN de los familiares de los dos integrantes del EPR Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde hace más de 11 meses. El objetivo de esta diligencia es cotejar las pruebas genéticas con los registros de ADN de algunos cadáveres sin identificación, encontrados durante el último año; en esta investigación también se incluyen los cuerpos que fueron encontrados en fosas clandestinas de diversos inmuebles, que eran utilizados como casas de seguridad, del grupo de sicarios conocidos como Los Zetas, en Oaxaca. Los familiares de los dos integrantes del EPR solicitaron tener acceso a la averiguación previa, que se sigue por los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad. La petición no fue atendida. (Excelsior, Milenio, Reforma, Diario Monitor)

“Soy chivo expiatorio”, dice un arraigado al EPR

El comandante de la Policía Ministerial de Oaxaca, Pedro Hernández, arraigado en la Ciudad de México por su presunta participación en la desaparición de los guerrilleros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, envió un mensaje al EPR: “Sólo soy un chivo expiatorio”. Por conducto de su abogado, Francisco López Thomas, el funcionario contestó a Milenio un cuestionario. “Soy inocente, soy ajeno a esta situación en la que se me quiere involucrar”, señala. “Si yo tuviera algo que ver, me aguanto, me lo trago, pero no es el caso”. Asimismo, dice sentirse preocupado de que la actual investigación repercuta en su familia. “Les pido que no tomen represalias.” (Milenio)

Intercambian señales EPR y el Gobierno

Desde finales del año pasado, el Gobierno Federal y el EPR dieron señales de negociaciones. El primer registro ocurrió en diciembre, cuando Héctor Cerezo Contreras, hijo de Tiburcio Cruz Sánchez, uno de los líderes del EPR, fue trasladado del penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas, al centro carcelario de Atlacholoaya, Morelos. Apenas el 11 de marzo pasado, otro hijo de Tiburcio, Antonio Cerezo Contreras, fue llevado al mismo penal de Morelos. También ocurrió la liberación de Flavio Sosa, dirigente de la APPO, el 19 de abril pasado. La última señal del Gobierno Federal fue el operativo para detener a los funcionarios de la Policía Ministerial de Oaxaca el pasado viernes 25 de abril, a quienes indaga por el delito de desaparición forzada. (Reforma)

ARTICULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

¿Crees que haya diálogo gobierno- EPR?

Ciro Gómez Leyva escribe en su columna La historia en breve que “recibí correos y llamadas que preguntaban si habrá diálogo entre el gobierno y el EPR. Mi respuesta es no, no creo que lo haya. Doy tres razones. Primera. No, porque las condiciones que ha fijado el gobierno (cese de hostilidades, no amnistía anticipada, encuentro cara a cara, no limitar la agenda al tema de los dos eperristas desaparecidos) serán rechazadas por los guerrilleros. Segunda. No, porque el gobierno de Felipe Calderón decidirá no sumirse en el pantano de la negociación con un grupo insurgente. Tercera. No, porque quienes han apostado al derrocamiento del gobierno de Calderón por la vía de la insurrección (el lopezobradorismo y ahora una parte sustantiva del PRD) se encargarían de sembrar minas para impedir el probable diálogo. En fin, es un pronóstico. Normalmente fallo.” (Milenio)

La negociación y la geografía del EPR

Jorge Fernández Menéndez destaca en su columna Razones que “¿Tiene sentido establecer un mecanismo de negociación con el EPR? En realidad, todo el proceso sorprende: a lo largo de su historia, el EPR como tal, aunque sí lo habían hecho algunos de sus epígonos y desprendimientos, se negó sistemáticamente a cualquier negociación con el gobierno. Incluso fue crítico del EZLN cuando éste entabló en los años 90 su proceso de negociación.” (Excélsior. Se anexa)

EPR: ¿negociación o rendición incondicional?

Humberto Musacchio menciona en su artículo que “el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario le ha propuesto al gobierno de Felpe Calderón entablar un diálogo para, entre otros puntos, conocer el paradero de dos militantes y presumiblemente dirigentes de esa organización: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ‘desaparecidos’ en el estado de Oaxaca. Junto con el diálogo, el PDPR-EPR le propuso al Gobierno Federal la mediación de un grupo de ciudadanos reconocidos por su independencia: el obispo Samuel Ruiz, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el escritor Carlos Montemayor, el antropólogo Gilberto López y Rivas y la benemérita Rosario Ibarra de Piedra, quien participaría como representante del Frente Nacional contra la Represión, organismo que ya ha logrado sacar con vida a numerosos mexicanos de las cárceles clandestinas del gobierno y conocer el destino de otros que tuvieron menos suerte. Los beneficios de entablar el diálogo con un grupo armado son obvios, aunque no para un gobierno tan limitado como el actual. Lamentablemente, el equipo de Calderón no se destaca por sus luces. No puede entender la importancia de acabar con la violencia mediante las bondades de la política.” (Excelsior)

El diálogo con el EPR

Diódoro Carrasco Altamirano señala en su artículo que “ante la demanda de diálogo por parte del EPR, la mayoría de los observadores ha visto con buenos ojos la respuesta positiva del Gobierno Federal anunciada por el secretario de Gobernación. Quedó claro que lo anterior no implica aceptar todas las condiciones que interpuso el grupo armado. No es aceptable, para empezar, que el diálogo se limite a la situación de los dos presuntos militantes del EPR desaparecidos, sino que debe hacerse extensivo al abordaje de la solución pacífica de los conflictos mediante la vía institucional, es decir, al abandono de la violencia como método de acción política; además, el Gobierno Federal seguirá investigando delitos como las explosiones de Pemex y otros hechos. Lo importante es que un actor político clandestino, caracterizado hasta hoy por su accionar violento y su oposición intransigente no sólo al régimen político sino a todo el sistema económico y social mexicano, ha dado un primer paso que modifica cualitativamente su posición, con alcances que aún no podemos calibrar pero que sin duda tendrán consecuencias estratégicas no sólo para la posición de este actor particular, sino para la vida política del país en su conjunto. Hace 14 años hubo, como ahora, voces que se opusieron al diálogo con el EZLN porque suponían que ello implicaba ceder demasiado ante grupos violentos y sin mayor representatividad. Los hechos, sin embargo, demostraron que este camino era el más promisorio, pues permitió cesar los enfrentamientos armados y, posteriormente, encauzar las diferencias hacia una situación que, si bien no se ha resuelto del todo, ha evitado la confrontación y permite la convivencia pacífica de los diferentes. En la nueva situación todos los actores enfrentan grandes retos. El Gobierno Federal está emplazado a demostrar que es capaz de llevar a cabo una negociación con un actor como el EPR, en la que quede clara su vocación pacifista, legalista y su carácter democrático sin perder la mesura y buscando siempre la salida política que más convenga al país. Para el EPR el reto es mayúsculo, pues está emplazado a mostrarse como un actor político consecuente no con sus patrones ideológicos previos sino con los valores de la democracia, que están implícitos en la demanda y en el ejercicio del diálogo.” (Milenio)

Rendija

Héctor Aguilar Camín menciona en su columna Día con Día que “negociar con terroristas no es la mejor idea. Cuando son de a de veras, los grupos terroristas y guerrilleros no negocian, sólo ganan tiempo. La negociación termina siempre en decepción y en costo para los gobiernos que negocian. Pero hay siempre el impulso, en cierto modo la obligación, de darle una oportunidad al diálogo. Cuando se abre una rendija de arreglo, hay que acercarse a ella. Con las debidas precauciones, claro, y sin grandes esperanzas. Puede anticiparse que las negociaciones no irán adonde quisiera el México democrático: la plena extinción del EPR como movimiento armado y su incorporación a las reglas de la política legal. Ésta sería la única opción en que el Estado democrático podría condonar, mediante el debido proceso legal, los delitos del EPR. No creo que la rendija abierta alcance para eso, pero ojalá.” (Milenio)

Voluntad de Diálogo

Está demostrado en la historia que al que menos le favorecen las experiencias del diálogo con movimientos armados, es al gobierno constitucional, porque regularmente no puede responder a las demandas planteadas. En Chiapas está confirmado, que este tipo de diálogos, al final de cuentas terminan siendo como las pláticas de los generales de Bizancio que en plena guerra, discutían sin llegar a ningún acuerdo, sobre el sexo de los ángeles. Evidentemente el autodenominado Ejército Popular Revolucionario, asume esta disposición al diálogo para provocar el efecto de la condena nacional e internacional en contra del Gobierno del Presidente Felipe Calderón. Demostrar que a pesar de la disposición manifiesta, no se puede dialogar con quienes ejercen el poder en el país y pertenecen a la ultraderecha. Las personalidades que han aceptado incorporar al equipo de mediadores, son los que tradicionalmente son invitados para hacerlo. Con esto no quiere decir, que deba condenarse esta voluntad de dialogar del EPR y del Gobierno del Presidente Calderón, al contrario si resulta distinta esta experiencia a la vivida en Chiapas con respecto al EZLN, merecerá pleno reconocimiento de la comunidad nacional e internacional. Sencillamente la logística que tendría que implementarse para los encuentros, en esta ocasión no sería tan simple como con el EZLN, que además estaba ubicado en una región y en una comunidad determinada. El primer reto, es dónde localizar a la dirigencia del EPR, en que lugares: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, el Estado de México, DF, Guanajuato. ¿Dónde? Posteriormente, que lugar sería el más adecuado para garantizar la seguridad y que organizaciones se encargarían de protegerlos: ¿la Cruz Roja? No hay que olvidar que el EPR no tiene una base social definida como pudiera ser el caso del EZLN. Sobre que bases se establecería el diálogo, ya que en el caso del EZLN las discusiones se construyeron a partir de la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, alrededor del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En el caso del EPR, hasta ahora no es clara su influencia con los pueblos indígenas, salvo en el caso de Oaxaca. De todos modos, este proceso que se ha iniciado, para algunos es esperanzador, pero para otros solamente es un juego en el que el EPR aspira a ganar terreno en la mercadotecnia nacional y el gobierno se arriesga a ser exhibido una vez más.” (Diario de Chiapas)

El EPR

Paul Jaubert subraya en su artículo que “ahora el Gobierno Federal está dispuesto a sentarse a negociar con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), lo que resulta inadmisible después de las atrocidades que ha hecho en México dicho ejército. Estoy de acuerdo en la conveniencia de terminar de buena manera con esta clase de movimientos, que tienen activos en nuestro país más tiempo del que pensamos en una franca rebelión que, en algún momento pudo ser justificada pero que en la actualidad no lo es, y mucho menos los métodos de los que se valen para manifestar sus inconformidades. Si pretendemos negociar con homicidas, insurrectos y amotinados, difícilmente podremos hacer valer razones para llegar a cualquier punto de acuerdo. Definitivamente la intención del gobierno por resolver esta clase de complicaciones es perfectamente legítima, pero sus interlocutores no lo son. (Diario Monitor)

TEXTOS

La negociación y la geografía del EPR
Jorge Fernández Menéndez/ Razones/Milenio

¿Tiene sentido establecer un mecanismo de negociación con el EPR? ¿Qué, para qué y con quiénes se podrá negociar? Esas son las preguntas que, de inicio, debemos hacernos cuando hablamos de la respuesta que otorgó el martes el Gobierno Federal al comunicado del EPR sobre una posible negociación. En realidad, todo el proceso sorprende: a lo largo de su historia, el EPR como tal, aunque sí lo habían hecho algunos de sus epígonos y desprendimientos, se negó sistemáticamente a cualquier negociación con el gobierno. Incluso fue crítico del EZLN cuando éste entabló en los años 90 su proceso de negociación.

¿Qué ha sucedido entonces que tanto el gobierno como el EPR parecen haber cambiado de opinión? En realidad, desde los bombazos contra ductos de Pemex, en septiembre pasado, en el Gobierno Federal se reactivaron muchas de las investigaciones que habían sido abandonadas durante la administración de Fox (incluso luego de la amnistía ordenada en Oaxaca por José Murat, que dejó en libertad a la mayor parte de la estructura del EPR entonces detenida).
Hoy el Gobierno Federal parece tener un diseño bastante aproximado de qué es el EPR, cómo trabaja, quiénes son sus dirigentes y cómo está posicionado en el país. Y en ese escenario las pugnas y las diferencias internas en el grupo son clave.

Por una parte, su líder histórico, Tiburcio Cruz Sánchez, y la esposa, Elodia Canseco Ruiz, no sólo están enfermos y con dificultades originadas en una larga historia de clandestinidad, acrecentada por la detención de los hijos, los hermanos Cerezo Contreras (en la clandestinidad, el nombre de Tiburcio era Francisco Cerezo y, el de Elodia, Emilia Contreras), hace ya algunos años, sino también por la desaparición del hermano Gabriel Alberto Cruz Salinas, hace un año en Oaxaca. Para el grupo histórico del EPR que encabeza Tiburcio, la posibilidad entonces, de un diálogo, aunque sea acotado con el gobierno, puede ser de su interés. Un dato es importante: Tiburcio, siendo líder de la organización, participó personalmente en los atentados a los ductos de Pemex en Veracruz, lo que confirmaría que son pocos los cuadros capacitados del grupo para realizar una acción así.

Por otra parte, esa rama histórica mantiene diferencias con otros agrupaciones internas: en particular, las de Oaxaca, formadas por los amnistiados de años atrás pero, sobre todo, por grupos más jóvenes que surgieron de la movilización de la APPO y quieren mantener una línea más radical. Al mismo tiempo, en Oaxaca se conformó un ala disidente que puede haber tenido alguna relación con sectores o funcionarios de áreas de seguridad, que podría haber estado relacionada con o detrás de los secuestros de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz Sánchez. Los comunicados del EPR se han ido modificando con el paso de los meses al abordar este tema y han pasado desde la acusación directa a mandos militares, al Estado Mayor Presidencial o al Gobierno Federal, a una exigencia de investigación de los hechos. En este sentido, vuelve a confirmarse que varios de los secuestros que se produjeron en Oaxaca en el pasado, incluido el de uno de los hermanos del narcotraficante Díaz Parada, podría tener relación con este mismo grupo y la desaparición de los dos integrantes de éste.

En ese contexto se dan la propuesta de negociación del EPR y la respuesta gubernamental. En principio, ambas parecen aventuradas: ¿realmente puede creer el EPR que el Gobierno Federal se sentará a negociar sólo el caso de los dos desaparecidos, sin agenda concreta y con un grupo de mediadores que, con algunos personajes muy respetables y otros casi impresentables, no cabe duda de que son de la confianza de esa organización? Ya con la respuesta gubernamental, ¿alguien puede creer que el EPR aceptará las cuatro condiciones impuestas, incluida la suspensión de las acciones armadas y la posibilidad, inminente, de que el Gobierno Federal pueda proseguir con las investigaciones sobre los dos desparecidos, pero también de los responsables de los atentados cometidos por esa organización? Ninguna de las dos posibilidades parece real. A ello se sumará que el EPR tendrá que unificar sus posiciones internas, hoy divididas sobre éste y otros temas, al mismo tiempo que el gobierno deberá tener alguna prueba de que sus interlocutores posean, por lo menos, representatividad suficiente dentro de su organización, como para serlo.

En realidad, el que tiene que dar una respuesta es el EPR y hacerlo en una situación compleja: si acepta las condiciones impuestas por el gobierno ello implicará, en los hechos y como ocurrió en su momento con el EZLN, una aceptación de que deberá abandonar los actos armados y también delincuenciales, como los secuestros. Además, establecer algún tipo de control interno sobre las distintas facciones que lo conforman. Y definir qué sucederá con los grupos que se desprendieron de él en el pasado y tienen profundas diferencias con el EPR, por ejemplo, el ERPI, que sí está realizando acciones delincuenciales, sobre todo robos y secuestros, en Guerrero, además de trabajo político en distintas comunidades.
Por cierto, es el ERPI el que tendría mayor relación con la célula de las Milicias Flores Magón que están a su vez involucradas con las FARC y a la que pertenecían la mayoría de los jóvenes muertos en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Para el gobierno tampoco es sencillo: ¿qué sucedería si, por ejemplo, el EPR acepta las condiciones pero no las cumple? La respuesta podría estar en la capacidad del gobierno, ahora sí, de poder contemplar acciones firmes contra estos grupos, acciones que, paradójicamente, también tendría que cumplir el gobierno, con sus propias condiciones, incluida la detención de quienes realizaron los atentados en Pemex. ¿Vale la pena tanto esfuerzo, entonces? Si se garantizaría que estos grupos abandonaran la violencia, sin duda. ¿Es posible?

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