Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.
México, D.F, 29 de febrero de 2008
EZLN
En huelga de hambre, 14 “presos políticos” indios
Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que se han declarado en huelga de hambre 14 presos tzotziles y tzeltales. Demandan desistimiento de la acción penal y se niegan a ingerir alimentos y recibir atención médica. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, “sus condiciones se están deteriorando”. Ocho pertenecen a La Voz de El Amate, adherente a la otra campaña del EZLN. (La Jornada. Se anexa)
CHIAPAS
Más de 2 mil integrantes se deslindan de OPDDIC
En la comunidad Monte Líbano, del municipio de Ocosingo, más de dos mil integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) se deslindaron de esa organización y eligieron la vía de las instituciones para buscar solución a sus demandas. De esta forma, más de dos mil ahora ex integrantes de la OPDDIC se adhirieron de manera total a la Confederación Nacional Campesina (CNC) por medio de un documento en el que manifestaron su renuncia y deslinde de la OPDDIC. El acto fue atestiguado por los legisladores que representan a esa región tanto en la Cámara Federal como en el Congreso del Estado, los diputados federal Elmar Darinel Díaz Solórzano y local César Augusto Yánez Ortiz. Esta histórica deserción que fue encabezada, entre otros por Gustavo Vázquez Cruz, presidente de la OPDDIC -región Monte Líbano, fue recibida con beneplácito por los integrantes de la CNC. Al respecto el dirigente estatal de la CNC, Jorge Enrique Hernández Bielma, consideró que esta adhesión tiene el objetivo de trabajar en un proyecto común, siempre por la vía pacífica y de las instituciones, en favor del campo y de quienes trabajan la tierra. (Cuarto Poder, La Jornada)
Alto grado de violencia entre jóvenes del sur
Organizaciones no gubernamentales alertaron sobre el alto grado de violencia física y emocional que se vive entre los adolescentes de comunidades indígenas y rurales de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, según un estudio realizado con apoyo de la Unión Europea. El diagnóstico resalta que en Chiapas, en el caso de las mujeres, 60% de la violencia es generada por directores y maestros de centros de estudios. Luego de un año de estudio de hombres y mujeres de entre 15 y 19 años, los organismos Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Grupo de Información en Reproducción Elegida e IPAS, concluyeron que al menos 65% recibió golpes durante su infancia. También consideraron que es “justo” que un hombre le pegue a su esposa si ésta le es infiel. Tabasco sobresalió al tener un mayor índice de casos de violencia física, emocional, sexual y económica durante el año pasado. Mientras Chiapas registró 55 por ciento de su población adolescente en esta situación, Tabasco tuvo 72 por ciento y Oaxaca 71. (Cuarto Poder, La Jornada)
ASUNTOS INDÍGENAS
Chamulas visitan Xicoténcatl
En una foto se muestra al senador priísta Francisco Labastida conversando con indígenas chamulas, ataviados de su vestimenta tradicional, en las instalaciones de Xicoténcatl. (Excélsior)
GRUPOS ARMADOS
Quiere EU evitar alianzas de narco con guerrilla
Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, es tajante: no se puede pactar con el diablo, ya que ningún gobierno, asegura, puede hacerse el ciego y hacer acuerdos con las organizaciones criminales. Aceptó que los cárteles de la droga cada vez están mejor armados, y que con su poderío están tratando de intimidar y desafiar a las autoridades mexicanas. “(Por ello) estamos apoyando mucho los esfuerzos del gobierno de (Felipe) Calderón para golpear a estos grupos y dejen de intimidar”, dijo Chertoff. Señaló que los ataques del crimen organizado son un reto a la autoridad y a la fuerza pública. Aseguró que no existe información de que grupos de narcotraficantes mexicanos se hayan aliado a organizaciones guerrilleras o terroristas, aunque “una de las razones por las que queremos apoyar a México en el combate a las drogas es que nunca llegue a este punto de que haya esta combinación”. (El Universal)
ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES
San Andrés: 12 años después
Jaime Martínez Veloz escribe en su artículo: “el 16 de febrero de 1996, en un salón contiguo a la sede del diálogo en San Andrés Larráinzar, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional firmó los Acuerdos de San Andrés. Poco después, la representación gubernamental hizo lo mismo, esta vez en presencia de la prensa y con declaraciones incluidas. Ambos actos fueron atestiguados la CONAI y la COCOPA. (La Jornada. Se anexa)
Acto cultural en Coyoacán
Raymundo Aguilar Ortega hace una invitación en El Correo Ilustrado a: “un acto político en acompañamiento a la resistencia que mantienen los comerciantes y artesanos del tianguis cultural de Coyoacán, quienes luchan por evitar que en los jardines Hidalgo y Centenario se pierda la tradición de los paseos alrededor del kiosco, la venta de artesanías, el teatro callejero, la danza prehispánica y la realización de espectáculos al aire libre. Nosotros, junto con ellos, denunciamos que la intención del delegado Heberto Castillo Juárez “es crear un jardín privado y evitar a toda costa que continúe siendo una plaza pública, con reconocimientos nacionales e internacionales”, donde desde hace más de 20 años instalan sus puestos los fines de semana en la segunda plaza cívica más visitada de la ciudad. Sábado primero de marzo a partir de las 15 horas, en el jardín Centenario, frente a los arcos. Invitan: Colectivo Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN y a la otra campaña. (La Jornada)
TEXTOS
En huelga de hambre, 14 “presos políticos” indios
Hermann Bellinghausen/La Jornada
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Se han declarado en huelga de hambre 14 presos tzotziles y tzeltales, “en tanto el Estado mexicano no restituya sus derechos violentados”. Demandan desistimiento de la acción penal y se niegan a ingerir alimentos y recibir atención médica.
Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), “sus condiciones se están deteriorando”.
Los indígenas, “que se reivindican presos políticos” se encuentran en el Centro de Readaptación Social número 14 El Amate, en Cintalapa. Ellos son: Zacario Hernández Hernández, Mateo Hernández Bautista, Alberto Patishtán Gómez, José Luis López Sánchez, Julio César Pérez Ruiz, José Pérez Pérez, Marcelino Díaz González, Ramón Guardaz Cruz, Juan Gómez Díaz, Jorge López López, Antonio Díaz Ruiz, Antonio Gómez Díaz, Miguel Gómez Gómez y Domingo Cruz Gómez. El CDHFBC considera que la protesta constituye “un riesgo grave e inminente a su vida, integridad personal y estado de salud”.
El centro de defensa de los derechos humanos ha seguido durante cinco años la situación jurídica de Zacario Hernández Hernández, “acusado injustamente dentro del caso conocido como ‘Tres Cruces’, quien inició una huelga de hambre el 12 de febrero y ha manifestado que no la suspenderá hasta que las autoridades restituyan su derechos previstos en la convención americana, violentados mediante la falta de garantías judiciales y protección judicial dentro del proceso”.
El también catequista asumió la acción para exigir su libertad y la de sus compañeros Mariano Heredia Mocojol (o Gómez), Enrique Hernández Hernández y Pascual Heredia Hernández, dentro de las mismas causas penales 38 y 39/2003, instruida ante el juez tercero de lo penal de Tuxtla Gutiérrez. Demandan “desistimiento” al gobernador Juan Sabines y cuentan con el respaldo de Pueblo Creyente y la diócesis de San Cristóbal. No obstante, el obispo Felipe Arizmendi “recomendó” a Zacario dejar la acción, pero éste replicó que la sostendrá.
El 25 de febrero se unieron a la huelga de hambre otros 12 indígenas. Se consideran presos políticos, acusados de “delitos prefabricados y con testigos falsos por delitos comunes”, cuando en realidad son perseguidos “por su activismo político”. Ocho pertenecen a la La Voz de El Amate, adherente a la otra campaña del EZLN. Los otros se reivindican como bases zapatistas y aseguran que fueron acusados por “mestizos” de su región “con falsedad, debido a que se les ubica como zapatistas”. El día 26 se sumó Mateo Hernández Bautista, de la comunidad Rincón Chamula y militante de la Central Independiente Obrera y Campesina.
Los indígenas recurrieron a la medida “como mecanismo de denuncia pública y señalamiento hacia el Estado mexicano por la violación a sus derechos humanos, que ha traído como consecuencia la pérdida de su libertad y sus expectativas de vida, por los años transcurridos dentro del centro de detención”.
Los huelguistas se dicen “dispuestos a llegar hasta la muerte”, por lo que no aceptan ningún alimento ni la revisión de sus signos vitales por el personal sanitario del penal.
Días atrás, los presos políticos del Cereso 14, incluyendo los de las organizaciones MOCRI y Casa del Pueblo (OCEZ), demandaron “sensibilidad y acuerdos cumplidos para que seamos alejados del abismo de desesperación que nos obliga a retomar formas de lucha que parecían haber quedado en el pasado”.
San Andrés: 12 años después
Jaime Martínez Veloz/La Jornada
El 16 de febrero de 1996, en un salón contiguo a la sede del diálogo en San Andrés Larráinzar, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) firmó los acuerdos de San Andrés.
Poco después, la representación gubernamental hizo lo mismo, esta vez en presencia de la prensa y con declaraciones incluidas. Ambos actos fueron atestiguados la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
Los zapatistas habían escogido la discreción no como un signo de vergüenza o aceptación a regañadientes de lo que se signaría, sino como una señal de cautela. No cabía en ellos celebración por algo que aún no se cumplía. Sin embargo, deseaban dejar asentada su voluntad de paz. Las declaraciones, la prensa y las celebraciones se dejaban para cuando las palabras escritas se convirtieran en hechos.
La discusión en aquella primera mesa de Cultura y Derechos Indígenas había sido difícil, pero había mostrado que aquellos que durante años habían trabajado, desde numerosas especialidades, con y para los pueblos indígenas, se podían poner de acuerdo en una serie de propuestas mínimas que dieran un marco legal sobre el cual elaborar una iniciativa constitucional en la materia, sin importar si habían acudido convocados por el EZLN o por el gobierno federal.
El gobierno federal adquirió el compromiso de reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución; ampliar su participación y representación políticas; garantizar el acceso pleno a la justicia con el reconocimiento y respeto a especificidades culturales y a sus sistemas normativos internos, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos; promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas; asegurar educación y capacitación; garantizar la satisfacción de necesidades básicas; impulsar la producción y el empleo, y proteger a los indígenas migrantes.
Se planteó que los principios que normarían la acción del Estado serían:
“Pluralismo. El trato entre los pueblos y culturas que formaban la sociedad mexicana ha de basarse en el respeto a su igualdad fundamental.
“Sustentabilidad. Es indispensable y urgente asegurar la perduración de la naturaleza y la cultura en los territorios que ocupan y utilizan de alguna manera los pueblos indígenas, según los define el artículo 13.2 del Convenio 169 de la OIT.
“Integridad. El Estado debe impulsar la acción integral y concurrente de las instituciones y niveles de gobierno que inciden en la vida de los pueblos indígenas, evitando las prácticas parciales que fraccionen las políticas públicas.
“Participación. El Estado debe favorecer que la acción institucional impulse la participación de los pueblos y comunidades indígenas y respete sus formas de organización interna, para alcanzar el propósito de fortalecer su capacidad de ser los actores decisivos de su propio desarrollo.
“Libre determinación. El Estado respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, en cada uno de los ámbitos y niveles en que harán valer y practicarán su autonomía diferenciada, sin menoscabo de la soberanía nacional y dentro del marco normativo para los pueblos indígenas.”
Hay que decir que en la Cocopa, la Conai, el EZLN y gran número de mexicanos, sin importar su filiación política, la sola firma de los acuerdos resultaba esperanzadora. Se abría la puerta para que un acuerdo de paz con justicia y dignidad pudiera ser alcanzado en el corto plazo.
No deja de ser dolorosamente paradójico que el documento que debía ser el primer paso de una negociación que se esperaba complicada, pero fructífera, se convirtiera a la postre en el eje sobre el cual dependiera la continuidad del diálogo.
En los siguientes meses, años, y aún hoy, los textos de San Andrés han sido objeto de descalificaciones. En su mayoría, éstas se han centrado en unos cuantos elementos. Así, se ha dicho que afectan la soberanía y la unidad nacionales; que trastocan el principio de igualdad jurídica de la Constitución; que ponen en riesgo la propiedad de la nación sobre recursos como el petróleo; que abren la puerta a la balcanización del país; que pretenden colocar las costumbres de los pueblos indígenas por encima de las leyes, y así por el estilo.
En el colmo de la mentira y el dolo, el gobierno federal consideró que la iniciativa elaborada por la Cocopa no corresponde al espíritu y la letra de los acuerdos de San Andrés.
Sólo hay dos razones por las que pudimos los miembros de esa Cocopa hacer tal cosa: incapacidad o intereses ocultos. Ninguna de las dos es aceptable o creíble, a menos que se suponga que, o bien abogados y/o políticos experimentados, como Heberto Castillo, Luis H. Álvarez, Óscar López Velarde, Rodolfo Elizondo y los constitucionalistas que nos apoyaron, no sabían lo que hacían, o bien que todos fuimos cómplices de una misma e inconfesable causa.
En el fondo, el problema no parece ser ni los acuerdos ni la propuesta de la Cocopa. Hay bases para suponer que, con posterioridad a la firma de dichos textos, el gobierno federal se convenció de que había incurrido en un error jurídico y político. Un error que se intentó disfrazar o minimizar por medio de distracciones, ausencias y probablemente otros métodos, en lugar de intentar enmendarlo por medio del diálogo.
Se cometió, así, un verdadero doble error: el incumplir la palabra empeñada y firmada, y permitir que el conflicto se empantanara y deteriorara hasta llegar a sucesos como los de Acteal, el empantanamiento desde entonces del diálogo y la postergación de soluciones a los problemas ancestrales de los pueblos indígenas.
Con cariño y afecto a los miembros de la primera Cocopa
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