Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 5 de enero de 2008

CHIAPAS

Denuncian saqueo de fondos 2 ediles entrantes en Chiapas

Los nuevos ediles de Tuzantán y Huehuetán, los priístas Carlos Villanueva Espinosa y Renán Galán Gómez, respectivamente, informaron que no han podido iniciar sus labores debido a que ambos municipios se encuentran en quiebra. Además, Villanueva Espinosa viajó a Tuxtla Gutiérrez en busca de apoyo del gobierno del estado para que se le permita tomar posesión de sus oficinas, pues el ex alcalde, el panista Didier Rojas González y sus ex colaboradores, les impiden la entrada pues, argumentan, no han terminado los trámites de entrega-recepción. Los nuevos funcionarios, que debieron iniciar funciones el primero de enero, “trabajan” en un parque. Galán Gómez denunció a su vez saqueo de recursos por su antecesor, el perredista Genaro Cruz Salas, y dijo que para empezar a trabajar está buscando créditos. (La Jornada)

Alcaldes reconocen importancia de llamado

A unos días de iniciar su gestión, los 118 presidentes municipales en el estado coincidieron en la importancia de trabajar en coordinación con la administración del gobernador Juan Sabines Guerrero, y de esta forma, impulsar el desarrollo de la entidad, a favor de todos los chiapanecos. Luego de su instalación, los nuevos alcaldes señalaron que trabajarán coordinadamente con el Ejecutivo estatal, con el objetivo de lograr el crecimiento de los municipios, y elevar el nivel de vida de sus habitantes. En este sentido Francisco Méndez Méndez, presidente municipal de Mitontic, indicó que se pretende trabajar en unidad con el gobierno estatal, y con ello, sacar adelante al estado; y destacó la disposición del gobernador Juan Sabines con los Alcaldes de toda la entidad, acción que refrenda su compromiso con todos los sectores de Chiapas. De igual manera, Luis Alberto Valdez Díaz, presidente municipal de Teopisca, señaló que el titular del Ejecutivo ha demostrado al pueblo de Chiapas querer servir al estado y dijo que el municipio al que representa, confía plenamente en su Gobernador, quien ha puesto en marcha diversas acciones al servicio de la gente. Por su parte, el alcalde de Huitiupán, Salgado Santiago Robledo, subrayó que su gobierno trabajará de la mano con el Gobierno del Estado, ya que ha demostrado el interés por trabajar a favor de Chiapas, y de esta forma, ofrecer un mejor futuro para los chiapanecos. (Cuarto Poder)

Respaldan a Secretario de los Pueblos Indios

Mientras los indígenas de Chiapas seamos por lo menos 33 por ciento de toda la población, ningún grupo minoritario podrá pretender quitar del cargo al actual secretario de Pueblo Indios, José Fernando López Hernández, mucho menos cuando eso sólo compete al gobernador Juan Sabines Guerrero, advierte el diputado presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso local, Javier Martínez Vargas.

"Sabemos que hay un grupo de personas que tienen intereses muy particulares, encabezados por un ex Diputado local y actual Subsecretario de SEPI, pero sin el respaldo de los ediles indígenas y organizaciones indígenas, por eso como diputados integrantes de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas de esta LXIII Legislatura pedimos respetuosamente al Gobierno del Estado que atienda este asunto, dialogue con los inconformes, pero también queremos sostener que no estamos a favor de la ilegalidad", resumió. (Cuarto Poder)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Más agresiones

Gloria Muñoz Ramírez escribe en su columna Los de Abajo que “a Bolon Ajaw (Nueve Reyes, en tzeltal) se llega a pie, por una vereda que recorre un costado de las famosas cascadas de Agua Azul. Las 47 familias que habitan este poblado son bases de apoyo del EZLN. Son 200 hombres, mujeres y niños, cuya vida transcurre entre disparos al aire, agresiones físicas, amenazas, insultos, quema de milpas y casas, bloqueo a la entrada de su pueblo y una serie de hostilidades protagonizadas por el grupo paramilitar Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).” (La Jornada. Se anexa)

Derecho y guerra

Federico Anaya Gallardo menciona en la segunda parte de su artículo que “Camacho y Lomelí nos dicen en ‘Acteal: algunos trasfondos del debate (La Jornada, 22/12/07)’ que ‘ante una masacre como la ocurrida, donde las acciones fueron colectivas, es difícil, según han señalado los especialistas, determinar quién disparó a una persona en específico y quién no; es un crimen en colectivo contra un colectivo’. Precisamente por ello es que enredarse, como hace el Centro de Investigación y Docencia Eeconómicas (CIDE), en la defensa puntillista de los procedimientos penales del caso Acteal es caer en una trampa diabólica.” (La Jornada. Se anexa)

TEXTOS

Más agresiones
Gloria Muñoz Ramírez/ Los de Abajo/La Jornada

A Bolon Ajaw (Nueve Reyes, en tzeltal) se llega a pie, por una vereda que recorre un costado de las famosas cascadas de Agua Azul. Las 47 familias que habitan este poblado son bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Son 200 hombres, mujeres y niños, cuya vida transcurre entre disparos al aire, agresiones físicas, amenazas, insultos, quema de milpas y casas, bloqueo a la entrada de su pueblo y una serie de hostilidades protagonizadas por el grupo paramilitar Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).

A las 2:45 de la tarde del pasado 2 de enero, se escucharon en la milpa colectiva tres tiros de escopeta y seis de arma calibre 16. Más tarde apareció colgada, entre dos árboles, una camiseta despedazada a machetazos. Todo esto, dicen los zapatistas, “para que les tengamos miedo. Así es como amenazan. Dicen que si nos agarran, nos van a cortar la nuca y nos van a cortar en pedazos”.

Un día les queman las casas, otro le disparan a un hombre y uno más hieren a otro a machetazos. En esta espiral de violencia cotidiana otro día amanecen las milpas quemadas o cortadas, un niño es maniatado y golpeado, las mujeres agredidas verbalmente o cualquiera de los hombres golpeados salvajemente. Y los zapatistas de Bolon Ajaw resisten: “no tenemos miedo. Aquí venimos a trabajar, no a provocar problemas. No nos vamos a ir, no tenemos adónde”, declaran hombres y mujeres, reunidos en una orilla de este poblado enclavado en medio de una naturaleza espléndida.

Pobres entre los pobres, los zapatistas de esta región aseguran que no abandonarán las 339 hectáreas de las que pretenden desalojarlos. No se trata de cualquier tierra. La ambición de las diferentes instancias de gobierno y del poder económico se entiende en cuanto se llega a estas cascadas, aún no explotadas para el turismo (son continuación de las de Agua Azul), que se encuentran en el territorio recuperado por el EZLN en 1994. La Opddic sólo es el instrumento para hostigarlos, hasta conseguir que se vayan. Los intereses por estas tierras tocan esferas más altas.

En Bolon Ajaw la tensión crece en estos días. Los integrantes de la Opddic (opdiqueros, les dicen los zapatistas) “tienen guardadas 57 armas de alto poder, y dicen que en cualquier momento las van a usar para el desalojo”. De todos los agresores hay nombres y apellidos (Óscar García, Miguel Silvano, etcétera), pero nada pasa con ellos a pesar del cúmulo de denuncias. La complicidad de las instancias de gobierno es inocultable (el hombre que les disparó recientemente es policía estatal de Caminos).

“Nosotros queremos resolver el problema por la vía pacífica, no buscamos enfrentamientos. Sólo queremos trabajar la tierra, y pues no nos vamos a dejar. No nos desesperamos. Ya hicieron de todo y estamos aquí. No nos vamos. Aquí nos morimos”, declaran estos hombres y mujeres con una serenidad que provoca escalofrío.

Recientemente, las agresiones de la Opddic se extendieron a las brigadas de observación. No hay límites en esta escalada de violencia.

Derecho y guerra
Federico Anaya Gallardo/II y última parte/La Jornada

Camacho y Lomelí nos dicen en “Acteal: algunos trasfondos del debate (La Jornada, 22/12/07)” que “ante una masacre como la ocurrida, donde las acciones fueron colectivas, es difícil, según han señalado los especialistas, determinar quién disparó a una persona en específico y quién no; es un crimen en colectivo contra un colectivo”. Precisamente por ello es que enredarse, como hace el Centro de Investigación y Docencia Eeconómicas (CIDE), en la defensa puntillista de los procedimientos penales del caso Acteal es caer en una trampa diabólica.

Al aplicar el derecho y perseguir los delitos existe una diferencia radical entre situaciones de paz y guerra. En tiempos de paz la violencia social se manifiesta de modo individualizado, y en un porcentaje alto de los casos es posible establecer responsables individuales para cada hecho violento. En este contexto se deben aplicar los principios de debido proceso y presunción de inocencia. Su estándar debe ser muy alto: cualquier duda respecto de la responsabilidad individual debe resolverse declarando la inocencia del acusado. Cosa distinta ocurre en situaciones de guerra. Aquí la violencia se da de modo colectivo, y la determinación de responsabilidades individuales se vuelve difícil, cuando no imposible. Aplicar en estos casos un estándar alto de presunción de inocencia conllevaría la absolución automática de todos los implicados. Hay una notable excepción: la de quienes están al mando de los grupos armados. Los tribunales que juzgan crímenes de guerra no suelen procesar combatientes individuales, sino a quienes los dirigen. Pero de nueva cuenta el carácter colectivo de las acciones de guerra impide determinar claramente una responsabilidad criminal individualizada. Por ello los mandos de las bandas armadas no son juzgados por homicidios o lesiones específicas. Se les juzga por provocar el estado de guerra y por ordenar o permitir homicidios y lesiones.

Veamos el artículo 37 del Código Penal federal, que castiga el delito de rebelión. El segundo párrafo de esa norma señala: “los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate…” El Legislativo reconoce aquí el problema de establecer responsabilidades individualizadas y elimina la responsabilidad penal. Pero la misma norma afirma que la responsabilidad de los mandos es grave. A renglón seguido, agrega que de los homicidios y lesiones que se causen fuera de combate “serán responsables tanto el que los mande como el que los permita y los que inmediatamente los ejecuten…” Primero es responsable el mando que ordena o permite, y sólo después (si es posible determinar la responsabilidad individualizada) quien ejecuta.

Aun para hacer la guerra hay reglas. Toda guerra sucia es de suyo ilegal. En combate, cuando la violencia colectiva está desatada, matar y herir no es delito. Fuera del combate, matar y herir es un crimen. Ésta es la situación del caso Acteal, de acuerdo con todos. Inclusive, Aguilar Camín reconoce que luego de una supuesta batalla los agresores siguieron atacando a civiles indefensos (Nexos, diciembre 2007, y programa Espiral del 17 de diciembre de 2007 en Canal 11). De este tipo de delitos el primer responsable es quien los ordenó o quien los permitió. En Acteal, de acuerdo con la versión del propio Aguilar Camín, quienes permitieron esos ilícitos fueron las autoridades municipales de Chenalhó y los gobiernos de Chiapas y de la República (Nexos, noviembre de 2007).

La existencia material de los paramilitares en Chiapas ha sido probada multitud de veces en informes de organismos defensores de derechos humanos y reportes de prensa confirmados. Hay noticias ciertas de que la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró en 1994 un Plan de Campaña, que incluía la formación de grupos civiles armados leales al gobierno, como parte de su estrategia para vencer a los rebeldes zapatistas (Marín, Delgado y M. Scherer, Proceso 1105 y 1106, enero de 1998. Marín, Milenio Semanal 172, 1/01/01). El gobierno federal ha evadido sistemáticamente este tema, porque aceptar que existe una relación entre ese plan de campaña militar y los paramilitares sería confesar que ignoró la Constitución, que obligaba a la Presidencia de la República a solicitar al Congreso una ley de suspensión de garantías que le indicase cómo enfrentar a los rebeldes en 1994 y, luego de 1995, que violó la Ley para el Diálogo, aprobada por el Congreso en 1995.

Esta última norma reconoce lo que Camacho y Lomelí dicen: en Chiapas estamos ante hechos de violencia colectiva, que no pueden ser atendidos con el sistema legal propio de los tiempos de paz. La Ley para el Diálogo es una disposición de tiempos de guerra, pero no suspende garantías. Hace algo mejor: establece un mecanismo de negociación complejo, que permita detener las hostilidades ya desencadenadas y atender los problemas sociales que originaron la insurrección indígena. Precisamente esto hace más grave su violación por parte de la administración de Ernesto Zedillo, quien permitió que bandas armadas leales a su gobierno atacaran al zapatismo y a cualquier otro opositor, minando el proceso de diálogo ordenado por la ley. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) abandonó las conversaciones en septiembre de 1996, señalando como causa las acciones paramilitares de Paz y Justicia. Suspendidas las negociaciones, el Ejército buscaba una excusa para atacar abiertamente a su enemigo.
Los ataques de las bandas armadas en Chenalhó buscaban eso exactamente: una respuesta de los zapatistas, que justificara un contrataque. Correctamente, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) denunció la estrategia del Ejecutivo (véanse los testimonios de Martínez Veloz en La Jornada).

La Ley para el Diálogo de 1995 refleja dos realidades contradictorias. Una, la voluntad pacifista de la sociedad mexicana, que desde 1994 (y hasta ahora) se ha opuesto tanto a la violencia revolucionaria del EZLN como a la represión gubernamental. Otra, el fracaso del intento de Zedillo por descabezar la insurgencia zapatista en febrero de 1995. Ambas realidades ayudan a entender lo que es “políticamente correcto” en el México posterior al zapatismo. La insurrección del EZLN ha sido reconocida como legítima por el Congreso de la Unión. Por tanto, más allá de su ilegalidad, los rebeldes, su causa y su agenda social pueden ser (y son) aceptadas públicamente por la mayoría de los mexicanos.

Se trata, sin duda, de una situación enojosa. La Ley para el Diálogo regula una situación de excepción. La decisión de Zedillo y del Ejército Mexicano de violarla, apoyando a los paramilitares, ha obligado a mantener la situación de excepción por tres lustros. La situación es especialmente molesta para personas que hace mucho abjuraron de la vía de las armas, luego de tomarlas (como Hirales) o pese a nunca haberlo hecho (Aguilar Camín). Esto explica la virulencia con que estos intelectuales quieren demostrar la “culpabilidad” zapatista en toda la violencia chiapaneca. No entienden que el Congreso ordenó suspender la persecución penal de culpables y dialogar. No entienden que si hay un culpable, es el Ejecutivo federal por desobedecer una orden directa de la soberanía democrática.

La situación de excepcionalidad jurídica de Chiapas también molesta a los abogados formalistas, como los del CIDE. Al tomar la defensa de los asesinos de Acteal, presentan su caso como paradigma de la injusticia del sistema penal mexicano. No puede ser paradigma, porque Acteal nace de una situación de excepción por vía doble: primero, la excepcionalidad regulada por la Ley del Diálogo, y, segundo, por la excepcionalidad creada por la violación que hizo Zedillo de esa ley. Si el CIDE no comprende esto será, lo quiera o no, cómplice de una de las partes beligerantes (el gobierno federal) en un conflicto armado que no se ha resuelto.

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