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México, D.F, 2 de agosto de 2008
EZLN
Denuncian zapatistas agresiones de la Opddic en San Sebastián Bachajón
Hermann Bellinghausen escribe que campesinos tzeltales del ejido San Sebastián Bachajón (Chilón, Chiapas), adherentes de La otra campaña, denunciaron amenazas de desalojo y muerte por parte de integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), de filiación priísta. (La Jornada. Se anexa)
“Siento coraje porque nos tuvieron años injustamente encarcelados”
Ángeles Mariscal escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que “no se cómo decirlo, pero siento un coraje dentro de mí contra la autoridad y contra el gobierno porque nos tuvieron muchos años injustamente encarcelados, y las mujeres presas están con sus hijos ahí adentro, encerrados todos”, relató María Delia Pérez Arizmendi, miembro de la organización La Voz de El Amate, a los integrantes de la Caravana Nacional e Internacional de Solidaridad y Observación con las comunidades zapatistas. (La Jornada. Se anexa)
GRUPOS ARMADOS
Atribuyen a caso EPR salida de subprocurador de la PGR
La liberación de los dos policías de Oaxaca —detenidos en abril pasado—, que eran los únicos sospechosos por la desaparición de dos eperristas, generó la salida de Noé Ramírez Mandujano de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Tras esta falla, que se acumuló a algunas otras deficiencias, por instrucciones presidenciales se le solicitó a Ramírez Mandujano la renuncia al cargo. Fuentes del gobierno federal explicaron que la falla del equipo de Mandujano en este caso tuvo un alto costo político que debilitó la postura del gobierno federal frente al Ejército Popular Revolucionario. Sólo cuatro días después de que un juez federal ordenó —el 26 de julio pasado— que se levantara el arraigo a Pedro Hernández Hernández, comandante de la Policía Ministerial del grupo Fuerza Policial de Alto Rendimiento de Oaxaca y del agente de la misma corporación Ángel Reyes Cruz, alias El Chicharrón, el subprocurador a cargo del caso presentó su dimisión al cargo. Las autoridades consultadas indicaron que el resultado de esta investigación provocó el malestar del Ejecutivo, pues abre la posibilidad de que el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (EPR), ponga en duda el compromiso del Gobierno Federal en esclarecer la desaparición de dos de sus integrantes, y continúe con su política de atentados contra las instalaciones estratégicas del país. Los policías oaxaqueños fueron detenidos el 25 de abril pasado, como presuntos responsables de la desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida en mayo de 2007 en esa entidad. (El Universal)
ARTÍCULOS COLUMNAS Y EDITORIALES
Caravana en Chiapas
Gloria Muñoz Ramírez escribe en su columna Los de Abajo que “la solidaridad entre iguales, el acompañamiento político y fraterno, el ‘aquí estamos’ que tiene como respuesta ‘estamos contentos con ustedes’, la emoción de saberse entre compañeros pisando tierras autónomas y en rebeldía, la alegría y la indignación común, la suma de esfuerzos y voluntades, el reconocimiento del enemigo común y el propósito de seguir luchando juntos. Todo esto y más se vive estos días en los pueblos zapatistas, durante la visita de la Caravana nacional e internacional de observación y solidaridad con las comunidades zapatistas de Chiapas. (La Jornada. Se anexa)
TEXTOS
Denuncian zapatistas agresiones de la Opddic en San Sebastián Bachajón
Hermann Bellinghausen/La Jornada
Campesinos tzeltales del ejido San Sebastián Bachajón (Chilón, Chiapas), adherentes de la otra campaña, denunciaron amenazas de desalojo y muerte por parte de integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), de filiación priísta.
Según la denuncia, los ejidatarios recibieron “amenazas de muerte, secuestro, quema de casas y violación de nuestra familia, prefabricando delitos y exigiendo a ciertas autoridades del gobierno desalojarnos”. Para ello se habrían abierto averiguaciones previas en los ministerios públicos de Bachajón, Yajalón, Tila y Ocosingo.
Ante esto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) manifestó a su vez “temor de ataque armado o enfrentamiento por el control de la caseta de acceso al área natural protegida de las cascadas de Agua Azul”, así como “temor por los agentes de pastoral de la misión jesuita de Bachajón”.
Los indígenas amenazados exhibieron un documento anónimo, repartido en días recientes por Opddic en las inmediaciones de Agua Azul, donde se acusa a los ejidatarios de “secuestradores, maleantes, pandilleros, asaltantes que tienen retenida la caseta de cobro, personas que son miembros de la organización Yomblej pero se hacen pasar por zapatistas”. (En realidad, los “acusados” no pertenecen a ninguna de estas organizaciones, sino a la otra campaña).
El libelo atribuye sin fundamento a los ejidatarios tzeltales “golpear, secuestrar, torturar y violar mujeres”. Asegura que el gobierno estatal “ha dejado impunes” dichas acciones, y añade: “Damos a conocer al público en general para que nos apoyen a exigirle a las autoridades competentes, para darle solución a este conflicto agrario. También comunicamos a todos los turistas (que) tomen sus precauciones.”
De acuerdo con el CDHFBC, el temor de una agresión violenta se funda en este anónimo y en las agresiones del pasado 16 de julio cometidas por Opddic contra ejidatarios de San Sebastián Bachajón. “De acuerdo a testimonios de víctimas, testigos y otras fuentes confiables, ese día se presentó un grupo de Opddic a bordo de diferentes carros con la finalidad de ocupar la caseta de acceso a Agua Azul, de manera agresiva y realizando disparos al aire”.
La acción fue encabezada por el sexto regidor del municipio de Chilón, Antonio Jiménez García, quien “fue detenido por los ejidatarios junto con Amílcar Vilchis Estrada, de la Policía Estatal Preventiva (PEP), destacamentado en Yajalón, que habría llegado a bordo de la patrulla 044, evidenciando la complicidad de funcionarios en los hechos”. El despojo se frustró “y posteriormente ambos fueron entregados a la PEP”.
La amenaza anónima señala también: “Sabemos que esta creación de vandalismo y delincuencia organizada (sic) están patrocinados por el Centro de Derechos Humanos Indígenas (Cediac) con residencia (en el) colegio de los jesuitas de la iglesia de Bachajón”.
Se hace una mención dolosa a los Chinchulines y su violencia en 1996, lo cual “fortalece de manera sutil la amenaza”, apunta el CDHFBC. “En aquella ocasión, los Chinchulines, grupo de corte paramilitar, concertaron un ataque a la población de Bachajón para perseguir y agredir a los opositores al PRI y particularmente a la misión jesuita. A este centro le preocupa que Opddic realice nuevas agresiones”, debido los antecedentes y “las evidentes vinculación y protección” del grupo de Opddic por parte de funcionarios estatales y municipales.
La caseta (una de las existentes, pues Opddic controla las principales) a las cascadas de Agua Azul “colinda precisamente con el espacio que ha sido escenario de agresiones violentas de la propia Opddic contra comunidades zapatistas asentadas en la zona” (como Bolom Ajaw). Opddic disputa “el control de los ingresos del turismo” en un área donde se pretende desarrollar un corredor turístico del denominado Centro Integralmente Planificado Palenque-Agua Azul, impulsado por los gobiernos federal y estatal.
De acuerdo con el CDHFBC, los ingresos de la caseta “han sido utilizados tradicionalmente para el pago del impuesto predial de San Sebastián Bachajón, y han estado bajo control y administración de las autoridades indígenas de las tres zonas que conforman el ejido”. Opddic pretende arrebatar este ingreso económico “y controlar la región en la disputa por los presuntos beneficios de la inversión turística”.
“Siento coraje porque nos tuvieron años injustamente encarcelados”
Ángeles Mariscal/La Jornada
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. “No se cómo decirlo, pero siento un coraje dentro de mí contra la autoridad y contra el gobierno porque nos tuvieron muchos años injustamente encarcelados, y las mujeres presas están con sus hijos ahí adentro, encerrados todos”, relató María Delia Pérez Arizmendi, miembro de la organización La Voz de El Amate, a los integrantes de la Caravana Nacional e Internacional de Solidaridad y Observación con las comunidades zapatistas.
Algunos de los cientos de extranjeros y mexicanos que llegaron a la entidad no pudieron contener lágrimas de indignación ante los testimonios de los siete ex presos que apenas hace una semana fueron liberados, gracias a las movilizaciones que emprendieron cientos de simpatizantes zapatistas.
“La injusticia que sufre la gente indígena de Chiapas es dolorosa porque el gobierno empieza a inventar delitos que no se cometen, y por ser pobres no podemos contratar abogados que nos defiendan. El sistema de justicia en Chiapas y México sólo se enfoca en reprimir a la gente más pobre”, explicó Delia.
Su testimonio, su coraje, el sufrimiento que mostraba, era la huella de siete años de cárcel. Originaria de la comunidad Flores Magón, un pueblo de indígenas tzotziles ubicado en el municipio Venustiano Carranza, la detuvieron sin orden de aprehensión, la torturaron a sabiendas de que estaba embarazada. Dio a luz en la cárcel.
“Nosotros, pobres y campesinas, no tuvimos dinero para lograr nuestra libertad. El gobierno nos pedía dinero, hay muchos ricos que son delincuentes y en sólo dos o tres meses de cárcel y ya están afuera. No se cómo decirlo, pero siento un coraje dentro de mí contra la autoridad y contra el gobierno”, narró ante un auditorio atento.
María Delia, de 44 años, se refirió no sólo de los presos simpatizantes zapatistas, habló de los cientos de mujeres, la mayoría de ellas de origen campesino e indígena, que pueblan las cárceles de Chiapas.
“Ellas están con sus hijos, con sus bebés ahí adentro. Hay muchos niños que están encerrados con sus mamás, y también otros (niños) viven con sus papás porque ellos no pueden salir a trabajar para mantener a sus hijos.
“Por eso les pido que nos ayuden porque muchos quedaron adentro. Les ruego por los que faltan por salir, por favor, no nos dejen solos.” Explicó que son numerosos los casos de personas de las comunidades indígenas, zapatistas o no, que están siendo selectivamente reprimidas.
Medicina tradicional
Los integrantes de la Caravana Nacional e Internacional en Solidaridad con las Comunidades Zapatistas también escucharon a las mujeres zapatistas del poblado La Garrucha.
Hortensia, una de ellas, les habló ya no de sus historias de sufrimiento, sino de sus sueños. “Estamos trabajando para recuperar los conocimiento de la medicina tradicional indígena, queremos convertir las plantas (medicinales) en cápsulas, pastillas, pomadas”.
La indígena tzeltal forma parte de un grupo de jóvenes promotoras de salud. “Nosotras no queremos perder lo que nuestros antepasados lograron, no queremos perder esos conocimientos, sino aprender más. Estamos organizándonos para tener esa capacidad de curar con plantas y no tener que ir a comprarlas a las farmacias”, señaló.
Dijo que en este proceso las personas que más saben capacitan a los más jóvenes; sin embargo han visto obstaculizado este proyecto por no tener equipo para procesar las plantas, y falta material didáctico. La mujer explicó que de no realizar las propias comunidades esta carrera de apropiación y desarrollo del conocimiento de la medicina tradicional indígena, las empresas farmacéuticas, algunas organizaciones de intelectuales, y los gobiernos de México y otras partes del mundo, tienen puestos sus ojos en este mismo proyecto.
Por el momento, dijo, se han logrado detener los saqueos de plantas medicinales y explotación de los curanderos indígenas; sin embargo, la insistencia de grupos trasnacionales continúa.
Otros de los integrantes de la caravana se trasladaron a diferentes poblados de la selva, donde el Ejército Mexicano ha incursionado en las últimas semanas. En las reuniones, explicaron que casi con la llegada de los activistas sociales, la policía y los militares retiraron algunos de los cuarteles que tenía en puntos estratégicos, quizá como medida para ocultar temporalmente su presencia.
Caravana en Chiapas
Gloria Muñoz Ramírez/La Jornada
La solidaridad entre iguales, el acompañamiento político y fraterno, el “aquí estamos” que tiene como respuesta “estamos contentos con ustedes”, la emoción de saberse entre compañeros pisando tierras autónomas y en rebeldía, la alegría y la indignación común, la suma de esfuerzos y voluntades, el reconocimiento del enemigo común y el propósito de seguir luchando juntos. Todo esto y más se vive estos días en los pueblos zapatistas, durante la visita de la Caravana nacional e internacional de observación y solidaridad con las comunidades zapatistas de Chiapas, integrada por cientos de activistas de México, Argentina, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Estado Español, Italia, Francia, Grecia, Bélgica, Alemania, Suiza y Dinamarca.
Esta caravana no es la primera ni (esperemos) la última que se realiza a las comunidades en resistencia, pero tiene como particularidad que se lleva a cabo en medio de un incremento del hostigamiento gubernamental, particularmente económico, dirigido a aplastar un proyecto autónomo que tiene una propuesta nacional e internacional de lucha anticapitalista. Otro elemento que enmarca esta visita es el casi total silencio mediático alrededor de la actual embestida protagonizada por los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y por los tres principales partidos políticos (PRI, PAN y PRD).
Los más de 300 activistas, provenientes en su mayoría de Europa, se dispersan ahora por las diferentes comunidades zapatistas de la selva y Los Altos de Chiapas. Llegan con un compromiso de solidaridad política, escuchan con respeto a sus anfitriones, graban, toman apuntes y fotografías con las que después realizarán materiales que les sirvan para difundir la actual situación de Chiapas en sus respectivos países. Hay, por supuesto, denuncias de los zapatistas, pero también hay complicidad e intercambio con quienes “llegaron desde lejos, porque se ve y se siente que sí están en la lucha con nosotros”.
Los poderes locales de Chiapas se preparan para la visita non grata y les niegan gasolina para poder trasladarse a las comunidades. Los cuerpos de inteligencia de a saber qué dependencia les toman fotografías intimidatorias, pero nada impide que la gente solidaria llegue a su destino, donde los zapatistas los reciben con bailes, alegría y con un “ojalá que sigan apoyando y organizándose, porque bien saben que el mal gobierno cada día planea cómo nos va a chingar en cada comunidad”.
A casi 25 años de su fundación, a más de 14 del inicio de la guerra y a cinco años exactos de la formalización de su autonomía, los zapatistas siguen concitando en el país y en el mundo una propuesta de lucha y organización. Y, como se puede apreciar, no están solos.
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