Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas
           
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Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 30 de abril de 2008

EZLN

Incierta, la situación jurídica de dos indígenas zapatistas presos en Yajalón

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que al cumplir cinco días en el Cereso 12 de Yajalón, sigue siendo incierta la situación jurídica de los presos zapatistas Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y su padre Francisco Pérez Vázquez. Al ser trasladados a Chiapas el pasado día 24, los campesinos choles, quienes permanecieron casi 12 años presos en Tacotalpa, Tabasco, fueron internados en un hospital privado en Tuxtla Gutiérrrez, y así, forzados a romper la huelga de hambre que sostenían en demanda de su liberación. Tanto los familiares como miembros de Sipaz, Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica en la zona norte, Pueblo Creyente, la otra Tabasco y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casas (CDHFBC), que los han visitado en su nueva reclusión, confirman que siguen sin practicárseles los estudios clínicos que necesitan. El gobierno chiapaneco de Juan Sabines estaría cumpliendo su compromiso de atraerlos a su jurisdicción para liberarlos definitivamente, pero no hay nada firme al respecto. En relación con los “presos políticos” de la Voz de los Llanos, adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, agredidos por internos del Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas en días pasados, se supo extraoficialmente que los agresores (los “precisos” de dicho penal) fueron trasladados la madrugada de hoy a otro centro carcelario. No obstante, los miembros de la Voz de los Llanos, quienes se mantuvieron en huelga de hambre durante más de un mes, permanecen aislados en las instalaciones del Cereso 5. (La Jornada)

CHIAPAS

Nuevo conflicto por tierras en Chiapas

Elio Henríquez escribe desde San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, que un nuevo hecho de violencia se suscitó cerca del predio de 885 hectáreas que se disputan Chalchihuitán y Chenalhó, lo que ha avivado la tensión en la zona. Pobladores del primer municipio afirmaron que fue herido de gravedad con una navaja el indígena Roberto Carlos Pérez Girón, cuyo tío Marcos Pérez Gómez fue presidente del comisariado de bienes comunales de Chalchihuitán hace unos años e inició el juicio agrario en que los dos pueblos están enfrascados. (La Jornada)

Sube $1.50 el precio de la tortilla en Chiapas

El precio de la tortilla se incrementará en la entidad 1.50 pesos a partir de mayo, anunció la Unión Estatal de Industriales de la Masa y la Tortilla. El costo de producción será subsidiado por el gobierno de Chiapas sólo hasta este abril. El presidente de los tortilleros chiapanecos, Mario Alberto Coutiño Fonseca, dijo que el producto se venderá hasta en 10 pesos, según la región, “para recuperar los costos de producción y porque el precio del producto está liberado”. El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Antonio Morales de la Peña, descartó acuerdos con industriales para un aumento al precio de la tortilla en el país y en Chiapas, “debido a que no hay condiciones para ello”. (La Jornada, Cuarto Poder, Diario de Chiapas)

Chiapas queda sin electricidad

Los fuertes vientos provocados por la entrada del frente frío número 42 al territorio chiapaneco provocaron apagones, una baja en la temperatura de 40 a 27 grados aproximadamente, así como lluvias ligeras. La CFE informó que en la región fronteriza los vientos de hasta 55 kilómetros por horas provocaron averías a una línea de  115 mil voltios, por lo que el fluido eléctrico se suspendió durante unas tres horas. Los municipios más afectados fueron Comitán, Frontera Comalapa, Tzimol, Las Margaritas y La Independencia. (Excélsior, La Jornada)

GRUPOS ARMADOS

Diálogo con el EPR, pero sin intermediarios, dice el gobierno

Fabiola Martínez escribe que el Gobierno Federal aceptó dialogar con el Ejército Popular Revolucionario, mediante las siguientes condiciones: encuentro directo (donde los personajes propuestos por el grupo armado funjan sólo como “testigos sociales” y no como intermediarios); que el EPR se comprometa públicamente a suspender de forma definitiva “acciones radicales” de sabotaje y de violencia. (La Jornada, El Universal, Reforma, Excélsior, Crónica, Milenio, Diario Monitor, El Sol de México, El Financiero, El Heraldo de Chiapas. Se anexa)

Limitan diálogo las condiciones que el gobierno plantea al EPR: mediadores

Blanche Petrich escribe que el escritor Carlos Montemayor y el antropólogo Gilberto López y Rivas, propuestos por el EPR como parte de un grupo mediador en un eventual proceso de negociación con el Gobierno Federal, señalaron que para que esta iniciativa prospere es indispensable que la Secretaría de Gobernación entienda “que cuando una fuerza guerrillera se abre a una negociación política, no está proponiendo su propia capitulación”. (La Jornada. Se anexa)

Advierten resistencias

Miguel Ángel Granados Chapa advirtió que tanto el Gobierno Federal como el EPR aceptaron con muchas resistencias un proceso de negociación. “Los comunicados del EPR y del Gobierno son muy reticentes. Aceptan el diálogo, sobre todo el Gobierno, muy forzado, insiste mucho en la aplicación de la ley y en el funcionamiento de las instituciones”. “Pero cuando se trata de una situación excepcional, habría que esperar una apertura pero es sólo una primera impresión, no tengo todavía idea”, aseguró. En entrevista radiofónica, Carlos Montemayor dijo que los integrantes de la comisión no tienen un teléfono rojo con el Gobierno Federal ni con el EPR y que de darse contacto con alguna de las partes, podría ser con el gobierno ya que a los miembros del EPR los desconocen. (Reforma)

El PRI pide prudencia al gobierno

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, pidió al Gobierno Federal prudencia en el diálogo con el EPR, pues consideró a ese grupo “un peligro para el país”. Gamboa calificó de meritorio que el grupo subversivo pida diálogo y el gobierno conteste afirmativamente, porque se abre la posibilidad de llegar a un proceso de paz y tranquilidad en el país, para que no haya más violencia por parte del EPR. En tanto, Javier González Garza, coordinador del PRD en San Lázaro, festejó la posibilidad de abrir un espacio de negociación con el EPR. Destacó el esfuerzo del grupo que se conformará para mediar entre el EPR y el gobierno. Por separado, el panista y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Cristian Castaño, indicó que se debe facilitar el diálogo a un grupo que está fuera del marco legal y ahora busca incorporarse a la vida civil y política por los medios constitucionales. (Milenio, Diario Monitor)

Apoya AN el diálogo con los eperristas

El PAN manifestó su apoyo a la decisión del Gobierno Federal de aceptar el inicio de un diálogo con el EPR. Homero Niño de Rivera, secretario de comunicación del CEN panista, manifestó que no existe ninguna incongruencia entre esa posición y la que emitió el lunes el dirigente Germán Martínez, quien se opuso a la negociación con un grupo que tiene armas en las manos. El funcionario del PAN explicó que no hay incongruencia porque el gobierno federal puso como condición para iniciar el diálogo que el EPR abandone las acciones violentas de manera definitiva; esto quiere decir que la administración federal negociará siempre y cuando el grupo quite la pistola de la mesa, como ha dicho el presidente del partido. (La Jornada)

Presentó el FAP en la Cámara de Diputados iniciativa de ley de amnistía

El Frente Amplio Progresista (FAP) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para aprobar una ley de amnistía en beneficio de ciudadanos en contra de quienes el Estado mexicano haya ejercido o ejerza acción penal por delitos derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o por su vinculación, real o supuesta, con movimientos armados. La diputada perredista Aleida Alavez explicó que, de aprobarse la iniciativa, ello posibilitaría la distensión de los conflictos sociales y, en consecuencia, fortalecer la gobernabilidad del país, y constituiría un punto de partida para continuar la transformación de México en un régimen en el que impere un verdadero estado de derecho. (La Jornada)

Acogida del IFE, si están en la legalidad

El IFE otorgará registro, prerrogativas y el tratamiento que ordena la ley a cualquier organización, incluida el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que decida transitar por el cauce de la legalidad y cumpla con los requisitos para convertirse en un partido político, e incluso participar en elecciones aseguró el presidente de este órgano electoral, Leonardo Valdés Zurita. (Crónica)

Policías de Oaxaca sí detuvieron a los eperristas desaparecidos

El comandante de la Policía Ministerial del Grupo Fuerza Policial de Alto Rendimiento de Oaxaca, Pedro Hernández Hernández, y el policía de esa corporación Ángel Cruz Reyes, El Chicharrón, sí detuvieron a los presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario, Gabriel Alberto Cruz y Edmundo Reyes Amaya, pero nunca los presentaron ante el agente del Ministerio Público, según se desprende de las declaraciones de un funcionario de la procuraduría de justicia de esa entidad. El testigo de la Procuraduría General de la República, de quien por razones de seguridad se omitió su nombre, pero de quien se específica que labora en la procuraduría estatal, manifestó tener conocimiento de que sí existió una orden para detener a los eperristas tras haberse iniciado una averiguación previa en su contra, derivado del conflicto de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO). (Milenio, La Jornada, Excélsior, Reforma)

PGR: hay nueve grupos rebeldes; para EU, casi 30

En México existen al menos tres grupos insurgentes o subversivos que operan en siete estados del país, refiere un informe elaborado por el Congreso de Estados Unidos, que da una visión general de cómo opera el Ejército Popular Revolucionario y otras organizaciones. El reporte indica que existen también otros 25 grupos subversivos de menor fuerza y presencia que operan a lo largo del territorio nacional. En tanto, el gobierno mexicano, en sus investigaciones hechas a través de la Procuraduría General de la República, detalla que en el país sólo hay nueve grupos subversivos activos.
Las autoridades mexicanas tienen detectados como grupos rebeldes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Ejército Popular Revolucionario; al Ejército Revolucionario del Pueblo Independiente, al Comando Jaramillista Morelense 16 de Mayo, al Ejército Villista Revolucionario del Pueblo, al Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres Comando Justiciero 28 de junio, a Tendencia Democrática Revolucionaria, a la Coordinadora Guerrillera Nacional “José María Morelos” y a las Fuerzas Revolucionarias del Pueblo. Para el gobierno de Estados Unidos, los grupos insurgentes instalados en México son el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Ejército Popular Revolucionario, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente,las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo,el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo, el Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres Comando Justiciero 28 de junio y el comando José María Morelos y Pavón Consejo Nacional de Guerrilla, entre otros más. (Milenio)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Otra trampa

Pablo Hiriart comenta en su columna Vida nacional: “Cuanto antes y sin medias verdades, debe conocerse dónde están o qué pasó con Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, miembros del EPR desaparecidos en mayo de 2007. Sean inocentes o culpables, estas dos personas no debieron haber desaparecido nunca. Si los mataron agentes federales, miembros del Ejército o policías de Oaxaca, no sólo debe saberse, sino que los autores del doble crimen tienen que ser severamente castigados. El Estado mexicano no puede usar los mismos métodos asesinos de grupos terroristas que justifican sus actos con fines ideológicos. Corresponde al Estado esclarecer lo sucedido con estas dos personas, cuya presentación reclama la cúpula del EPR. Lo que no corresponde al Estado es caer en la trampa de parte de un grupo armado que ha asesinado a soldados en emboscadas a mansalva y ha saboteado instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos. Entre los ‘testigos sociales’ que acepta Gobernación está uno de los promotores y artífices del EZLN, Samuel Ruiz García. Está un ex agente de la KGB, que espió para la Unión Soviética en Estados Unidos, Gilberto López y Rivas. Y está Rosario Ibarra de Piedra, a quien los documentos encontrados en la computadora del líder de las FARC, Raúl Reyes, señalan como uno de los principales contactos en México de ese grupo narcoguerrillero. ¿Esos van a ser los ‘testigos sociales’ cuya tarea será ‘facilitar el diálogo’? Si el EPR quiere, que lleve en su delegación a esos personajes, como parte de los suyos, pero Gobernación ha mordido el anzuelo y les quiere dar el grado de representantes de la sociedad en ese diálogo. Ahora bien, si el EPR buscó el diálogo, qué bueno. Pero no se vale que el gobierno peque (otra vez) de inocente. Para sentarse a la mesa, los eperristas deben estar dispuestos a dejar las armas. Marcos dice, en su libro, de próxima aparición, que ‘el EPR va a dar de qué hablar’. En eso están. Listos para ganar centralidad en los medios de comunicación, con tres ‘testigos sociales’a modo y sin renunciar a la vía armada. Ojo, mucho ojo. No olvidemos que, cuando ocurrió el alzamiento del EZLN, en las negociaciones de ‘paz’ se vio con naturalidad y cierta fascinación a encapuchados armados hasta los dientes. En ese contexto mataron a Colosio”. (Excélsior)

¿Otra opereta?

Armando Rojas Arévalosubraya en su columna Epistolario que “el EPR pide diálogo con el Gobierno Federal. Disculpen, soy muy mal pensado; me acuerdo mucho del consejo que un día me dio mi abuela: piensa mal y acertarás, y desde entonces dudo a las primeras de cambio, sobre todo si es una noticia o comentario de carácter político. Para colmo, uno de los primeros que aplaudió tal disposición del presunto EPR fue don Luis H. Álvarez. Después Marcos niega vínculos con el EPR pero muy displicente declara que el EPR ‘dará mucho de que hablar’, dejándonos como en el principio.” (Diario de Chiapas. Se anexa)

Diálogo: sí, pero no

Julio Hernández López escribe en su columna Astillero que “aspirante a una resurrección política imposible, el todavía secretario formal de Gobernación, Juan Camilo Pemexouriño, cerró ayer las puertas (provisionalmente) a la posibilidad de diálogo con el Ejército Popular Revolucionario (EPR). El bisoño funcionario dijo ‘no’ mediante la emisión de un ‘sí’ condicionado, que en los hechos deja un ínfimo margen de negociación: para establecer una fórmula exploratoria de acuerdos con la organización guerrillera, la burocracia calderonista pide al EPR que deje de ser lo que es, mediante una explícita ‘suspensión de manera definitiva’ de lo que Los Pinos-Gobernación llama ‘acciones radicales de violencia y sabotaje’” (La Jornada)

El diálogo sospechoso

Rafael Cardona escribe en su columna El Cristalazo que “si hemos de creer la explicación del EPR sobre sus motivos para sabotear instalaciones petroleras, hallar con vida a sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, la oferta de diálogo político aceptada ayer por el gobierno y anunciada por el secretario de Gobernación, Juan C. Mouriño, es un desatino. Considerar viable una mesa de diálogo en la cual no se atienda la principal demanda de quien está en la silla de enfrente y por cuyo logro ha sido capaz de dinamitar oleductos y gasoductos, resulta además de un despropósito, una pérdida de tiempo. En esas condiciones no podrían tener otro tema, especialmente cuando se les anuncia con tono categórico e inamovible: La manera como se ha presentado todo esto no parece tener ninguna otra razón más allá de vitaminar con la aparente solución de un conflicto de décadas al secretario de Gobernación cuya presencia en estos meses ha sido una sombra y cuyo futuro apenas resulta una esperanza”. (Crónica)

Diálogo, sí; pleito, no

En esta Editorial se destaca: “La sensatez, para tranquilidad de todos, comienza a dar sitio a la negociación y a postergar la violencia primitiva, por lo menos en un caso. El presidente Felipe Calderón aceptó la propuesta de diálogo del EPR, que además se compromete a suspender sus actos de sabotaje y terrorismo, con los cuales el año pasado reveló una insospechada capacidad de coordinación para volar oleoductos sin causar víctimas. El diálogo planteado es la fórmula adecuada para resolver el diferendo, y es loable que tanto gobierno como la guerrilla rompan viejos paradigmas y formulaciones de análisis sociopolíticos para abrir la posibilidad de hacerlo. Igualmente, importa que el gobierno de Oaxaca enfile las investigaciones del caso hacia dos presuntos implicados. Este acuerdo no significa conceder al EPR reconocimiento como fuerza beligerante, pero sí abre la puerta para cancelar al menos una de las causas declaradas de su desempeño ilegal. Toda violencia debe ser reprobada, aun la que surge de situaciones de injusticia social, económica y política.” (El Universal)

Como anillo al dedo

Alberto Carbot menciona en su columna Café para todos que “Ocurrió un hecho insólito. Una de las organizaciones más guerrilleras más radicales, el EPR lanzó una oferta de diálogo al gobierno del presidente Felipe Calderón. La organización parece ser que eligió el ‘timing’ contrario al del FAP y el PRD, que ha radicalizado sus posiciones y acaba de convocar, por medio de Andrés Manuel López Obrador, a una segunda etapa de la resistencia civil contra la reforma energética del gobierno. El EPR por supuesto no convocó a negociar la paz o la entrega de las armas. Sin embargo, ya resulta al menos inusual que haya decidido dialogar para el hallazgo de dos de sus militantes desaparecidos, Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz, supuestamente detenidos en Oaxaca el 25 de marzo pasado.
Y eso es precisamente lo que debe hacer el gobierno de Calderón, tan urgido como está de legitimidad, aunque el presidente del PAN, Germán Martínez, de inmediato se mostró en contra de dialogar con el EPR. Por fortuna, no todos los sectores del oficialismo son tan conservadores e intransigentes como los representados por Germán Martínez. Por eso, ya Luis H Álvarez, Comisionado Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, afirmó que el gobierno de Calderón no tendrá ningún inconveniente en entablar un canal de comunicación con el EPR. ‘El gobierno ha demostrado siempre estar dispuesto a escuchar los diversos planteamientos, y no sólo escuchar, sino atender aquellos asuntos que en realidad sean atendibles. Yo no veo mayor problema’, expuso. La oferta del EPR le llega como anillo al dedo al gobierno del presidente Calderón y si actúa de buena voluntad y acoge con seriedad esta propuesta podría allanar el camino para que la organización acceda a sentarse a la mesa de las negociaciones y acordar el fin de sus acciones armadas. Ciertamente, el EPR no representa a todos los grupos guerrilleros al margen del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), alzado en armas el 1 de enero de 1994. Seguramente estos grupos no deben ver con buenos ojos el acercamiento del EPR con el gobierno, pero tarde o temprano podría un diálogo como éste servir de acicate para ir desmovilizando a los diversos grupos rebeldes que han surgido en los últimos años en diversas zonas del país.” (Diario de Chiapas)

Inteligencia

Ciro Gómez Leyva escribe en su columna La Historia en breve que “en forma grotesca, ordinaria, los ‘críticos del sistema’ acusaron a los servicios de inteligencia del Gobierno Federal, en especial al Cisen, de no haber tenido la capacidad para anticipar y abortar los actos terroristas del EPR de septiembre contra las instalaciones de Pemex. Pues bien, ocho meses después no se registra uno solo. Por el contrario, el EPR anunció el lunes que quería dialogar con el gobierno, y el gobierno, advirtiéndole que no le dará una amnistía por adelantado ni aceptará intermediarios, le ha respondido que sí. Funcionó el trabajo de inteligencia. Funcionó el contacto en las tuberías, que no negociación, entre el gobierno y la guerrilla. El gobierno se comprometió desde antes de las explosiones de septiembre a investigar exhaustivamente sobre el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, los dos eperristas desparecidos en mayo pasado. Y por lo visto, el EPR concede que, en eso, el gobierno cumplió. Los caminos conducen ahora a Oaxaca. Parece haber suficientes hechos relacionados para proponer que la autoría material e intelectual de las desapariciones fue del gobierno de Ulises Ruiz.” (Milenio)

EPR, sí al diálogo; PRD, cero diálogo

Ricardo Alemán subraya en su columna Itinerario Político que “algo que no sabemos y que guardan cual ‘tesorito’ está ocurriendo en el gobierno de Felipe Calderón y la dirigencia del EPR. Y es que en un inédito que pone de cabeza la vida política nacional, las partes decidieron explorar el camino del diálogo. Todo, claro, contra lo que sostenían hace siete meses los dos polos. En todo caso, lo interesante del asunto es que contrasta ese esfuerzo inicial de diálogo entre un grupo guerrillero, clandestino y saboteador, y el gobierno de Calderón, y se convierte en un inédito que envía lecciones a todos, especialmente frente a la incapacidad de diálogo de los partidos políticos de la llamada ‘izquierda mexicana’, el intransigente y radical FAP,  y el gobierno de Felipe Calderón. ¿Qué significa que un ejército popular, revolucionario y guerrillero como el EPR, que a casi cuatro décadas de vida decide por primera ocasión proponer un proceso de diálogo, precisamente a un gobierno que ellos, el EPR, y la oposición de izquierda como el PRD califican de ‘espurio’? ¿Quién, de entre el EPR y el PRD está mal? ¿Qué no es cierto que frente a esa eventualidad, el PRD y su negativa al diálogo, su estrategia de mandar al diablo las instituciones, colocarán a los amarillos en un extremo aún más radical al del EPR? Hoy el EPR, y luego de negar que buscaba el diálogo, es el que propone el diálogo. Es decir, se movió del radicalismo hacia el punto intermedio del diálogo.
Y al mismo tiempo, el gobierno de Felipe Calderón, en un acierto político, estratégico y hasta de imagen, comete un acierto al aceptar un diálogo, con la salvedad de proponer condiciones para el mismo.” (El Universal)

Sobre el EPR

En la columna Frentes Políticosse comenta: Ahora que el Gobierno Federal compartirá mesa con el EPR, con la condición temática de ocuparse no sólo de los milicianos desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, cabe preguntar qué hará la gestión del presidente Calderón si el grupo guerrillero nacido en Aguas Blancas incluye entre sus cartas la de Pemex, el blanco predilecto de los estallidos que el año pasado dejaron inmóvil a medio país. Mal coctel el que mezcla envidia con celos. El líder panista, Germán Martínez Cázares, lo agitó temprano: no iba a permitir que al robo de cámara que le aplicó Ernesto Cordero con el programa social del sexenio se le sumaran reflectores sobre Juan Camilo Mouriño en el tema EPR; con un paso al frente aseguró que la gestión federal no podía sentarse a platicar con guerrilleros. Horas más tarde le quedó claro que quien va de acólito no tiene permiso de oficiar”. (Excélsior)

El EPR, sí al diálogo

Katia D´Artigues subraya en su columna Campos Elíseos que “después de dos días en determinar si el mensaje era verdadero, el gobierno aceptó, pero con sus condiciones, dialogar con el EPR. JC Mouriño salió a leer el comunicado en el que dicen que sí, que cómo no, pero… que no habrá amnistía alguna, que exigen la suspensión de acciones radicales, de sabotaje y violencia, y que no por andar dialogando van a cesar de aplicar la ley. Y, ah, que el diálogo será únicamente entre el gobierno y la guerrilla y que los cuatro intelectuales, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor, Gilberto López y Rivas, y Samuel Ruiz, quienes ya habían aceptado ser una suerte de mediadores, quedaron explícitamente reducidos a testigos sociales.” (El Universal)

Se adhieren a carta

En El Correo Ilustrado, Eugenia León y Víctor Quintana informan:“Por este medio queremos adherirnos a la carta publicada el pasado 26 de abril firmada, entre otros, por John Berger, Howard Zinn, Jesusa Rodríguez y Francisco López Bárcenas, en la que se solicita a los gobernadores de Chiapas y Tabasco la inmediata liberación de Francisco Pérez Vázquez y Ángel Concepción Pérez Gutiérrez, indígenas chiapanecos y bases de apoyo del EZLN recluidos desde 1996 en la cárcel de Tacotalpa, Tabasco, sin ser culpables del delito por el cual fueron condenados a 25 años de prisión. Actualmente están en huelga de hambre, y nos preocupa que sus vidas están en riesgo. También se exige al gobierno de Chiapas investigar los hechos delincuenciales en el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas, donde los presos políticos de La Voz de los Llanos fueron golpeados por internos a sueldo del preciso general Bartolo García Suárez y sus secuaces plenamente identificados. Y que se finquen responsabilidades por la corrupción en el recinto. Finalmente, la carta se pronuncia por la liberación de los presos de La Voz de los Llanos, encarcelados sin un proceso justo.” (La Jornada)

Interceden por presos bases de apoyo zapatistas

En El Correo Ilustrado, la organización Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) informa:“El 24 de abril fueron trasladados arbitrariamente los compañeros que se encontraban en el penal de Tacotalpa, Tabasco, ahora recluidos en el estado de Chiapas. Responsabilizamos al gobierno por la vida de nuestros compañeros Ángel Concepción y Francisco, bases de apoyo del EZLN. Por tantas irregularidades y arbitrariedades, tienen que quedar en libertad. De acuerdo con su situación legal al ser trasladados, el gobierno chiapaneco asume la responsabilidad de dejarlos en libertad, no por dádiva, sino por la presión política que demuestra la inocencia de nuestros compañeros.” (La Jornada)

TEXTOS

Diálogo con el EPR, pero sin intermediarios, dice el gobierno
Fabiola Martínez/La Jornada

El Gobierno Federal aceptó dialogar con el Ejército Popular Revolucionario, mediante las siguientes condiciones: encuentro directo (donde los personajes propuestos por el grupo armado funjan sólo como “testigos sociales” y no como intermediarios); que el EPR se comprometa públicamente a suspender de forma definitiva “acciones radicales” de sabotaje y de violencia; que el diálogo no sea exclusivamente acerca de la desaparición de “dos de sus militantes” (Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez), sino sobre la forma de abandonar la lucha armada: “abordar la solución pacífica de conflictos mediante la vida institucional”.

Sin embargo, el gobierno aclara que aun con la aceptación al diálogo directo, no suspenderá las investigaciones en curso por las explosiones en “instalaciones estratégicas” de Petróleos Mexicanos (Pemex), ocurridas el año pasado, cuya autoría se adjudica al EPR, y tampoco cancelará las indagatorias de “otros actos delictivos que han sido denunciados”.

El titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, informó lo anterior en un mensaje leído ante los reporteros al término de una reunión de casi cinco horas, a puerta cerrada, con el secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna.

De acuerdo con fuentes consultadas, el viraje en la postura gubernamental (primero llamar delincuentes e incluso “terroristas” a los integrantes del EPR, y ahora aceptar el diálogo como vía “para evitar acciones de sabotaje y violencia”) fue decidido desde la tarde-noche del pasado lunes, con la respectiva autorización del presidente Felipe Calderón.

La estrategia oficial, delineada entre funcionarios de alto nivel, no fue unánime; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván, opuso resistencia a dialogar con los eperristas.

El militar advirtió al resto de los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional acerca de los riesgos de negociar con un grupo armado dividido, en el cual persiste la confrontación.

El general secretario les habría presentado un diagnóstico documental acerca de los lugares en los que se ubican las principales células eperristas –y las escisiones de las mismas–, así como la estrategia que han utilizado en meses recientes, lo que restaría confiabilidad al cumplimiento de acuerdos que emanaran del eventual diálogo, según comentaron fuentes de información.

Finalmente, después de varios días de deliberación entre los responsables de la seguridad nacional, la tarde de ayer fue anunciada la oferta de diálogo del Gobierno Federal, con el argumento que “cualquier diferencia o conflicto debe encontrar los canales institucionales para su discusión y eventual solución en apego a la ley”. Por la noche, los integrantes del llamado gabinete de seguridad ratificaron la estrategia de oferta de diálogo con el Ejército Popular Revolucionario, en los términos autorizados por el presidente Calderón.

Cabe recordar que desde el pasado sábado, Mouriño argumentó que estaban analizando la autenticidad de los comunicados. Las fuentes agregaron que, para lograr el objetivo, confrontaron la información de diversas dependencias. Ahora será el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) el encargado de establecer contacto con los eperristas para conocer su respuesta acerca del planteamiento gubernamental hecho público la tarde de ayer.
También se nombró al subsecretario de Gobierno, Abraham González, para que dé seguimiento a la propuesta al grupo armado.

El 18 de enero pasado, Juan Camilo Mouriño declaró en una entrevista radiofónica: “El EPR es un grupo terrorista (…) nosotros no podemos actuar más que conforme a la ley, y que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que trate de encontrar a los responsables de cometer actos terroristas”.

En aquella ocasión, a tres días de haber asumido la titularidad de Gobernación, el también secretario ejecutivo del citado Consejo Nacional de Seguridad, pidió no olvidar que el EPR es un grupo guerrillero que desafía al Estado mexicano, “que trata de infundir temor y terror entre los ciudadanos para sus propios objetivos; que sabotea instalaciones, que pone bombas y, por tanto, es un grupo armado que tiene que ser tratado como lo marca la propia ley”. Por ello, agregó aquel viernes, los actos cometidos por el Ejército Popular Revolucionario “merecen la condena unánime de toda la sociedad mexicana, más allá de ideologías y partidos políticos”.

A poco más de tres meses de distancia de esa posición, el secretario Mouriño dijo que el Estado mexicano tiene canales institucionales para resolver las diferencias y conflictos.

Sobre recientes comunicados emitidos por el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, al cual el funcionario se refirió sólo por sus siglas PDPR-EPR, manifestó el rechazo a toda forma de violencia y aseveró que ha dado “pruebas constantes” de su voluntad de diálogo con todos los actores políticos y sociales.

La respuesta ofrecida ayer por el Gobierno Federal se deriva de al menos dos comunicados del EPR. El 24 de abril pasado se manifestaron dispuestos a dialogar con el gobierno, con la intermediación de un grupo integrado por Samuel Ruiz, obispo emérito; Carlos Montemayor, escritor; Miguel Angel Granados Chapa, periodista y abogado; Gilberto López y Rivas, antropólogo, y el Frente Nacional contra la Represión (FNCR).

Al día siguiente, los convocados –salvo el FNCR– informaron que aceptaban la encomienda con el propósito de avanzar hacia la presentación con vida de los desaparecidos, pero pidieron al grupo que no ejecutara ninguna acción armada en el lapso de la labor de intermediación.

Tres días después, el EPR emitió un nuevo comunicado para saludar la decisión de los convocados (incluyen a Rosario Ibarra) y se comprometieron a no emprender acciones armadas. Dijeron que tocaba al gobierno emitir su posición y dejar de hostigar a las familias de sus compañeros y a organizaciones que se han solidarizado con ellos, y suspenda la búsqueda de miembros del partido vinculado con el grupo.

Pese a lo anterior, el gobierno emitió una propuesta de diálogo “amplio, pacífico y civilizado para avanzar en una agenda común”, pero rechazó la intermediación propuesta y coloca al grupo (sin mencionar a Ibarra) en calidad de testigos; pide a los eperristas dejar las armas y advierte que siguenn las investigaciones de PGR.

El gobierno reiteró que no ha participado “en la supuesta retención-desaparición” de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, y que la PGR continúa en la investigación acerca de su paradero. Aseguró que no ha desarrollado ni desarrollará acción alguna para hostigar o intimidar a individuos u organizaciones sociales, especialmente a familiares y amistades de los desaparecidos.

Limitan diálogo las condiciones que el gobierno plantea al EPR: mediadores
Blanche Petrich/La Jornada

El escritor Carlos Montemayor y el antropólogo Gilberto López y Rivas, propuestos por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) como parte de un grupo mediador en un eventual proceso de negociación con el Gobierno Federal, señalaron que para que esta iniciativa prospere es indispensable que la Secretaría de Gobernación entienda “que cuando una fuerza guerrillera se abre a una negociación política, no está proponiendo su propia capitulación”.

Extrañados por la formulación que se hizo en Bucareli en respuesta al segundo comunicado del EPR, proponiendo un “diálogo directo”, sin intermediarios y relegando a los mediadores propuestos por el grupo armado al papel de “testigos sociales”, Montemayor y López y Rivas consideraron, en entrevistas por separado, que el tema “será analizado”.

Este jueves el grupo de mediadores –que incluye al obispo emérito Samuel Ruiz, a la senadora Rosario Ibarra, al periodista Miguel Ángel Granados Chapa y al Frente Nacional contra la Represión (FNCR)– sostendrá su primera reunión formal para analizar el escenario planteado.

“Entonces veremos cuál puede ser el segundo paso”, indicó López y Rivas, quien participó en el proceso de negociación entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Pese a que el proceso es incipiente y está cargado de dificultades, para Montemayor –uno de los investigadores más acuciosos de los movimientos armados– el momento representa “una oportunidad de poder vivir la experiencia de un diálogo entre un sector inconforme y el Estado”. En principio, “celebra” los comunicados del EPR y de Gobernación, porque revelan que, en los dos frentes, “los más duros fueron convencidos de la necesidad de una salida política”.

En el caso del EPR, que con los sucesivos alzamientos de sus organizaciones de origen (Partido de los Pobres, Procup y otras fuerzas) suma una historia de más de 40 años de lucha armada, es la primera vez que habla de una negociación con el Estado.

Pero no deja de apuntar que esta oportunidad está preñada de riesgos. “En la historia moderna hay dos ejemplos de negociación entre fuerzas insurgentes y el Estado. La primera, entre el gobierno de Adolfo López Mateos y el morelense Rubén Jaramillo, que culminó, después de la capitulación de los jaramillistas, con la traición y el asesinato del líder, su esposa embarazada y sus tres hijos, en Xochicalco, en 1962. La segunda fue la del EZLN con el gobierno de Ernesto Zedillo. Los zapatistas fueron reconocidos como fuerza beligerante y luego perseguidos. Se formó la Cocopa como un acuerdo parlamentario ejemplar, pero que no llevó los acuerdos de San Andrés Larráinzar a su materialización.

“Esta es la tercera oportunidad. No sabemos si el Estado mexicano quiera continuar en la tradición de las dos experiencias anteriores o abrir un capítulo nuevo. Habrá que esperar para saber si en el gobierno de Felipe Calderón hay una contrapartida que no confunda el diálogo con la capitulación ni la mediación con un invitado de piedra. Este paso que ha dado el EPR es la demostración contundente de que el recurrir de manera extrema a medidas policiales no soluciona ni erradica la inconformidad social que se alza en armas.”

Para López y Rivas, la respuesta de Gobernación a la iniciativa del EPR es contradictoria. “Percibo que se pudo resolver la oposición de los sectores más duros del calderonismo, contrarios a cualquier acercamiento; el presidente del PAN, Germán Martínez, por ejemplo. Pero también observo que ha impuesto condiciones que complican el acercamiento”.
Sin querer adelantar vísperas, expresa su preocupación por varias de las condiciones planteadas por Bucareli. Entre otras, la propuesta gubernamental de un “diálogo directo”, sin la mediación que propuso el EPR –a la que Segob adjudica un papel de testigos sociales. “No digo que no se pueda negociar sin intermediación. Lo hizo Estados Unidos con el vietcong, y el Ejército Republicano Irlandés con Londres. Pero es un esquema que puede fracasar, como ocurrió en el caso vasco-español. ETA y Madrid realizaron diálogos directos que concluyeron con el arresto de los interlocutores. Una negociación directa no ofrece ninguna garantía”.

López y Rivas consideró que el tema propuesto por el Ejército Popular Revolucionario como punto único de la negociación –la aparición con vida de sus dos compañeros desaparecidos, Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz– es sustancial.

“Creo que lo es para todos los que aceptamos participar. No existe una razón de Estado suficiente que justifique una desaparición forzada. Es preocupante que, de inicio, la Secretaría de Gobernación diga que no tienen nada que ver con el caso” referido, concluyó.

¿Otra opereta?
Armando Rojas Arévalo/Epistolario/Diario de Chiapas

El EPR (Ejército Popular Revolucionario) pide diálogo con el Gobierno Federal. Disculpen, soy muy mal pensado; me acuerdo mucho del consejo que un día me dio mi abuela: piensa mal y acertarás, y desde entonces dudo a las primeras de cambio, sobre todo si es una noticia o comentario de carácter político.

Así como así, o mejor dicho casi de la nada, hace unos días el EPR -presuntamente- solicitó diálogo con el Gobierno Federal y hasta nombró una comisión de intermediación para el efecto.

¿Quiénes creen ustedes que están en esa comisión? ¡Agárrense!: Samuel Ruiz García, Gilberto López y Rivas y Rosario Ibarra, entre otros.

¡Uta! (interjección aprobada por la Academia de la Lengua)

Para colmo, uno de los primeros que aplaudió tal disposición del -presunto- EPR fue don Luis H. Álvarez. ¡Re uta! (interjección muy usada por los parroquianos de la mesa 3 del Café La Habana, cuando la mesera Doris hace como que la Virgen le habla cuando le piden agua con hielo).

Después Marcos, situado ya en el flanco de la derecha, arremete contra Chávez el Presidente de Venezuela, afirmando que tiene “improntas de caudillo"; que Lula, el Presidente de Brasil, "luego luego desilusionó"; y que a Evo Morales hay que otorgarle el beneficio de la duda. Niega vínculos con el EPR pero muy displicente declara que el EPR "dará mucho de que hablar", dejándonos como en el principio.

Vamos por partes.

El EPR es un grupo guerrillero armado que nació en las montañas de Guerrero y con los años brincó de los cerros a escenarios urbanos. Radical en su ideología marxista-leninista tiene, a diferencia del EZLN, formación doctrinaria.

Este grupo armado con instrucción militar no juega con los indígenas ni se aprovecha de ellos. No es guerrilla mediática ni de internet, ni tiene caudillos telenovelescos. Es guerrilla auténtica. A él se le atribuyen acciones de sabotaje a ductos de PEMEX e instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad.
Ahora dicen que quiere negociar con el gobierno, la liberación de dos de sus líderes: Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Rodríguez Amaya, y que está dispuesto a sentarse a la mesa del diálogo para finiquitar todos los problemas. Hay, inclusive, un comunicado del EPR que se publicó el lunes en los periódicos de todo el país, en ese sentido, ofreciendo, además, el cese de toda hostilidad mientras se realiza el diálogo.

No es que yo no esté de acuerdo en ese diálogo, lo que me despierta sospechas es la autenticidad de tal disposición. Me despierta muchas suspicacias  la espontaneidad y la gratuidad de la solicitud. Podría ser una estrategia distractora por parte del mismo Estado, para desviar la atención del debate de la reforma hacia otros lados. Digo.

La noticia surge prácticamente sin que haya algo en la agenda nacional relacionado con ese punto. O sea, sale de sorpresa, y más sorpresa causa que sea el propio EPR el que solicita la intermediación. Por qué o qué. No entiendo.

Y menos entiendo que hayan metido al mismísimo Samuel Ruiz García, quien se hizo de méritos mediáticos y propagandísticos al ser intermediario entre el gobierno y el EZLN. Intermediación que, por cierto, no llegó más que a entrampar el problema.

Samuel, quien a la postre se comprobó estaba atrás del Subcomandante Marcos, fue el que movía los hilos del EZLN. Eso todo el mundo lo sabe. Cuando en el Vaticano lo jubilaron como obispo de San Cristóbal con la advertencia de que se retirara no sólo de la ciudad sino de estar dando alas a Marcos, el EZLN cayó en picada.

En todo asunto donde el "obispo emérito" esté metido, la cosa no tiene solución. Samuel tiene la virtud de tomar desde el principio, el liderazgo y quiere hacerla al mismo tiempo de quinceañera que de sacristán, repicador de campanas y sacerdote.

El y López y Rivas hacen buena mancuerna, parecen coyotes de la misma loma, pues ambos son protagónicos. Les encanta salir en los medios, y más en la televisión. El discurso de defensores de los derechos indígenas, lo tienen muy bien elaborado.

Por lo que se refiere a Rosario Ibarra de Piedra, la senadora le va a todas. Quizá sea la más seria del grupo de "intelectuales" elegido por el EPR.

Sólo falta que el gobierno meta como interlocutor a Don Luis H. Álvarez, para completar el cuadro de la opereta.

Don Luis se pasó todo el sexenio de Fox viajando a Chiapas, sin dar pie con bola. Nunca -nunca- intercambió siquiera un saludo de mano con Marcos y mucho menos tuvo algún mensaje esperanzador de que el diálogo se realizaría aunque fuera en el café de La Selva.

Don Luis paseó mucho con su investidura de Coordinador de los diálogos de paz, conoció casi todas las comunidades indígenas, repartió despensas, cobijas, suéteres y muchas cosas más, pero nada más. Fox, quien alardeó que en 15 minutos arreglaría el problema con el EZLN, le preguntaba con frecuencia a don Luis cómo iba el asunto y éste le contestaba "ya merito, ya merito". Calderón es capaz de nombrarlo como representante de su gobierno en el diálogo con el EPR, y si así resulta estaremos asistiendo a otra comedia.

Con ese grupo "de intermediación" no se puede esperar nada serio. En serio. Por eso digo que soy mal pensado. Ustedes disculpen.

 

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